Vivir en Honduras en condición de discapacidad es adquirir una sentencia de abandono social, señala informe del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad
Por Eva Galeas
Tegucigalpa, Honduras. Ser más inclusivos y accesibles para las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad exigió a los operadores de justicia hondureña el informe presentado el 26 de abril por el Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Caprodi). A la vez, el reporte evidenció la situación de Honduras que, pese a estar gobernado por una mujer, todavía no ha creado políticas públicas orientadas a la población vulnerable e históricamente invisibilizada por el Estado hondureño.
Caprodi presentó el diagnóstico de la situación de la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en El Progreso, Yoro, en el norte del país.
Mientras se celebra la Semana Nacional de la Inclusión para las Personas con Discapacidad, un numeroso grupo de defensores de derechos humanos ventilaron que Honduras sigue siendo excluyente para los grupos más vulnerables. Además señalaron que el solo hecho de nacer mujer en Honduras ya es sinónimo de estigma y abandono.
Según el reporte, las personas con discapacidad se encuentran en alta vulnerabilidad en el país. Por otro lado, están invisibilizadas y estigmatizadas ante la falta de políticas públicas. Esta situación se traduce en una violación del acceso a sus derechos esenciales.
Asimismo, el documento presentado por Caprodi expone que la situación de las mujeres con discapacidad (McD) revela una doble vulnerabilidad. La primera condición conlleva una causa social, cultural e histórica por el hecho de ser mujer.
La segunda, agrega el reporte, tiene una causa más estructural radicada en la desigualdad y la ausencia de políticas públicas. Por esa razón aumenta aún más la brecha de exclusión en que viven las niñas, jóvenes y mujeres del país.
La presentación se desarrolló con respaldo del proyecto Soy mujer con discapacidad y también decido sobre mi cuerpo, financiado por el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) para el programa We Lead (Nosotras Lideramos) Honduras. El objetivo del evento es crear espacios de análisis sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad como titulares de derechos.
La coordinadora de proyecto y encargada de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad de Caprodi, Lizeth Canales, conversó con Reportar sin Miedo. Manifestó que el diagnóstico divulgado el miércoles busca contribuir con información actualizada sobre la situación de las McD. El propósito es que el Estado y los operadores de justicia, como tomadores de decisiones, dirijan su mirada a esta realidad históricamente invisibilizada.
Asimismo, pretenden concienciar a los y las profesionales de salud para que provean atención inclusiva y garanticen los derechos sexuales y reproductivos relacionados con los derechos y libertades fundamentales.
Canales reveló que no fue fácil conseguir información y datos claros en dicha investigación. Los operadores de justicia del país viven en total hermetismo al dar datos reales y visibles, aseguró. “Se reflejó el desconocimiento de las autoridades y operadores de justicia en temas de discapacidad y el no reconocimiento de los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad”.
En ese sentido, llamó a las autoridades de gobierno a enfocarse en esta población invisibilizada por el Estado. “Necesitamos que se capaciten médicos, operadores de justicia y personal educativo en protocolos de atención de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres con discapacidad”.
Por otra parte, a lo largo de los años se ha dicho que el Estado hondureño invisibiliza a las mujeres. De hecho, no cuenta con datos fehacientes sobre el contexto en que viven las personas con discapacidad y, menos aún, las mujeres en esta misma situación.
A juicio de Canales, aunque Honduras es “gobernada” por una mujer, hecho histórico en la región, nada ha cambiado hasta la fecha. “Seguimos en lo mismo, sin más que promesas y palabras que no son concretadas. Tras un año de gobierno, no vemos reflejado ningún cambio en estructura en ninguna de esta áreas. Las mujeres seguimos invisibilizadas. No vemos mujeres en puestos de liderazgo, sino que están en casa, siendo coartadas y oprimidas por el sistema”, subrayó la defensora de derechos humanos.
El departamento de El Progreso, uno de los municipios centrales de la zona norte de Honduras, carece de programas diferenciados por género y discapacidad, lo cual aumenta la brecha de la exclusión y violencia a diferentes niveles. Los expositores del evento lamentaron que el abandono no solo se da en esta región, sino que es generalizado.
Por su parte, la coordinadora de la Defensoría de las Personas con Discapacidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Betina Hernández, en conversación con Reportar Sin Miedo, urgió al Estado hondureño a poner énfasis en esta situación. Subrayó el hecho de que se trata de mujeres con discapacidad, ya que las mujeres también viven los embates de la violencia generalizada.
“Con este informe vemos que las autoridades y el gobierno no consideran ni incluyen en sus proyectos, programas y presupuesto la atención adecuada en salud, educación y justicia para las personas con discapacidad”, declaró Hernández.
Esterilización forzada, una realidad oculta
Las personas con discapacidad tienen derecho al más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 25 sobre salud.
Por lo tanto, el acuerdo exige adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.
Sin embargo, Canales asegura que este no es el caso en Honduras.
Del mismo modo ejemplificó que las mujeres sordas no tienen acceso a salud en el país ni los medios para optar a planificación familiar. Lejos de eso, los hospitales públicos del país practican la estilización forzada a mujeres con discapacidad. “Esta es una realidad oculta en Honduras”, denunció.
Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cescr) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) enfatizan que los derechos de la mujer incluyen la salud sexual y reproductiva. No obstante, las defensoras de derechos humanos en sus distintas ponencias en el evento coinciden en que Honduras no es el país ejemplo en este caso.
“Hasta este momento, el enfoque diferenciado es totalmente inexistente en la atención oportuna cuando hablamos de acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad”, manifestó la subdirectora general de Capodri, Karina Flores.
En entrevista con Reportar Sin Miedo, Flores llamó a las autoridades de salud para que fortalezcan las competencias y abran espacios en los educadores y médicos. “Este sistema y esta comunidad nos excluyen Queremos igualdad para todas y un trato diferenciado en los centros de salud”, añadió.
Al mismo tiempo reveló que al evento fueron invitadas la mayorías de secretarías de Estado que tienen una dependencia de trabajo con la mujer. Sin embargo, la ausencia era palpable. De hecho, Flores aseguró que ninguna de las oficinas de gobierno confirmó su asistencia a dicho evento. “Esto solo deja claro que las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad no son una prioridad en la agenda pública de esta país”, lamentó.
