Los Estados en Centroamérica no son laicos porque excluyen a las personas de la comunidad LGBTIQ+ y violentan sus derechos fundamentales, dijo el experto Esteban González
Por José Manuel Serén
Fotos del MDR
Tegucigalpa, Honduras. El Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR) presentó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el foro internacional Personas libres, Estado laico. En la actividad participaron organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales que hablaron sobre la lucha para construir un Estado laico que respete los derechos de las disidencias sexuales y reproductivas.
En la exigencia de estas libertades surgen testimonios de ataques contra las poblaciones LGBTIQ+. Con el fin de erradicar este tipo de agresiones, el Estado es responsable de garantizar el respeto a las disidencias y generar condiciones adecuadas para ellas.
De ahí parte la importancia del Estado laico, ya que, si tenemos una clase política que gobierna desde sus creencias religiosas y no respeta el Estado laico, no se van a dar las medidas para cambiar la realidad. Eso es lo que pasa en países como Honduras.
El foro terminó con la participación del MDR y el lanzamiento de la campaña Estado laico, personas libres. El objetivo de la iniciativa es comunicar y sensibilizar a la población en general.
La campaña se realiza con materiales promocionales, pañoletas naranjas, stickers y camisetas. Asimismo, lanza mensajes de concienciación en las redes sociales en alianza con medios independientes y tiktokers pertenecientes a la comunidad.
Esteban González, de la Asociación Lambda, de Guatemala, manifiesta que el objetivo del foro es analizar qué se puede aportar y cómo la religión afecta la construcción de un Estado laico, especialmente en cuanto al respeto al Estado de derecho.
Desde este punto de vista, la discusión giró en torno a conocer los matices manifestados en la región centroamericana desde una perspectiva histórica, antropológica, sociológica y jurídica sobre los avances y retrocesos en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Odio que se traduce en violencia
El experto guatemalteco Esteban González añadió que es importante analizar la visión estructural desde una posición histórica y colonial que se traduce en la militarización y el autoritarismo en Centroamérica y que también se manifiesta en la religión.
“Es una estructura patriarcal que ha dominado al Estado, el Ejército y la visión de la Iglesia Católica, Pentecostal y Evangélica. Al final, desde esa visión patriarcal tiene una visión también hegemónicamente binaria. Es decir, se habla de lo que debe ser un hombre y una mujer, cómo deben comportarse, cuáles son los roles culturales asignados, excluyendo todas las demás vivencias, identidades, expresiones y orientaciones”, explicó González.
Agregó que los Estados en Centroamérica no son laicos porque excluyen a las personas de la comunidad LGBTQ, violentan sus derechos fundamentales, el acceso a la educación, al trabajo, a la tecnificación y a la vivienda, especialmente a formar una familia.
“Al final es un discurso de odio que se está traduciendo en violencia contra personas LGBTIQ+, violencia simbólica, especialmente por prejuicio basado en cuál es el modelo de vida o el estilo de vida de una persona LGBTI para limitar derechos”.
Para González, los derechos que se deben respetar incluyen la libertad de expresión y asociación y sobre todo vivir plenamente su sexualidad, independientemente de sus orientaciones, expresiones o identidades de género.
Además, se puede ver cómo la violencia institucional de los gobiernos afecta a las personas diferentes en cuanto a la decisión de género.
González señaló que la violencia institucional más fuerte es la falta de leyes de identidad de género para reconocer a las personas trans y no binarias. También, la carencia de reconocimiento de las identidades como un derecho y de reconocimiento de la existencia de personas en esta comunidad. Todo esto hace que no haya programas educativos de tecnificación e inclusión en los espacios laborales.
Las personas con identidad de género distinto a los demás son las más discriminadas y rechazadas, independientemente de la interseccionalidad, dijo González. Añadió que hay personas de pueblos originarios que no hablan español, personas con discapacidad que también son LGBTI y son las más propensas a dobles o triples discriminaciones.
“La violencia institucional se traduce en la inexistencia de mecanismos de leyes o cualquier forma de estructura institucional del Estado que permita la vida plena de una persona LGBTI+ porque condicionan el hecho de ser diferente por contar con una identidad o expresión de género u orientación sexual diferente de la heterosexual”.
