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Las instituciones gubernamentales de Honduras «nos están asesinando»

La falta de oportunidades y la violencia empujan a las personas LGBTQ a migrar

Por Michael K. Lavers

Nota publicada originalmente en The Washington Blade

La Ceiba, Honduras, el 21 de julio de 2021.

La Ceiba, Honduras. Leonela y Jerlín, su pareja desde hace 11 años, y su hija en edad escolar viven en La Ceiba, una ciudad de la costa caribeña de Honduras.

Jerlín era chofer de autobús en San Pedro Sula, la capital industrial del país, hasta que los pandilleros le dispararon tres veces en 2012 porque no podía pagar el dinero de la extorsión que le exigían cada mes. Jerlín, Leonela y su hija huyeron a La Ceiba, unas tres horas al este de San Pedro Sula.

«Nos fuimos», dijo Jerlín al Washington Blade el 20 de julio durante una entrevista en las oficinas de la Organización Pro Unión Ceibeña (Oprouce), un grupo de defensa con sede en La Ceiba. «Huimos».

Jerlín migró a México en enero de 2019, pero regresó a Honduras menos de un mes después porque Leonela estaba en el hospital. La pareja y su hija emigraron a México un año después.

Leonela pidió una visa humanitaria mexicana para ella y su hija una vez que llegaron a Ciudad Hidalgo, una ciudad fronteriza mexicana que está al otro lado del río Suchiate desde Tecún Umán, Guatemala.

Leonela le dijo al Blade que planeaba pedir asilo en México y que quería ir a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado mexicano de Chiapas, para encontrar trabajo. Leonela dijo que ella y Jerlín decidieron regresar a Honduras porque no querían que su hija siguiera soportando las condiciones «inhumanas» del centro de detención de migrantes en Tapachula, una ciudad que se halla a unos 30 kilómetros al noroeste de Ciudad Hidalgo, en la que estaban viviendo.

«Nos pareció mejor dejar que nos deportaran», dijo Jerlín.

Un mural de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Ciudad Hidalgo, México, frente al río Suchiate, que marca la frontera entre México y Guatemala, informa a los migrantes de sus derechos una vez que entran en México. Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers.

Jerlín, Leonela y su hija regresaron a Honduras en mayo de 2020. Alguien hizo disparos contra su casa el 10 de julio de 2020.

«Ni siquiera pudieron hacer lo que la gente quería que hicieran, tal vez incluso que nos enterraran vivos», dijo Leonela.

Leonela y Jerlín son dos de los muchos hondureños LGBTQ que han decidido salir de Honduras para escapar de la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género.

La vicepresidenta Kamala Harris y otros funcionarios de la administración Biden han reconocido que la violencia anti-LGBTQ es una de las «causas fundamentales» de la migración desde Honduras y los países vecinos Guatemala y El Salvador.

El Título 42, una norma de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades que cerró la frontera sur a la mayoría de los solicitantes de asilo y migrantes debido a la pandemia de coronavirus, sigue vigente. La Casa Blanca ha pedido en repetidas ocasiones a los migrantes que no viajen a Estados Unidos.

Roxsana Hernández, una mujer trans hondureña con VIH, murió en un hospital de Nuevo México el 25 de mayo de 2018, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Natasha, otra mujer trans hondureña, llegó a Matamoros, una ciudad fronteriza mexicana que está al otro lado del río Grande, desde Brownsville, Texas, el 12 de octubre de 2019. La administración anterior la obligó a tramitar su caso de asilo en Estados Unidos en México bajo sus Protocolos de Protección al Migrante. (La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el martes a la administración de Biden que restablezca el MPP).

El Blade entrevistó a Natasha el 27 de febrero en un refugio de Matamoros que Rainbow Bridge Asylum Seekers, un programa para solicitantes de asilo y migrantes LGBTQ que el Resource Center Matamoros, un grupo que proporciona asistencia a los solicitantes de asilo y migrantes en la ciudad fronteriza mexicana, ayudó a crear. Menos de dos semanas después, Estados Unidos permitió que Natasha entrara en el país.

Natasha, una mujer transgénero de Honduras que pidió asilo en Estados Unidos, en Matamoros, México, el 27 de febrero de 2021. Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers

La directora ejecutiva de Oprouce, Sasha Rodríguez, quien es trans, ha participado en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales del Departamento de Estado.

Dijo que la falta de empleo y vivienda asociada a la pandemia ha hecho que más hondureños emigren a Estados Unidos, México y Costa Rica. Rodríguez también dijo al Blade que Estados Unidos y «nuestros países venden un sueño americano que no existe».

«¿Por qué estas organizaciones estadounidenses no dicen que no se vayan?», dijo, refiriéndose específicamente a las personas trans que han decidido abandonar Honduras. «Aquí lo ven bonito. Ya están en Estados Unidos, pero fueron violadas al intentar llegar. Las secuestraron».

La directora ejecutiva de la Organización Pro Unión Ceibeña, Sasha Rodríguez, en su oficina en La Ceiba, Honduras, el 20 de julio de 2021. Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers

Alexa, una mujer trans de 27 años de La Ceiba, le dijo al Blade que tiene amigos que viven en México. Alexa agregó que le gustaría salir de Honduras, pero no quiere dejar a su madre sola.

«No quiero dejarla sola y abandonarla porque siempre he luchado por ella», dijo Alexa en entrevista para el Blade en Oprouce. «Ella me apoya como mujer».

Alexa dijo que cumplió una condena de casi tres años de prisión por intento de asesinato, aunque se defendió de una mujer que la golpeaba en la cara con una piedra. Alexa comenzó a sollozar cuando empezó a contar al Blade lo del hombre salvadoreño que la violó en la cárcel. Dijo que el director la obligó a cortarse el pelo y los guardias la rociaron con «agua helada» en una celda de aislamiento.

«Yo era una mujer», dijo Alexa. «Me convirtieron en un hombre».

Alexa lr contó al Blade que otras presas intentaron matarla. Dijo que también trató de suicidarse varias veces hasta su liberación el 27 de enero.

Alexa dijo que no ha podido encontrar un trabajo desde que salió de la cárcel. Añadió en declaraciones para el Blade que los miembros de las pandillas siguen amenazándola.

«A veces es muy difícil llevar el estilo de vida que llevamos las mujeres trans en Honduras», dijo, refiriéndose a la discriminación antitrans y a la falta de oportunidades de empleo.

Venus, una mujer trans de 30 años que también es de La Ceiba, se hizo eco de Alexa.

«Ser una persona trans es sinónimo de burlas, acoso, violencia e incluso muerte», dijo Venus para el Blade en Oprouce.

Venus dijo que los soldados hondureños atacan regularmente a las mujeres trans. Le contó al Blade que la falta de acceso a la atención sanitaria, el machismo y las actitudes patriarcales son otros de los muchos problemas a los que se enfrentan ella y otras personas trans hondureñas.

«No tenemos acceso a la educación, a la salud, a un trabajo», dijo Venus. «Sobre todo estamos luchando por una ley de género que nos reconozca como mujeres y hombres».

Venus añadió que ella, al igual que Alexa, se iría de Honduras «si me dieran la oportunidad de hacerlo».

Una sentencia histórica declara a Honduras responsable del asesinato de una mujer trans

La Red Lésbica Cattrachas, un grupo feminista de derechos humanos con sede en Tegucigalpa, la capital hondureña, señala que entre 2009 y 2020 se registraron 373 asesinatos de hondureños LGBTQ en el país.

Las estadísticas indican que 119 de los asesinados eran trans. La Red Lésbica Cattrachas también señaló que 18 de lxs hondureñxs LGBTQ que fueron reportadxs como asesinados se encontraban en el departamento de Atlántida, en el cual se encuentra La Ceiba.

Vicky Hernández era una activista trans y trabajadora sexual con VIH que laboraba con el Colectivo Unidad Color Rosa, un grupo de defensa con sede en San Pedro Sula.

El cuerpo de Hernández fue encontrado en una calle de San Pedro Sula el 29 de junio de 2009, horas después del golpe de Estado que sacó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya. La noche anterior, Hernández y otras dos mujeres trans huyeron de los agentes de policía que intentaron detenerlas porque estaban violando el toque de queda.

En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica que declaraba a Honduras responsable del asesinato de Hernández.

La sentencia ordenó a Honduras el pago de indemnizaciones a la familia de Hernández y la promulgación de leyes que protejan a las personas LGBTQ de la violencia y la discriminación. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, cuyo hermano, el exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos después de que un jurado federal lo condenara por el tráfico de toneladas de cocaína al país, no ha respondido públicamente a la sentencia.

Rodríguez señaló al Blade que Oprouce y otros grupos de defensa han estado luchando por una ley de derechos trans en Honduras durante más de una década.

«Llevamos 11 años de fracasos, pero creo que con lo que ha pasado con la Corte Interamericana, las recomendaciones que han salido del caso de Vicky Hernández pueden lograr algo importante», dijo Rodríguez. «Hay muy buenas recomendaciones de derechos humanos para Honduras y hay buenas recomendaciones que Honduras podría aplicar automáticamente a las mujeres trans».

Al hablar de la sentencia, Rodríguez reiteró que las hondureñas trans siguen enfrentándose a la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades laborales. Rodríguez reiteró sus fuertes críticas al Gobierno de su país y a sus instituciones.

«La exclusión social nos obliga a ejercer el trabajo sexual», dijo. «Nos vemos perjudicadas por nuestro oficio: Asesinatos, persecuciones, crímenes de odio, torturas, palizas».

«Siempre digo que es una muerte institucional porque las instituciones del Estado nos están asesinando», añadió Rodríguez.

Mi lucha está aquí

A pesar de estos desafíos, Rodríguez dijo que ha habido avances.

Oprouce -que trabaja en una variedad de temas que incluyen la prevención de la violencia de género y la lucha contra el VIH/sida- ofrece talleres al Ministerio Público, las Fuerzas Armadas de Honduras y los jueces. La Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (Aprest), otro grupo de defensa de los derechos humanos en Tela, una ciudad situada unos 100 km al oeste de La Ceiba, lleva a cabo formaciones similares con las autoridades locales y nacionales.

El director ejecutivo de Aprest, Leonel Barahona Medina, dijo al Blade durante una entrevista en un restaurante frente a la playa de Tela el 20 de julio que las autoridades municipales le han dado una oficina desde la que él y sus colegas pueden trabajar. Barahona añadió que también apoyaron a los activistas que izaron la bandera del Orgullo el 27 de junio frente a la alcaldía de Tela.

Una ceremonia similar tuvo lugar en un parque del centro de La Ceiba.

«Tenemos buenas relaciones con ellos», dijo Barahona, refiriéndose a los funcionarios de Tela.

El director ejecutivo de Aprest, Leonel Barahona Medina, iza la bandera del Orgullo en la alcaldía de Tela, Honduras, el 27 de junio de 2021. Foto cortesía de Leonel Barahona Medina

Tanto Barahona como Rodríguez dijeron que su trabajo continuará.

«Mi lucha está aquí», dijo Rodríguez. «Mi esencia y mis sueños están aquí».


Abdiel Echevarría-Caban y Reportar sin Miedo contribuyeron a esta historia.

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