Se agravan ataques a defensores de derechos humanos y periodistas pese a baja en asesinatos en el 2024, según ACI-Participa
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. La organización Para una Ciudadanía Participativa, ACI-Participa, presentó su informe anual donde documenta 123 casos de agresiones a la prensa y siete de asesinatos documentados que corresponden a defensores de derechos humanos.
Además, se denuncia censura institucional, violencia política y una preocupante falta de garantías estatales para el ejercicio libre de derechos fundamentales. Ante este panorama, la organización hace un llamado urgente al Estado, a la sociedad civil y a la comunidad internacional para fortalecer la protección integral, la justicia y la defensa de los derechos humanos en el país.
Hedme Castro, directora de ACI-Participa, expresó que, en cuanto al número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de 24 que se registraron en el 2023 pasaron a solo siete en 2024.
De estas siete muertes, cuatro son defensores de la tierra y el territorio, un defensor del medio ambiente, un defensor de los derechos de las personas LGBTIQ+ y un periodista.
Sin embargo, el informe detalla que esto no significa que los factores de alto riesgo hayan disminuido para las personas defensoras, periodistas y comunicadores sociales, sino que el fenómeno tiene un comportamiento cíclico, con altos y bajos, pero siempre persistente.
En 2024 cerró con un relativo bajo nivel de letalidad para las personas defensoras, mientras que enero de 2025 inició con asesinatos en el Bajo Aguán, obligando a las organizaciones de sociedad civil y organizaciones populares a declarar una situación de emergencia en la región.
Agresiones y asesinatos en defensa del medio ambiente
Asimismo, se documentaron 37 casos de ataques y agresiones constitutivos de violaciones a los derechos humanos contra nueve personas defensoras ambientalistas, de las cuales una fue asesinato en condiciones violentas: Juan López, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Según lo detalla el informe, la situación de las personas defensoras ambientalistas se caracterizó por la persistencia de intimidación, amenazas, criminalización, hostigamiento, impunidad y algunos asesinatos, con la colusión entre actores estatales y privados.
“Continúan los desalojos forzosos. Continúa el actuar violento de la policía y la falta de sensibilidad ante personas que han procurado su terreno para sembrar y poder subsistir”, denunció Hedme Castro.
El Informe documenta 99 casos de ataques y agresiones constitutivos de violaciones a los derechos humanos contra 45 personas de la comunidad LGBTIQ+, de las cuales el activista y pasante de la carrera de Periodismo, Erlin Asbiel Blandín Álvarez, fue asesinado el 14 de julio de 2024 en la Aldea Los Laureles, Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.
La directora de ACI Participa manifestó: “Continúa el alto número de mujeres desaparecidas, agredidas por sus esposos u otras personas, y un número considerable de suicidios entre las mujeres”. Añadió que las oportunidades laborales para las mujeres son cada vez más escasas.
Violencia política de género
Castro también hizo un llamado enérgico contra la violencia política, especialmente en el contexto electoral. “Estoy facultada como persona, como hondureña y como defensora de derechos humanos de parar esa violencia política deben analizar sus actitudes, avergonzarse de las mismas, pedir perdón a la población y pensar en Honduras”, manifestó.
Se incrementan ataques contra la prensa
Por otro lado, Amanda Ponce, de la Comisión de Derechos Humanos en temas de libertad de expresión, denunció un alarmante incremento en los ataques contra la prensa. “Hemos podido contabilizar en un corto tiempo tres crímenes contra periodistas y violaciones tan grandes que involucran al mismo Estado”, afirmó.
Entre los casos más graves, mencionó el intento de incendio de la casa de la periodista y defensora de derechos humanos Joan Pravia, así como agresiones sistemáticas a Radio Cholula en Choluteca, donde en el último mes se han registrado más de 30 casos.
“La mayoría de estas acciones están vinculadas con el ejercicio periodístico y la crítica cuando se denuncian casos de corrupción o se cuestiona el poder, ya sea político, económico, del crimen organizado o de la empresa privada”, expresó Ponce.
Además, denunció censura a periodistas del Canal 8 por parte de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha limitado su acceso a conferencias de prensa y coberturas. “Siendo el Estado un actor que debería garantizar estos derechos, también está haciendo un ejercicio contrario a los estándares interamericanos sobre libertad de expresión”, dijo Amanda Ponce.
Agresiones y asesinatos a periodistas
El informe situacional 2024 detalla 123 ataques y agresiones constitutivos de violaciones de los derechos humanos de 40 periodistas, comunicadores sociales y personas trabajadoras de medios de comunicación.
Se registraron los asesinatos de un periodista, Luis Alonso Teruel, de Pencaligüe Televisión; dos trabajadores de medios, Henry López, empleado de Suyapa Medios en la ciudad de Tegucigalpa, y Douglas Enrique Arce, camarógrafo del Canal Choluvisión (Canal 27) en la ciudad de Choluteca.
Agresiones directas contra periodistas, comunicadores y medios
El informe más reciente de ACI Participa señala que unos de los casos destacados es el de la reconocida periodista Wendy Funes, directora del medio digital Reporteros de Investigación, quien ha sido objeto de constantes amenazas, vigilancia y campañas de desinformación luego de publicar investigaciones que exponen hallazgos sobre redes de corrupción y narcotráfico.
Otro caso alarmante incluido en el informe es el del medio Reportar Sin Miedo, que también ha sufrido hostigamiento y difamación tras divulgar la investigación titulada “Los nuevos ricos de San Pedro Sula, entre las redes de corrupción y la basura», publicada en enero de 2024.
El reportaje expone cómo ciertas élites empresariales y funcionarios públicos han acumulado riqueza a través de prácticas de corrupción durante casi dos décadas. Como consecuencia, el equipo de Reportar Sin Miedo ha enfrentado vigilancia, amenazas y campañas de desprestigio.
ACI Participa también documenta la querella interpuesta en marzo de 2024 contra la periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza, directora de Asopodehu, y el defensor Jorge Jiménez, presidente de Joprodeh.
Ambos fueron querellados por denunciar millonarios alquileres de vehículos blindados a concejales propietarios y suplentes del Mecanismo de Protección para los defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia sin el debido proceso.
Finalmente, el informe señala la cancelación del programa Interpretando la noticia, transmitido por años en Radio Globo, como otro ejemplo del cerco a los espacios de opinión crítica.
Según el comunicado de sus productores, la salida del aire se produjo tras más de un año de presiones a la emisora debido a sus fuertes críticas sociales y no seguir una línea pro gobierno.
Llamado al Estado de Honduras, sociedad civil y comunidad internacional
ACI Participa hizo varias recomendaciones al Estado de Honduras. Entre sus señalamientos, solicitó garantizar la independencia del Poder Judicial y abstenerse de injerencias políticas. Además, exigió cumplir de manera efectiva las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente aquellas relacionadas con la protección de personas defensoras y la reparación integral de la víctimas y violaciones graves y sus familias.
De igual manera, a la sociedad civil en la ampliación de redes de protección comunitaria, fortaleciendo y expandiendo las redes de protección y solidaridad entre organizaciones, colectivos y comunidades, priorizando la seguridad colectiva, la autoprotección y la respuesta rápida ante emergencias.
Por último, a la Comunidad Internacional para que siga apoyando al pueblo hondureño en su lucha constante para mejorar sus condiciones de vida, en el marco de las leyes y la justicia para fortalecer el Estado de derecho y el disfrute de una vida digna.
Asimismo, para que se incremente el apoyo técnico y financiero para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, priorizando la protección integral, la formación, el acompañamiento psicosocial y legal.
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