Debido a los 372 ataques en 2023 contra defensores del medio ambiente y periodistas, la Mesa Tierra y Territorio presentó varias demandas al gobierno de Honduras para mejorar la situación en 2024
Por Roberto Mejía
Tegucigalpa, Honduras. Al menos 372 personas defensoras y periodistas asesinados en 2023 registra el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Honduras (Oacnudh), según pronunciamiento emitido ayer por la Mesa Tierra y Territorio de la Coalición Contra la Impunidad.
Debido a que las cifras incluyen a 267 personas defensoras y 105 periodistas atacadas de enero a septiembre de 2023, la Mesa alertó que 2023 se convirtió en un año “desafiante” para los ambientalistas, campesinos e indígenas en Honduras.
Asimismo, el 56% de los agredidos eran defensores “de la tierra, el territorio y el medio ambiente”, señala el informe de Oacnudh citado por la Mesa, que considera preocupante esta situación.
Por otra parte, también en 2023 se produjeron 18 desalojos de población indígena y campesina en varios departamentos del país, según datos del Cespad y la Mesa.
¿Mejoró la situación en 2024?
Con el asesinato en enero de 2024 del periodista y defensor del medio ambiente Luis Alonso Teruel, las agresiones no han hecho más que agravarse, afirmó la Mesa Tierra y Territorio de la Coalición Contra la Impunidad.
Además, la Mesa incluyó entre las agresiones a defensores el ataque a balazos contra Franklin lzaguirre Melgar, presidente de la Cooperativa Camarones, y el secuestro de José Abel López, socio de la Cooperativa Remolino.
Asimismo, denunció que la crisis del Mecanismo Nacional de Protección agudiza la vulnerabilidad de las y los defensores de la tierra y culpó al Poder Judicial de negligencia en la investigación que aumenta la impunidad.
¿Qué hacer?
Para reducir los ataques y la vulnerabilidad de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, la Mesa exigió, entre otros, que el Gobierno de Honduras dé con los responsables materiales e intelectuales de los ataques contra líderes y lideresas de organizaciones y comunidades campesinas e indígenas.
La Mesa también pidió en su pronunciamiento “detener inmediatamente todos los desalojos y amenazas de desalojos contra grupos campesinos en todo el territorio nacional”.
Entre sus exigencias, la organización incluyó investigar las violaciones de derechos humanos contra campesinos e indígenas en los desalojos.
Asimismo, demandó frenar la campaña de criminalización emprendida por terratenientes y empresarios agroindustriales, a quienes llamó “usurpadores de la tierra”.
