Los habitantes del sector ribereño de Chamelecón, ya asediados por la violencia de las maras y pandillas y la pobreza, se enfrentan ahora a la devastación causada por el cambio climático y la desidia del gobierno hondureño
Por María Aguilar | Imágenes de Zaydee Sánchez
Publicado originalmente en el medio digital palabra.
San Pedro Sula, Honduras. En enero, Brenda Toro fue a despedirse de varixs de sus vecinxs y amigxs mientras se subían a los autobuses en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, la ciudad más grande de Honduras. El grupo se dirigía a Estados Unidos.
Lxs amigxs de Brenda se iban al norte, tal vez a una nueva vida lejos de Chamelecón, un devastado sector a unos 10 minutos en carro de esta ciudad del departamento de Cortés. Intentaban escapar de la pobreza y de las garras de la violencia de las maras y pandillas, y dejar atrás los recuerdos de las devastadoras inundaciones que dos huracanes consecutivos dejaron hace un año.
Aunque a Brenda no le faltaba el deseo de unirse a la caravana de migrantes, sí le faltaba el dinero. En lugar de dejar a su marido y a sus tres hijxs, prefirió esperar a que las autoridades federales cumplieran sus promesas tras el huracán y aliviaran las necesidades urgentes de su familia.
Qué los empuja a huir
Brenda entiende por qué sus amigxs se dirigen al norte. Para algunxs, ya hay familia allá. También hay un mercado de trabajo que lxs recompensa por sobrevivir al peligroso viaje, aunque, públicamente, muchos en Estados Unidos digan que lxs hondureñxs, guatemaltecxs, mexicanxs y otrxs deberían quedarse en casa. Ella sabe que no pueden quedarse en Chamelecón y esperar que todo vaya bien.
Las amenazas inmediatas para personas como Brenda son considerables.
El pueblo está cerca del río Chamelecón. En los buenos tiempos, la gente cuidaba de sus plantaciones de plátano y navegaba por el río, comerciando con productos en canoa y en barco a motor.
Hoy, sin embargo, el Valle de Sula está gobernado por la autoridad forzosa de las maras y pandillas y una alarmante tasa de desempleo.
Y el cambio climático es ahora una amenaza para Chamelecón, que parece que se convertirá en otro desafío persistente para la supervivencia de esta comunidad.
Todo esto llevó a la que es, sin duda, la mayor caravana de migrantes que se ha formado en Centroamérica hasta la fecha: más de 10,000 participantes. Muchos residentes del valle abandonaron sus hogares después de que dos devastadores huracanes, Eta y Iota, azotaran el norte de Honduras en dos aterradoras semanas el pasado noviembre.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que al menos 4.6 millones de personas, casi la mitad de la población de Honduras, se vieron afectadas por Eta y Iota. Además, el informe de la Cepal afirma que alrededor de 2.5 millones de hondureños y hondureñas siguen en una situación desesperada, con 92,000 personas en refugios y 62,000 hogares afectados en algún grado.
Para la familia de Brenda, como para muchas otras, la vida cambió tras las tormentas.
Ella recuerda la mañana del 4 de noviembre de 2020, cuando su vecindario quedó envuelto por la repentina avalancha de agua que inundó sus hogares. Mientras muchos luchaban por rescatar las pocas pertenencias que el río Chamelecón no había arrastrado, la lucha se convirtió en un combate por sobrevivir a las aguas.
Brenda perdió el hogar donde ella y su marido Franklin criaron a sus tres hijxs.
Las consecuencias de Eta y Iota no se parecen a nada que se haya visto antes en el valle. Ni siquiera el huracán Mitch de 1998 -una de las tormentas más mortíferas que ha azotado Honduras, destruyendo 50 años de desarrollo económico- produjo el nivel de devastación del dúo mortal del año pasado. Los expertos dicen que las tormentas causaron daños y paralizaron el desarrollo por valor de unos 45,676 millones de lempiras, o casi 2,000 millones de dólares.
Chamelecón y sus muchas batallas
Han pasado casi nueve meses desde que Brenda y su familia vieron cómo se derrumbaba su casa y tuvieron que mudarse bajo el puente de Chamelecón. Pero hoy siguen suplicando a las autoridades que lxs ayuden a reconstruir su casa para poder volver a vivir en ella. La continua incertidumbre sobre la ayuda en caso de desastre es una de las razones por las que ahora se arrepiente de no haberse unido a la caravana de migrantes en enero.