No más “ciudadanos de segunda clase”
Para el investigador del Equipo de Reflexión e Investigación (ERIC) y Radio Progreso, abogado Joaquín Mejía, se deben respetar todas las formas, modelos o proyectos de vida, siempre que no vulneren los derechos de las demás personas.
Mejía expresó que la libertad de creencia está muy vinculada con la autonomía individual, pues tenemos la libertad de escoger lo que queremos sin que otros sectores impongan un modelo de vida. Según el investigador del ERIC, la libertad de creencias es fundamental para que una persona se desarrolle plenamente.
El experto del ERIC indicó que Honduras está condicionado por la voluntad política, pero esta debería someterse a los valores sociales supremos de la Constitución que establece que la educación es laica y democrática.
Asimismo, Mejía comentó que los sistemas educativos deberían garantizar la diversidad, la tolerancia, la diferencia y el reconocimiento.
Para el analista, las feministas y LGBTI+ podrían lograr un cambio organizacional mediante procesos de formación con el fin de concientizar para dar el siguiente paso, que es la acción.
Añadió que esto se da muy poco en países como Honduras. Asimismo aplaudió que el proceso se lleve a cabo desde los espacios universitarios, pues de ese modo se desafía a la universidad a hacer algo sobre esta temática.
Mejía destacó que las organizaciones de sociedad civil tienen la responsabilidad de ser parte del debate público, formar y reflexionar sobre un tema tan importante. Asimismo, adelantó que la lucha de las nuevas generaciones permitirá cumplir el principio básico constitucional de neutralidad del Estado en cuanto a creencias.
Por otra parte, el especialista del ERIC comentó que con un verdadero Estado laico en Honduras dejaría de haber una ciudadanía “de primera clase” que ejerce todos sus derechos y una ciudadanía “de segunda clase” que no puede ejercerlos. Con el Estado laico se acabaría la doble ciudadanía injusta e ilegal que hace sufrir discriminación a quienes no pertenecen a la “primera clase”.
Mejía recalcó que también hay una violencia estructural relacionada con la pobreza porque no es lo mismo un hombre gay que vive en un barrio marginal que un gay que vive en una torre con seguridad y va en su carro, no en transporte público.
El mismo tipo de violencia ataca a la mujer que tiene que pasar por un sector donde hay mareros y pandillas y puede sufrir consecuencias. También es el caso de la mujer que vive en un barrio marginal, trabaja en una maquila como su marido trabaja y en su casa sufre la violencia de las tareas del cuidado que solo están bajo la responsabilidad femenina, sin contar la violencia física y emocional de la que también podría ser víctima.
Asesinan y el gobierno socialista se calla
Por otra parte, la directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, dijo que para erradicar la violencia institucional que agrede los derechos humanos LGBTIQ+ es importante generar protocolos de actuación, planes municipales y políticas de Estado.
Ferrera señaló que estas iniciativas fortalecen a las organizaciones LGBTIQ+ y a la sociedad hondureña con campañas que velan por derechos de las personas disidentes sexuales vulnerabilizadas.
La líder trans preguntó por qué el Estado se queda callado ante las muertes de las personas LGBTIQ+ debido a los estereotipos de la cultura machista que generan violencia. Ferrera agregó que las violencias van por etapas. Primero se dan las amenazas. Luego siguen las agresiones físicas y, en última instancia, los asesinatos y homicidios de personas de la comunidad en medio del silencio del gobierno.
Según la activista de Cozumel Trans, sólo en 2022 se cometieron 43 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Honduras. Recalcó que estos crímenes se suscitan durante un gobierno de izquierda socialista que por mucho tiempo solicitó respetar los derechos humanos, pero ya en el poder no ha hecho que ninguna secretaría se solidarice con las disidencias sexuales atacadas.
La activista lamentó que en lo que va de 2023 se han cometido 38 asesinatos contra las poblaciones LGBTIQ+ durante el segundo año del mandato de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, el gobierno no muestra voluntad política para resolver estos crímenes como lo prometió en campañas.
A pesar de los señalamientos en su contra, el gobierno de Castro continúa olvidando los reclamos de las poblaciones vulnerabilizadas para enfocarse en discursos proselitistas.
