En la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo, los 12 Estados parte, junto a países observadores, se dieron cita para negociar y establecer los procedimientos de este convenio
Texto: Lizz Gabriela Raudales
Fotografía: Ricardo Pineda/Sustenta Honduras/Cortesía
Luego de que se realizara la primera COP del Acuerdo de Escazú, los países de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso con los defensores del medioambiente. Sin embargo, Honduras aún no se suma, pese a ser el segundo país con mayor cantidad de asesinatos per cápita. Por ello, organizaciones de la sociedad civil han acudido a distintas instancias para solicitar la adhesión a este tratado, así como la adopción de otras iniciativas que buscan avanzar por la misma senda.
La segunda nota, también publicada en @ReportarsinMied, se enfoca en las organizaciones ambientales hondureñas, especialmente sus opiniones y qué esperan de la administración Castro Sarmiento. @sustentahn @LaudatoSiMvmt @EscazuHonduras https://t.co/wWWHScCwRp
— Lizz Gabriela 🪷🪬 (@Gabrielatte_) May 6, 2022
En la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, los 12 Estados parte, junto a países observadores, se dieron cita para negociar y establecer los procedimientos de este convenio. Además, se revisaron los avances y el estado de la implementación del acuerdo en una región que ha sido calificada como la más peligrosa para ser defensor ambiental.
Carlos de Miguel, quien funge como jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible, Asentamientos Humanos de la CEPAL, comentó en una entrevista realizada por los y las periodistas del programa de becarios de Climate Tracker explicó que. de alguna manera, Honduras estuvo presente en la COP1 y que, al igual que Chile es un país que está en proceso de adhesión.
«Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para que los Estados cumplan con su responsabilidad de cuidar el planeta y los derechos de las personas», dijo Michelle Bachelet, ex presidenta chilena que actualmente funge como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Datos recopilados por la organización Global Witness, que fueron publicados en el informe «Última línea de defensa», se indica que en 2020 se registró el asesinato y la desaparición forzada de 17 personas en Honduras, convirtiendo al país en el segundo más violento considerando la cantidad de asesinatos per cápita.
En ese sentido, durante una entrevista realizada en el marco del fellowship de Climate Tracker, el Secretario de Ambiente Recursos Naturales, Lucky Medina, expresó que el Acuerdo de Escazú es una de las prioridades del MiAmbiente y la Presidencia de la República, asegurando que hace falta un cabildeo y la ratificación desde el Congreso Nacional.
No obstante, aún no se reportan avances significativos. Por ello, el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras y la Red Hondureña por Escazú, junto a Sustenta Honduras y otra veintena de organizaciones ambientales exigen al gobierno de Castro Sarmiento la adhesión a este acuerdo.
Teniendo en cuenta cuáles son los pasos a seguir para formar parte del convenio que daría seguridad y protección a los ambientalistas hondureños, los miembros de la organización Sustenta Honduras mantuvieron una reunión con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional, donde se discutieron temas relacionados con la falta de transparencia en los proyectos extractivos y los peligros que corren las y los habitantes de las comunidades aledañas a estos.
Durante la reunión que sostuvieron ambas partes, se mencionó el Índice de Vulnerabilidad Climática, elaborado en 2017, que indica que Honduras es el país históricamente más vulnerable al cambio climático. Entre las propuestas presentadas ante la comisión destaca la adhesión al Acuerdo de Escazú para garantizar la consulta previa, el acceso a la información pública, la justicia climática y el derecho a un ambiente sano. A esto se suma la iniciativa de una ley de educación ambiental para el empoderamiento climático, cuyo objetivo sería la difusión de oportunidades, como voluntariados, convocatorias, cursos, eventos, talleres y becas.
Los miembros de Sustenta exhortaron a los diputados a enviar la iniciativa de ley de adhesión al Acuerdo de Escazú a discusión del pleno del Congreso. También pidieron que se envíen mociones exhortativas a las dependencias del Ejecutivo que no han presentado el dictamen. Por último, solicitaron dar apertura a la sociedad civil juvenil a defender la importancia de Escazú en el hemiciclo legislativo y conformar una comisión de implementación de la ley contentiva del Acuerdo de Escazú.
En paralelo, se han sumado otras organizaciones, como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) que emitió hace unos días un comunicado en el que exhorta a la administración Castro Sarmiento a adherirse a este acuerdo debido a que «el modelo extractivo que impera en Honduras ha sido el causante de la destrucción masiva de los bienes comunes de la naturaleza, al igual que del desplazamiento de diferentes comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes; del asesinato, criminalización, hostigamiento y atropellos de los derechos humanos de quienes dedican su vida a la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales».
El CESPAD también mencionó que el gobierno debe brindar una respuesta a la conflictividad socioambiental en Honduras, esto mediante el acuerdo, porque es importante contar con un instrumento que «garantice el acceso a la participación política, a la información y a la justicia en asuntos ambientales». Además se solicita un instrumento que permita el acceso a la información relacionada con temas ambientales para fortalecer el Estado de derecho y erradicar la impunidad que ha existido en casos relacionados con los asesinatos y violaciones a los derechos humanos de los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.
El comunicado finaliza demandando a la administración 2022-2026 que cumpla con la promesa de defender la soberanía nacional y los derechos humanos de los pueblos originarios, comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas. «Reiteramos que la adhesión del Estado de Honduras al Acuerdo de Escazú es urgente y debe primar en los intereses y prioridades del gobierno hondureño», indica textualmente la misiva.
El CESPAD también invitó a la ciudadanía en general a urgir a la pronta adhesión a este acuerdo y a estar vigilantes durante las negociaciones para la reglamentación y la operativización del mismo.
La Red Hondureña por Escazú se presentó en las instalaciones del hemiciclo legislativo el jueves 5 de mayo a las 11 de la mañana, con el objetivo de promocionar la firma del tratado que busca proteger a los y las defensores del medio ambiente. Aparte del plantón convocado por más de una veintena de organizaciones ambientalistas del país, se presentó un pronunciamiento en el que expresaban distintas solicitudes y declaraciones dirigidas a la población hondureña, al soberano Congreso Nacional de Honduras y al Gobierno de la República.
En su primer inciso, en el pronunciamiento la Red Hondureña por Escazú se refiere a la ola extractivista y neoliberal que, en sus palabras, «ha colocado a Honduras como un escenario de saqueo de los bienes comunes, aumentando exponencialmente cada año, la persecución, criminalización y asesinato de quienes defendemos la tierra y la vida, colocando a Honduras como uno de los paises mas peligrosos del mundo para la defensa ambiental».
En el segundo apartado de este documento, se habla sobre los distintos proyectos aprobados por las administraciones anteriores, tanto en el gobierno de Lobo Sosa como en los dos términos presidenciales de Juan Orlando Hernández Alvarado. La organización menciona que Honduras ha sumado 177 hidroeléctricos en sus 19 cuencas hidrográficas, 798 proyectos mineros, 27 proyectos de generación de energia térmica, 39 proyectos de generación de energia eólica, 60 proyectos de generación de energia solar, 1 contrato de exploración y explotación petrolera.
Con el contexto antes mencionado, la Red Hondureña por Escazú exhorta y exige al Congreso Nacional que se firme la ratificación de este convenio que dará acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
