El titular del SAR, Marlon Ochoa, reiteró que son 10 las familias poderosas que han concentrado el poder a costa de empobrecer a las y los hondureños
Por Kevin Contreras
Tegucigalpa, Honduras. Luego de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitiera una demanda contra el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, por haber comentado que Honduras está controlada por una mafia de 10 familias exoneradas, el titular del SAR se presentará al Ministerio Público a presentar las pruebas de los supuestos empresarios ligados a corrupción.
Un comunicado del Cohep señala que Ochoa vincula de manera directa a ciertos empresarios con el crimen organizado. Agrega que, a través del reciente Bloque Opositor Ciudadano (BOC), se busca imponer a un fiscal de la impunidad.
“Señor director general, usted expresa y asevera que Cohep representa a una mafia de 10 familias exoneradas en Honduras, además afirma que como Cohep contamos con un brazo narcopolítico denominado BOC que busca promover impunidad; esto es una violación a las obligaciones de conducta ética establecidas en el Código de Conducta Ética del Servidor Público, mismo que es de obligatoria observancia para todos los servidores públicos sin excepción”, reza parte de la demanda hecha por la empresa privada.

Además, a través de esta carta responsabilizan directamente a Ochoa de que varias empresas hayan tenido que irse de Honduras y que miles de hondureños y hondureñas se haya quedado sin empleo.
Es por ello que formalmente el Cohep y sus representantes legales invitaron al titular del SAR a acudir al Ministerio Público a presentar las pruebas que tiene acerca de la posible mafia de empresarios que ha denunciado en redes sociales.
Ante esta demanda, el titular del SAR no dudó en responder al llamado de la empresa privada y sostuvo su denuncia de que 10 familias que concentran el poder se enriquecieron a costa del empobrecimiento de las mayorías.
“Este miércoles 13 de septiembre a las 10:00 a.m. atenderé demanda pública hecha por Cohep para presentarme en el Ministerio Público con pruebas contra empresarios de cúpula”, recalcó Ochoa en su cuenta de X. El funcionario añadió una carta en respuesta al Cohep.
Parte del comunicado de Ochoa expresa que el Cohep ha sido el instrumento de representación de los intereses de esta cúpula de 10 familias de empresarios. El documento señala que ello se refleja en el apoyo a la aprobación de 40 decretos que entre 2010 y 2022 les otorgaron como derecho divino el privilegio de no pagar impuestos o la posibilidad de evadirlos impunemente a través de paraísos fiscales. Mientras tanto al resto de empresas se les cargaba con 14 nuevos impuestos, agrega.
“Hoy, estas 10 familias, disfrazadas como Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), conspiran para impedir los cambios profundos que el país necesita y la elección de un fiscal general que finalmente traiga justicia al país”, menciona la carta de Ochoa.
El director del SAR dejó claro que, en respuesta al mandato de la soberanía popular de 1,716,793 personas que votaron en noviembre de 2021 por el combate a la corrupción público-privada, se presentará al Ministerio Público con las pruebas contra empresarios de cúpula que de forma corrupta utilizaron su poder económico y político para obtener beneficios ilegales y enriquecerse en detrimento del pueblo hondureño.
Ante estas declaraciones, el coordinador general de Libre y asesor de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, posteó: “La cúpula de la empresa privada, al retar al valiente, honesto y extraordinario dirigente de la resistencia y alto funcionario de Xiomara Castro, comprometido con la refundación, Marlon Ochoa, lo subestima”.
Cabe destacar que la disputa entre el titular de la SAR y el Cohep comenzó desde que se remitió el Proyecto de Ley de Justicia Tributaria enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.
La Ley de Justicia Tributaria tiene los objetivos de detener los abusos en exoneraciones, implementar justicia tributaria (es decir que el que más gana, más pague, y el que menos gana, menos pague) y evitar que Honduras se convierta en un paraíso fiscal.
Hasta el día de hoy, debido al retraso y falta de consenso para la elección del fiscal general y el adjunto, la Ley de Justicia Tributaria no ha sido presentada ni discutida en el Poder Legislativo, Sin embargo, sí ha sido debatida y analizada por diferentes sectores que en su mayoría han estado de acuerdo con su aprobación.
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Ante estas declaraciones, la población hondureña ha reaccionado con diferentes opiniones: