Un nuevo informe revela lo positivo y lo negativo de la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras
Por Francisco Ruiz
Fotos de Francisco Ruiz
Tegucigalpa, Honduras. Para informar sobre la selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia en Honduras, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia lanzó hoy un reporte de cara a la instalación de la Cicih y la elección del Fiscal General del Ministerio Público.
La ACTJ presentó el reporte de observación ciudadana del proceso de selección de magistrados para continuar con su proceso de veeduría en el país.
El organismo de sociedad civil basó su informe en los principios de responsabilidad, igualdad, objetividad y transparencia. Además, para desarrollar el documento, la ACTJ usó técnicas de monitoreo, levantamiento y análisis de información.

Por medio de este proceso de veeduría, la organización busca mecanismos idóneos para construir un nuevo modelo de selección que contribuya a alcanzar mejores resultados para las próximas elecciones de magistrados.
Por otra parte, la ACTJ tomó en consideración lecciones aprendidas e implementó las recomendaciones emanadas de los hallazgos plasmados en el informe y sujetas a lo establecido en la Constitución de la República.
El documento consta en primer lugar de un capítulo dedicado al contexto de la elección de las y los magistrados. “Presentamos un resumen de las observaciones realizadas durante este proceso que hemos segmentado en cuatro etapas”, señala el documento.
A continuación, el informe describe y analiza las cuatro etapas del proceso de selección de las y los integrantes de la Corte Suprema. Cada una de las etapas descritas en el reporte está dividida en hallazgos positivos y negativos. El análisis incluye varios gráficos para mostrar la cronología de lo ocurrido en el proceso de cada una de las etapas.
Lo negativo y lo positivo
El informe de la ACTJ alude a aspectos negativos y positivos que se dieron en el proceso. Los aspectos positivos incluyen el hecho de que la votación fue pública, no secreta. Este es un derecho otorgado por la Constitución, pero no es obligatorio. Además se contrapone a los principios de transparencia en la función legislativa, más cuando se vota en representación del pueblo hondureño para la elección del Poder Judicial.

En la elección escogieron a ocho mujeres y siete hombres para ocupar las plazas de magistrados y magistradas. Estas cifras reflejan paridad en el acceso de las mujeres a ocupar altos cargos públicos.
Asimismo, el informe halló aspectos negativos. Por ejemplo, se observaron irregularidades en la elección por parte de los y las diputadas al mantener abierta la sesión 17 días hábiles. En estos 17 días solo sesionaron tres. Destinaron el resto del tiempo a cabildeos a puertas cerradas. Durante ese lapso no permitieron la veeduría social de los auditores nacionales. Por el contrario, reservaron el acceso al hemiciclo exclusivamente a la misión internacional de observación.

Por otro lado, algunos diputados intentaron cesar a los magistrados y magistradas actuales. Esa acción irrespetó lo establecido en el artículo 242 de la Constitución. Ya que el Congreso Nacional no logró elegir a las y los 15 magistrados en tiempo y forma, se impuso la votación por nómina. En este proceso fueron cómplices algunos congresistas, quienes no aceptaron la moción inicial de una nómina para proceder con las votaciones independientes de los 45 candidatos. Además, no se hizo la selección conforme al criterio de meritocracia establecido en la Ley de la Junta Nominadora. Tal acción violentó la prevalencia de la idoneidad sobre el conciliábulo político partidario.
Es preciso tomar en cuenta todos los hallazgos del informe de la ACTJ para llevar a cabo mejores procesos futuros en la elección y conformación de la Corte Suprema de Justicia.