Controladxs durante mucho tiempo por las maras Salvatrucha (MS-13) y 18, lxs habitantes de Chamelecón no son ajenos y ajenas al miedo abrumador que supone residir en la que en su día fue calificada como una de las ciudades más violentas del mundo.
Las escasas oportunidades de trabajo que se ofrecen a lxs residentes de Chamelecón no alivian la tasa de pobreza general que supera el 70% en 2021, frente al 61.9% en 2020.
Sí, la violencia de las maras y pandillas no es tan aguda como antes. (Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, los homicidios en la región de San Pedro Sula disminuyeron un 31% en el primer semestre de 2020). Y Chamelecón ya no encabeza la lista de distritos más afectados por la delincuencia. Pero las y los residentes aún se enfrentan a la represión del crimen organizado. Las y los visitantes de muchos de los barrios de la zona todavía deben bajar las ventanillas de los coches e ir acompañadxs por personas de la comunidad para evitar la atención indeseada de lxs miembrxs de las maras y pandillas.
Además, los efectos generalizados del desempleo y la pobreza extrema han mantenido a la comunidad marginada. Los habitantes de Chamelecón, Kevelyn y José, cuyos apellidos se omiten porque temen por su seguridad, explican sus dificultades para encontrar un buen trabajo. “Una vez que saben que vivo en Chamelecón, no vuelven a ponerse en contacto conmigo”, dice José.
Las escasas oportunidades de trabajo que se ofrecen a los residentes de Chamelecón no alivian la tasa de pobreza general, que superará el 70% en 2021, frente al 61.9% en 2020.
Después de perder el control de sus vidas a manos de las pandillas y de que las tormentas los dejaran sin casas y propiedades, la pandemia de COVID-19 en los últimos 16 meses ha sido la menor de sus preocupaciones.
Tras el paso de Eta y Iota, la pandemia no ha desaparecido. Según un análisis del equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (Undac), las condiciones de muchos de los refugios donde se reubicó a las y los residentes de Chamelecón durante las tormentas eran riesgosas. Además, un estudio de las Naciones Unidas determinó que los efectos de la pandemia COVID-19 y de las tormentas Eta y Iota han sido más graves para las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+.
Una “prioridad nacional”
Tras los huracanes de noviembre pasado, el gobierno hondureño respondió rápidamente, al menos de palabra.
“Lo digo desde San Pedro Sula al resto del mundo, que los consejos regionales de todo el país hagan lo mismo que hizo el Consejo Regional del Valle de Sula, pidiendo que se declare la construcción de presas como prioridad nacional”, decía un tuit del presidente Juan Orlando Hernández publicado el 27 de noviembre de 2020. Después de que el mundo viera a lxs hondureñxs subirse a los tejados y suplicar desesperadamente que lxs rescataran, todas las miradas se dirigieron al gobierno de Hernández.
Según un comunicado de prensa publicado en abril, el gobierno creó la Comisión para el Desarrollo del Valle de Sula para reparar la infraestructura y desarrollar “la agricultura (palma, caña de azúcar, banano y otros productos) y la ayuda humanitaria”. Héctor Leonel Ayala, comisionado presidencial para el Valle de Sula, dijo que los trabajos de reparación de los terraplenes del Valle de Sula han sido “transparentes, abiertos y televisados”.
El gobierno hondureño no ha reparado ni reforzado los terraplenes a lo largo del río Chamelecón desde que se desbordó por última vez, según lxs lugareñxs.
La Comisión de Control de Inundaciones del Valle de Sula también explicó que invertiría 550 millones de lempiras, aproximadamente 23 millones de dólares, para la protección contra las inundaciones. La Comisión dijo que, de los 90 kilómetros de terraplén que fueron dañados en las tormentas, 70 kilómetros han sido reparados.
Los habitantes de Chamelecón tienen dudas. Los informes sobre inundaciones en la zona siguen siendo tan habituales como la indignación de las y los residentes.
Protesta para protegerse del cambio climático
“No pedimos comida, no pedimos vacunas. Queremos un terraplén”, dijo el abogado y líder comunitario de Chamelecón, Roberto Mejía, durante una protesta a principios de este verano.
Las protestas piden cambios urgentes. Este año se prevé una temporada de huracanes sin precedentes en la región. Sin embargo, el gobierno hondureño no ha reparado ni reforzado los diques a lo largo del río Chamelecón desde que se desbordó por última vez, según lxs lugareñxs.
