La presidenta hondureña Xiomara Castro y el Consejo de Defensa trataron acciones contra las manifestaciones. Además, Castro ordenó una investigación en Choluteca, donde empresas privadas supuestamente financiaron a sus empleados para manifestarse contra dicha ley. Sectores denuncian que se está criminalizando la protesta
Tegucigalpa, Honduras. El debate en las redes sociales se encendió luego de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocara a una reunión de emergencia para tratar las acciones ante las protestas contra la Ley de Justicia Tributaria. La reunión de Castro con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad despertó reacciones que han comenzado a escucharse.
Todo comenzó con la protesta que convocaron empresarios y ciertos sectores de la zona sur del país que pidieron a los empleados exigir en las calles un alto a la Ley de Justicia Tributaria. Según videos, los trabajadores y trabajadoras confirman que no saben nada de esta ley y que sólo acataron órdenes de sus superiores.
Luego de las movilizaciones, la presidenta Castro publicó un tuit en que convocaba al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para detener las pretensiones de causar anarquía. El propósito de esas pretensiones es, según Castro, frenar la socialización y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
Desarrollada la sesión convocada por Casa de Gobierno, Castro hizo un llamado a la población hondureña. “Hacer un llamado a la población en general para que se mantenga atenta frente a estas manipulaciones y acciones de personas y grupos que pretenden utilizarlos para sostener sus privilegios y evitar rendir cuentas debiendo denunciarlas ante las autoridades competentes para que se les aplique todo el peso de la ley”.
Las reacciones no se hicieron esperar.
Xiomara “debe presentar pruebas”
Uno de los primeros en reaccionar fue el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. “¿Se acabó la democracia en Honduras?”, tuiteó.
“Hay que saber distinguir entre una protesta en defensa de sus derechos y una movilización de trabajadores impulsada por el patrón para defender los intereses de este”, publicó a su vez el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjivar.
Por otra parte, José Luis Moncada, le exigió a la mandataria que presente pruebas de lo que afirmaba.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Dictamen en el Congreso Nacional, el diputado Hugo Noé Pino, señaló que la campaña de desinformación en contra de esta ley es impresionante.
Sin embargo, el alcalde del Partido Liberal, Quintín Soriano, arremetió contra la mandataria durante un evento y en declaraciones a medios de comunicación. “Usted es presidenta de los hondureños, debe quitarse la camisa de Libertad y Refundación y ponerse la camisa de Honduras, como lo hizo Quintín Soriano”, dijo.
La presidenta también ordenó en Consejo de Ministros dar carácter de ejecución inmediata al acuerdo con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. El objetivo es que los entes competentes procedan con lo establecido.
A
nte esta acción, los grupos en contra rechazan que la presidenta haya convocado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Lo consideran una medida que no le corresponde al Poder Ejecutivo.
Cabe destacar que la Ley de Justicia Tributaria busca eliminar la corrupción y abusos institucionalizados mediante los regímenes de exoneración. Estos últimos fueron aprobados por el Partido Nacional durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernandez para que los empresarios no paguen impuestos.
Un sector cataloga esta decisión del Gobierno como nueva criminalización de la protesta. Sin embargo, otros grupos aplauden la decisión de que los ricos también paguen impuestos.
