El foro mencionó la importancia de tomar en cuenta que los gobiernos pasados han puesto en una situación de vulnerabilidad al medio ambiente con la tala de árboles y la quema de bosques
Por Amelian Zerón
Tegucigalpa, Honduras. “Honduras por Escazú, avanzando hacia la justicia ambiental” es el lema que revistió el foro internacional liderado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) y la Unión Europea (UE), quienes mediante su programa ProDerechos y la Red Hondureña por Escazú llevaron a cabo este foro internacional.
A los 8 días del mes de septiembre se realizó esta socialización del Acuerdo de Escazú en el hotel Plaza Juan Carlos, donde se hicieron presentes representantes de instituciones del Estado, poblaciones originarias y defensores ambientalistas internacionales para ofrecer sus ponencias en cuanto a este acuerdo que vendría a fortalecer las capacidades en derechos humanos y en el cuidado del medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú es una herramienta jurídica pionera en materia de protección ambiental y también es un tratado de derechos humanos que garantiza una información culturalmente apropiada, una justicia a hechos que afecten el medio ambiente, protección a los defensores ambientales y la participación en la toma de decisiones en temas ambientales de nuestro país.
Este acuerdo también busca beneficiar a los grupos y comunidades que viven en una situación de vulnerabilidad. Los países de América Central que ya forman parte de este acuerdo son Nicaragua y Panamá, puesto que El Salvador Honduras y Guatemala aún no se han adherido.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), en su quinto y último ciclo de informes en 2014, mencionó que la atmosfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado, lo cual podría ser una situación difícil para las nuevas generaciones.
El vicecanciller de Política Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, mencionó que hay resistencia al Acuerdo de Escazú y que se debía analizar de manera coordinada para lograr la justicia ambiental.
Asesinatos y persecuciones
El foro mencionó la importancia de tomar en cuenta que los gobiernos pasados han puesto en una situación de vulnerabilidad al medio ambiente con la tala de árboles, la quema de bosques, el mal control de plagas que afectaban los bosques del país y la minería a cielo abierto, entre otros factores que afectaban el bienestar ambiental.
«Ha habido asesinatos y persecuciones y es así que nosotras, como equipo de mujeres desde la zona de Gracias a Dios y Trujillo, estamos haciendo presencia para seguir motivando a que nuestro propio gobierno ratifique la firma de ese convenio, ya que ha habido muchas violaciones a las defensoras del medio ambiente», mencionó la representante de la Red de Mujeres Afro Garífunas del Departamento de Colón, Ana Lucy Bengochea.
El secretario de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina Estrada, afirmó, en cuanto al comunicado que se dio sobre el territorio libre de explotación minera, que en siete meses aún no se ha aprobado ninguna nueva concesión de minería a cielo abierto, metálica y no metálica.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) registró al menos 96 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 51 personas indígenas y nueve afrohondureñas, dejando en claro que Honduras es uno de los países peligrosos para quienes buscan defender el medio ambiente.
Los defensores de derechos humanos esperan ser parte del acuerdo y no solo ser observadores, teniendo en cuenta que se va a incidir mucho, sobre todo en el interior del país, donde las empresas extractivistas sacan los minerales y contaminan los ríos.
Otros países como Costa Rica, Colombia y Perú aún están en proceso de ratificación. La abogada ambientalista y subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, Vanesa Torres, menciona que han afrontado un proceso sumamente retador desde las organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y comunidades, impulsando la importancia de ratificar el acuerdo.
Actualmente, Colombia ocupa el primer lugar de los países más peligrosos para el ambiente, donde defender los derechos ambientales cuesta la vida. A la fecha, el acuerdo se encuentra a inicios del tercer debate en el Congreso de la República de Colombia y el presidente del nuevo gobierno de este país ha mostrado su total apoyo a la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú.
En el caso de Chile, acaba de adherirse al acuerdo. En gobiernos pasados se estuvo negando la implementación de este, pero ya existe voluntad política para empezar a crear una estrategia de implementación con la cual se están viendo cambios en la institucionalidad ambiental, relata la coordinadora de comunicaciones de FIMA, organización de la sociedad civil en Chile.
