Honduras se enfrenta a desafíos en derechos humanos y a una realidad compleja con problemas estructurales y de larga data, pendientes e impostergables, según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La población diversa es uno de los grupos que sufren el embate de la violencia generalizada en Honduras
Por Eva Galeas
Tegucigalpa, Honduras. En el cierre de su visita al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares de su visita in loco a Honduras. La visita tuvo lugar del 24 al 28 de abril de 2023 para verificar en el terreno la situación de los derechos humanos y desnudar la violencia y las violaciones a los derechos humanos que perjudican a cientos de hondureños que viven en condición de vulnerabilidad.
Entre las observaciones de la CIDH se analizan problemáticas de grupos que históricamente han sido víctimas de discriminación y exclusión, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad LGBTI, personas mayores, en movilidad humana, defensoras y privadas de libertad.
La Comisión reconoce que Honduras tiene desafíos en derechos humanos y que en diferentes ocasiones ha recomendado al Estado hondureño ser garante de derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Sin embargo, esto no ha sido así. Ninguno de los gobiernos hondureños ha fijado su mirada en esta problemática.
En su visita a uno de los países más violentos y peligrosos de la región, la CIDH observó que continúan las agresiones y amenazas contra quienes defienden los derechos reproductivos y los derechos de las personas LGBTI.
La situación empeora al tomar en cuenta las declaraciones y discursos de odio de políticos de derecha o grupos fundamentalistas y “conservadores” que constantemente atacan a quienes pertenecen a población diversa.
Recientemente, el asesor presidencial de Honduras y también esposo de la presidenta Xiomara Castro, José Manuel Zelaya, se sumó a la lista de políticos que vierten discursos de odio en contra de la población LGBTI. Sus declaraciones incomodan a defensores de derechos humanos de la población diversa. Sin embargo, el gobierno de Castro se denomina defensor de derechos de las y los hondureños.
A la Comisión le preocupan las denuncias de que funcionarios públicos expresen abiertamente prejuicios contra la comunidad LGBTI. La preocupación se debe a que estas acciones refuerzan la estigmatización, la discriminación y los discursos de odio que incitan a la violencia, Además, podrían contribuir a aumentar el riesgo de amenazas a la vida e integridad de las personas LGBTI.
En relación con los derechos de las personas LGBTI, la Comisión en su informe asegura seguir preocupada por los altos niveles de violencia observados en el país y la discriminación social, cultural y jurídica a la que están expuestas las personas diversas.
Es importante mencionar que los discursos de odio no son sólo palabras ofensivas. Además, muchas veces alcanzan el grado de crímenes de odio. Sólo en 2022 en Honduras se registraron más de 40 asesinatos de personas LGBTI. Es decir que se trata de uno de los años con más muertes en la historia reciente.
Sumado a esto, la mayoría de estas muertes se caracterizan por la impunidad, ya que muy pocas son investigadas para conducir a la detención y el enjuiciamiento de los autores.
La Comisión entiende que, según el Código Penal, la discriminación con odio o desprecio por motivos de orientación sexual o identidad de género es un delito en ciertos casos. Sin embargo, no pudo verificar si hubo enjuiciamientos en virtud de esta disposición.
La Comisión también observa que no existen disposiciones adecuadas en los recursos civiles para actos discriminatorios por parte de actores no estatales. Al respecto, toma nota de denuncias de personas LGBTI, en particular trans, a quienes se les negó el empleo o fueron despedidas debido a su identidad de género y/u orientación sexual.
Es importante mencionar que la CIDH tuvo 87 reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado; órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y otros. Además recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
Por ello consideran fundamental que el Estado propicie un diálogo sincero y abierto con todos los sectores, incluyendo a aquellas voces disidentes. También es preciso que garantice la participación activa de los grupos históricamente excluidos y discriminados en el país.
No es la primera vez que la CIDH visita Honduras y le da al Estado una serie de recomendaciones para proteger la vida y la integridad de los grupos invisibilizados.
Al mismo tiempo aseguran que sólo de esa forma el Estado podrá brindar una respuesta integrada y efectiva a estas necesidades con el fin de recuperar la confianza de toda la población en sus instituciones.
Es oportuno señalar que, en esta visita al país, la delegación de la CIDH estuvo liderada por la presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay y la segunda vicepresidenta, Roberta Clarke. También la integraron el comisionado Carlos Bernal Pulido, relator para Honduras; la comisionada Julissa Mantilla Falcón y los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón.
Asimismo, acompañaron a la delegación la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi; la jefa de gabinete, Patricia Colchero; la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido; el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca; la relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales, Soledad García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
No es la primera vez que la Comisión visita Honduras y le da al Estado una serie de recomendaciones para proteger la vida y la integridad de los grupos invisibilizados. Sin embargo, algunos aseguran que poco o nada hacen quienes gobiernan al país y que dichas recomendaciones tampoco toman fuerza en beneficio de los más desprotegidos.
