Aunque el aborto se considera un tema espinoso, los derechos inherentes de la vida y la protección a la mujer no están atados a creencias religiosas o ideologías políticas. Un país que falla en garantizar estos derechos básicos al 51.7% de sus habitantes necesita urgentemente un cambio sociopolítico
COMENTARIO
Este 8 de marzo, con restricciones por la pandemia de la COVID-19, algunos regalarán ramos de rosas mientras otros escribirán mensajes de apreciación en redes sociales para celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Con la intención de recordar la primera victoria política de las mujeres al conseguir su derecho al sufragio, esta festividad es significativa para las mujeres alrededor del mundo que han luchado en contra de la cultura machista prevalente en todos los ámbitos de la sociedad.
Sin embargo, las mujeres hondureñas recibirán esta celebración con un trago amargo. El 28 de enero, el Congreso Nacional de Honduras ratificó las reformas de los artículos 67 y 112 de la Constitución, iniciativas que podrían cerrar permanentemente las puertas para la legalización del aborto en el país.
Artículo 67 de la Constitución
El artículo 67 de la Constitución de la República especifica: “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”. Con 90 de 128 votos a favor, el Congreso anunció la reforma del artículo 67, que considera ilegal cualquier intento de interrumpir la vida del feto que está por nacer por la mamá o cualquier tercera parte.
Mientras tanto, esta iniciativa únicamente sería reformada si tres cuartos del Congreso votaran a favor. Al mismo tiempo deja la práctica legal del aborto fuera de cuestión al ser declarada nula e inválida cualquier medida legal para revertir lo que ya ha sido declarado previamente.
En un país predominantemente religioso con cerca del 76% de su población representando el cristianismo, de acuerdo con un estimado de 2017, la conversación en torno al aborto continúa siendo tabú y un problema sistémico oculto en el país.
Aunque organizaciones nacionales e internacionales enfocadas en los derechos humanos han denunciado esta reforma, lo que los expertos llaman un “candado constitucional” colocado en la legalización del aborto, no es más que un síntoma de la enfermedad.
Otros frenos legales
Honduras es uno de 26 países donde todos los abortos son ilegales, según el Centro de Derechos Reproductivos. Aún cuando el embarazo es resultado de violaciones o incesto, la ley hondureña penaliza el aborto con una sentencia de al menos siete años. Aunque las mujeres enfrentan consecuencias fatales debido a embarazos peligrosos, los mismos estándares legales aplican.
Siglos después de la colonización de Honduras, ideas conservadoras religiosas contradicen el Artículo 151 de la Constitución, el cual declara la educación nacional laica y basada en fundamentos principales de la democracia. Sin embargo, perspectivas conservadoras sobre los derechos reproductivos de la mujer son el factor determinante que pone el último clavo en el ataúd. Como resultado, la educación pública no provee guías necesarias sobre la salud reproductiva de la mujer.
Al mismo tiempo que no hay incentivos para las hondureñas de ejercer su derecho a autonomía corporal, no hay recursos médicos accesibles que prevengan embarazos no deseados. Por más de 11 años, lo que es comúnmente conocido como la pastilla “plan B” no está disponible para las mujeres hondureñas. Lo que ya parecía una guerra infructuosa contra las medidas opresivas del Congreso se ha convertido en una realidad inevitable.
Mientras las mujeres son condenadas como asesinas por una práctica que es ilegal en toda circunstancia (incluso cuando son obligadas a ser madres), aquellos que cometen crímenes atroces contra la mujer son merecedores de libertad y perdón a los ojos de la ley hondureña.
Nacidos para todo derecho, excepto las mujeres
El nuevo Código Penal hondureño entró en efecto el 26 de junio de 2020 después de que el Congreso lo anunciara en mayo de 2019. El Código, objeto de oposición por las bajas sentencias contra crímenes relacionados con la corrupción, también redujo las sentencias para crímenes como violaciones y abuso doméstico. Según un reporte por el Proyecto Borgen en 2019, una mujer es asesinada cada 16 horas en Honduras, país que posee los índices más altos de femicidio en el mundo.
Mientras las mujeres son condenadas como asesinas por una práctica que es ilegal en toda circunstancia (incluso cuando son obligadas a ser madres), aquellos que cometen crímenes atroces contra la mujer son merecedores de libertad y perdón a los ojos de la ley hondureña.
Tan solo días después de que el Congreso ratificara el Artículo 67, el asesinato de la estudiante hondureña Keyla Martínez conmocionó al país. Martínez, quien fue detenida por romper el toque de queda en la ciudad de La Esperanza, presuntamente se suicidó dentro de la prisión, según una declaración de la Policía Nacional. Sin embargo, una autopsia preliminar reveló que Martínez murió por “asfixia mecánica”, de acuerdo con un reportaje de La Prensa de Honduras.
La muerte de Keyla Martínez se suma a 56 casos de mujeres asesinadas en Honduras en lo que va de 2021. Su muerte revela la negligencia e hipocresía de un país que protege los derechos de los que aún no nacen sin proteger los cuerpos que los cargan. Como 95% de los casos de violencia sexual y femicidios en el país, el asesinato de Keyla permanece impune.
Protejan a los fetos y a las mujeres también
Aún cuando el aborto se considera un tema acalorado, los derechos inherentes de la vida y la protección a la mujer no están atados a creencias religiosas o a una ideología política. Un país que falla en garantizar estos derechos básicos al 51.7% de sus habitantes es un país que urgentemente necesita un cambio sociopolítico. Aunque las mujeres lograron el derecho al sufragio en 1954, su acceso a posiciones de poder ha sido lento, según datos del Tribunal Supremo Electoral. Cuando se trata de decidir sobre los cuerpos de las mujeres, son los hombres liderando la conversación.
No se trata de las implicaciones morales del aborto; no hay respuesta correcta que satisfaga a ambos lados. Pero que un gobierno declare que “solo Dios tiene el derecho de quitar la vida” es impúdico e inmoral cuando no hay castigo para los que atentan contra la vida de la mujer.
Si el aborto no es una alternativa para las mujeres que atraviesan dificultades debido a sus embarazos, es justo que el Gobierno promulgue leyes y lleve a cabo iniciativas que prevengan el aborto de ser considerado en primer lugar. Desde un programa educativo robusto que les enseñe a las niñas que la maternidad es una decisión y no una obligación hasta tener recursos como la pastilla “plan B” para proveer alternativas más seguras que el aborto: estas medidas básicas van a preservar los derechos de los no nacidos y también los de las mujeres que los cargan en sus vientres.
Mientras las hondureñas continúan sintiendo indignación por la falta de justicia a su favor, recordemos que no importa dónde recaen tus opiniones sobre el aborto, si la creencia de que las personas merecen vida y dignidad excluye a la mujer. Mientras luchamos contra las consecuencias prevalentes del machismo, aún hay esperanza de que una generación de mujeres sea valorada, celebrada y protegida.
