Danlí, Honduras. Todos los días, desde muy temprano, cientos de personas se agolpan frente al Instituto Nacional de Migración (INM) en Danlí con el objetivo de obtener el permiso para transitar por el país. Para algunas personas, este proceso todavía sigue tomando de dos a tres días, para otras personas puede significar más tiempo mientras logran conseguir los 4,782.66 lempiras (más de 200 dólares) que les cobran por el documento.
Este tiempo de espera más el coste del trámite generan gastos imprevistos que tienen consecuencias humanitarias como falta de acceso a alimentación, refugio, inseguridad y problemas de salud. «Tuve un accidente en motocicleta cuando viajaba desde Trojes hasta Danlí porque allá no me dieron el permiso para cruzar el país. Vengo de Venezuela, no tengo el dinero y ahora debo de estar con este yeso por más de 20 días, no puedo caminar y acá no me ven como un caso vulnerable», señaló Jorge, un migrante venezolano que lleva más de tres días en Danlí y que remarcó que «el accidente no habría pasado si no nos detuvieran así».
En mayo, debido a la crisis migratoria, el Congreso Nacional de Honduras votó a favor de la aprobación de la amnistía de este pago para las personas que ingresan al territorio hondureño de manera irregular. A un mes de esta aprobación, esta medida no ha sido publicada de manera oficial en La Gaceta y el cobro sigue vigente».
«La noticia de que se aprobó en el Congreso la amnistía para el pago de la multa fue extraordinaria. Realmente creíamos que esto sería lo que marcaría la diferencia en la calidad de vida de las personas en movimiento. La reducción de las barreras de tránsito es un gesto importante que puede hacer el gobierno para preservar la dignidad de estas personas. Nos sorprende que ahora, a más de un mes de la noticia, la amnistía no haya sido publicada en La Gaceta. La situación del paso en Honduras para personas en tránsito no parece mejorar, por lo que solicitamos nuevamente a las autoridades que la publicación no se dilate más», señala Stavros Dimopoulos, coordinador del proyecto de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Tegucigalpa.
Desde marzo de este año el flujo de personas en movimiento no cesa. Los equipos de MSF continúan atendiendo las necesidades físicas y de salud mental que son evidentes en estas personas. Actualmente, el equipo está instalado en Danlí, frente a las instalaciones del INM brindando consultas médicas, psicológicas, de promoción de la salud y también proporcionando agua potable e instalando carpas para proteger a las personas del sol. También, el equipo realiza actividades en el albergue Jesús Está Vivo, donde se evidencia la necesidad de asistencia humanitaria.
Otro grupo de migrantes venezolanos señaló que llevan más de dos días en la gestión de este documento para cruzar el país. «No hemos encontrado forma ni manera para agilizar este trámite. El que no paga, no se va y nos tratan mal. Venimos de la peor crisis en nuestro país ―Venezuela―, pero también hay haitianos y cubanos que vienen de una situación igual. Nos tocó estar tres días en la selva del Darién y ahora nos enfrenamos a esta situación que también es inhumana».
Por su parte, MSF vuelve a hacer énfasis en que, si bien reconoce las leyes de entrada a Honduras, es necesario que se agilice la finalización del trámite administrativo de la amnistía hecha por el Congreso Nacional. «Nuestros equipos que están en el terreno, son testigos cada día del deterioro en estas personas que se encuentran en tránsito. Es urgente que se flexibilice este paso y que no desistan las asistencias, porque estas personas se ven atrapadas en lugares sin condiciones adecuadas, que les generan mayores afectaciones físicas y emocionales», concluye Dimopoulos.
