El hostigamiento y la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos no se detiene. Mientras tanto, la política pública de protección para ellas sigue siendo sólo una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro
Tegucigalpa, Honduras. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció ayer en horas de la tarde las violaciones de derechos humanos y acciones ilegales cometidas contra líderes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Al mismo tiempo, la Red alertó a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sobre la detención ilegal de varios líderes defensores de la tierra, el agua y medioambiente en zonas donde defender derechos humanos se ha convertido en un delito en los últimos años.
La vida de los y las defensoras de derechos humanos y del ambiente en el país se ve cada día más expuesta ante los grupos de poder y empresarios que de manera ilegal pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales. Todas estas violaciones suceden a “vista y paciencia de las autoridades”.
Según detalla la denuncia de la Red de Derechos Humanos, las violaciones contra este grupo se dieron el 25 de mayo del año en curso por la tarde. “Por más de dos horas, miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) han mantenido retenidos ilegalmente a defensoras y defensores de la Ofraneh”, dice la denuncia en uno de sus portales digitales.
Estas violaciones de derechos humanos solo reflejan que las promesas de campaña del actual gobierno se quedaron para la historia. Xiomara Castro, en su Plan de Gobierno, también prometió desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol como lo ordena la Constitución. Sin embargo, los elementos de seguridad del Estado continúan siendo los mayores opresores de los grupos más vulnerables.
Pueblos originarios, los más violentados
La violación sistemática de los derechos y libertades ciudadanas de las comunidades ha sido el resultado, por años, de la militarización en el país. De ese modo se criminaliza y amenaza la vida de los defensores de derechos y del ambiente. Además se pone en peligro a líderes políticos, sociales e indígenas, así como las comunidades de los pueblos originarios.
En el momento de la ilegal detención, las y los defensores se encontraban en la aldea de Carbonales, en el municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, norte del país.
En la denuncia, la Red asegura que la Policía Militar insiste en que miembras y miembros de la Ofraneh salieran del vehículo en que se transportaban para hacer una revisión más exhaustiva. Al mismo tiempo, alegan que esa situación se repitió el 24 de mayo con las mismas compañeras y compañeros, en este caso con miembros de la Policía Nacional.
Las y los líderes de Ofraneh aseguran que hay situaciones y acciones que levantan sospechas sobre los elementos de seguridad del Estado. Es necesario tomar en cuenta que por la misma zona donde ellos y ellas fueron retenidas cruzaban varios vehículos sin ser retenidos ni registrados. “La Policía Militar ha realizado acciones de hostigamiento dirigidas a la Ofraneh”, denuncian las y los defensores.
Ante la preocupación por el hostigamiento y constante persecución que sufren las defensoras y defensores de esta zona, solicitan a las autoridades competentes que fijen su mirada en estos grupos.
“Alertamos a las organizaciones de derechos humanos ante esta situación. Exigimos que las instancias competentes actúen con celeridad y efectivamente para garantizar la seguridad de los defensores”, dice la denuncia.
Hoy por hoy, Honduras es conocida internacionalmente como una nación violenta e incapaz de garantizar la seguridad y el bienestar de sus poblaciones. Esa situación afecta principalmente a los grupos originarios y afrodescendientes que se han visto más afectados en años recientes.
Mediante un tuit, la Organización Fraternal manifestó que “integrantes de la Ofraneh se encuentran detenidos en Carbonales, Colón. Una vez, más la policía hace gala del uso de perfiles raciales para hostigar a los miembros de nuestra organización. Basta ya de prácticas racistas”.
Reportar sin Miedo conversó con César Geovany Bernárdez, representante de Ofraneh, quien es uno de los que sufrieron las violaciones de los uniformados. En medio de la zozobra confesó que teme por su vida, como ha sucedido con defensoras en otras ocasiones.
“Elegimos a la presidenta Xiomara porque prometía cosas buenas para nuestras comunidades. Sin embargo, vemos que no ha sido así. Los ataques en contra de nosotros se mantienen y esta vez de manera más fuerte”, denunció.
Bernárdez comentó a este medio que mientras él y sus compañeros eran registrados por militares y policías, al lugar también llegó un fiscal que no quiso identificarse con un perro antidroga y cuatro patrullas de la Policía Nacional. Parecía la inspección de delincuentes de alto rango. “No somos ningunos delincuentes. En menos de 24 horas fuimos perseguidos y nuestra vida corre peligro porque ahora no sabemos qué nos viene”, alertó.
Defensores sin defensa del gobierno
Al menos 17 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2022 en Honduras, de acuerdo con el último Análisis Global de Front Line Defenders. La organización agrega que en lo que va de 2023 se contabiliza el asesinato de unas nueve personas vinculadas a la defensoría de la tierra y el territorio, entre defensores y familiares.
Además, la mayoría de estos crímenes fueron consumados en el Bajo Aguán, departamento de Colón, norte de Honduras. Esta zona también ha vivido bajo la zozobra, la sangre y el luto, con el agravante de que también se está normalizando la impunidad.
En Honduras, las personas que luchan por la defensa de derechos a la tierra, ambiente y pueblos indígenas figuran como las personas más perseguidas y violentadas, según la organización Front Line Defenders. El país se situó como el cuarto en América y el quinto del mundo con el mayor número de personas defensoras asesinadas en 2022. Lo sigue Brasil con 26 asesinatos de defensores, México con 45, Ucrania con 50 y Colombia con 186. Estos países representaron más del 80% de los asesinatos de defensores, según la organización.
“La promoción y la defensa de los derechos humanos será objetivo fundamental de nuestra política exterior. Se garantizará la protección de los derechos humanos mediante el cumplimiento estricto de los convenios internacionales de los cuales Honduras es signataria”, cita explícitamente el plan de gobierno de la primera mujer presidenta en Honduras. Sin embargo, ante tantas muertes violentas, mucho de lo que en ese plan se escribió parece no estar llevándose a la práctica.
Por otra parte, el partido en el poder también manifestó: “Apostamos por la implementación de una política integral de protección de la vida e integridad de las personas defensoras, con medidas encaminadas a prevenir violaciones a sus derechos; investigar con diligencia las amenazas y los actos de violencia en su contra, sancionar a los responsables intelectuales y materiales y reparar a las víctimas y a sus comunidades”. No obstante, estas promesas no han sido ejecutadas y las muertes violentas continúan. Los defensores siguen poniendo en riesgo sus vidas ante los grupos de poder implantados en el país.
A juicio de Bernárdez, el gobierno de Castro les ha quedado a deber no solo a ellos como población garífuna, sino también a todo un pueblo que eligió votar en contra de una dictadura.
“Queremos exigir al gobierno que nos deje vivir en paz en nuestros territorios y que pare el asedio y persecución. No somos delincuentes. Queremos vivir en nuestros territorios, por eso estamos defendiendo, ocupando y recuperando nuestros espacios. Queremos que este gobierno nos cumpla con lo que nos prometieron en campaña política”, indicó el líder y defensor de derechos humanos.