Lxs habitantes de Chamelecón exigen soluciones. “Necesitamos que [el gobierno] envíe maquinaria a trabajar ya. Ya hemos sido muy pisoteados por Juan Orlando y su administración”, dijo Mejía.
En cambio, las autoridades respondieron a las protestas con palos y gases lacrimógenos, hiriendo a varixs manifestantes.
Las autoridades llegaron y, en lugar de usar tierra fresca para construir el terraplén, utilizaron el lodo que dejaron las tormentas, dijo Mejía. “No repararon nada”, gritó el abogado durante la protesta mientras otros manifestantes se hacían eco de sus denuncias. Tras el sangriento suceso, los lugareños se ofrecieron a guiar a lxs periodistas y a otras personas para que vieran por sí mismxs cómo la tierra que mantiene unida a su comunidad sigue desmoronándose bajo sus pies. Entre los escombros, los residuos de plástico que flotan y los objetos abandonados que una vez pertenecieron a la gente de la comunidad sobresalen del suelo lodoso.
Se calcula que 7,500 personas huyeron al norte inmediatamente después de Eta y Iota. Cansados de acampar bajo los puentes y abandonados a su suerte, algunos prefirieron emprender un peligroso viaje antes que esperar la respuesta del gobierno.
El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha publicado recientemente su lista de las diez crisis de desplazamiento más olvidadas del mundo en 2020. Honduras aparece en el quinto lugar. El NRC señaló que la falta de voluntad política internacional, de atención de los medios de comunicación y de apoyo económico se sumó a los problemas de Honduras tras “años de inseguridad alimentaria crónica, violencia de las bandas criminales, violencia de género, cambio climático y desempleo generalizado agravado por las consecuencias económicas del COVID-19”.
Además, el Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, D.C., identificó la corrupción y el COVID-19 como fuertes impulsores de la migración en 2020.
El cambio climático, sin embargo, no se menciona con frecuencia como causa crónica de la migración. Tras las tormentas Eta y Iota, más de 19,000 migrantes de los 41,195 que solicitaron asilo en México durante los primeros cuatro meses de 2021 eran hondureños, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. En Estados Unidos, el gobierno de Biden detuvo a más de 170,000 migrantes en la frontera en marzo.
Un informe especial publicado por el servicio de información humanitaria de la ONU, ReliefWeb, muestra que los pequeños agricultores de subsistencia del Corredor Seco -una franja de tierras de cultivo que va desde Guatemala hasta el norte de Costa Rica- experimentaron pérdidas de cosechas de entre el 50% y el 75% tras cuatro años de sequía. Entre los más afectados por el cambio climático, los peligros se magnifican para las mujeres y las comunidades étnicas, según el informe.
Sin plan B
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, celebrada en París, el presidente Hernández destacó la gran vulnerabilidad de Centroamérica al calentamiento global. “No hay plan B para salvar la Tierra. El momento es ahora”, advirtió. “Hagámoslo por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”.
A mitad de su primer mandato, el presidente se comprometió a priorizar la acción contra el cambio climático.
Según el Índice de Riesgo Climático Global 2019, de la organización ambientalista sin fines de lucro Germanwatch, Honduras fue el segundo país más afectado por el clima extremo entre 1998 y 2017. Lxs expertxs de la ONU advierten que, si el gobierno hondureño no realiza esfuerzos para combatir el cambio climático, sus zonas costeras pronto estarán bajo el agua.
Debido a las claras señales de los problemas climáticos que se avecinan y a las consecuencias conocidas de la inacción, lxs residentes a lo largo del río Chamelecón siguen exigiendo la atención del gobierno. Insisten en que este debe reconocer que vivir sin el miedo constante y atroz de perder la vida, el hogar o el sustento es un derecho humano, no un privilegio.
“Necesito ayuda para reparar mi techo porque estar en casa es lo que más necesitamos”, dijo Brenda mientras su hijo menor caminaba descalzo por un patio lodoso. “Quiero que me devuelvan mi casa porque vivir así no es vida”.
María Aguilar es una galardonada narradora visual centrada en la justicia social que actualmente reside en San Pedro Sula, Honduras. Es editora ejecutiva del periódico universitario The Threefold Advocate en la Universidad John Brown de Arkansas y editora gráfica de Reportar sin Miedo.
Zaydee Sánchez es una fotógrafa documentalista independiente afincada en Los Ángeles. Se centra en los sin techo, la inmigración y la discriminación racial.
