Al desnudo quedó la crisis carcelaria en Honduras durante la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria en Honduras fueron el punto central de la audiencia que realizaron ayer representantes del Estado, sociedad civil y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Comisión afirmó que se ha desatado una crisis estructural profunda en el sistema penitenciario de Honduras. En su informe de marzo de 2024, la CIDH destaca la necesidad de revisión exhaustiva y reestructuración urgente del sistema penitenciario con un plan claro para mejorarlo.
No se integran a la sociedad
Desde sus inicios, el actual gobierno prometió la desmilitarización gradual del sistema penitenciario para paliar la crisis carcelaria en Honduras. Aunque se han graduado más de 2,000 agentes penitenciarios civiles, la implementación completa de esta política sigue siendo un desafío. Además, es crucial un diálogo entre el Estado y la sociedad civil sobre los derechos de las personas privadas de libertad y la transparencia en el monitoreo de las recomendaciones.
La crisis carcelaria en Honduras se agrava por la falta de acceso adecuado a visitas y el contexto social para los internos. Esta situación dificulta su reintegración efectiva. Ello se debe a que la ausencia de contacto con el entorno externo perpetúa el aislamiento de los reclusos y complica su rehabilitación.
La violencia en las cárceles hondureñas ha alcanzado niveles críticos. La problemática ha quedado evidenciada por la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en 2023. Asimismo, la falta de investigación y sanción en estos casos son preocupaciones constantes de las autoridades y la ciudadanía.
Sigue el estado de excepción
Las prórrogas del estado de excepción también han generado controversia. Algunas no han sido aprobadas por el Congreso, generando dudas sobre su legalidad y su alineación con la constitución. Se cuestiona si estas medidas cumplen con los requisitos constitucionales y si su prolongación indefinida es una solución efectiva.
El debilitamiento del comité contra la tortura y las restricciones al acceso a centros penitenciarios para verificar las condiciones de detención son temas críticos. Es fundamental garantizar que estos comités tengan acceso libre para monitorear y asegurar el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, la construcción de megacárceles ha suscitado una fuerte oposición. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha pedido al Gobierno que abandone estos proyectos. El Comité basa su argumento en las preocupaciones sobre el impacto ambiental, la falta de consulta con los pueblos indígenas afectados y el riesgo de violaciones de los derechos humanos. Se teme que el enfoque en el aislamiento de las megacárceles pueda agravar los problemas.
¿Ha habido mejoras?
El Gobierno ha reportado una reducción en la tasa de homicidios durante el mandato de la presidenta Xiomara Castro, pasando de 141 a 34 por cada 100,000 habitantes. Esta disminución se atribuye a medidas contra el crimen organizado y la violencia. Sin embargo, estas medidas, incluyendo las requisas en las prisiones, deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, la implementación de audiencias virtuales ha ayudado a reducir el hacinamiento en las cárceles. La medida ha dado como resultado 1,050 audiencias que han llevado a la liberación definitiva de presos y 420 preliberaciones. La capacitación en derechos humanos para agentes de control de centros penales también se ha intensificado, abordando temas cruciales como la protección de derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza.
A pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos significativos.
La integración de las recomendaciones de la CIDH y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil son esenciales para asegurar una reforma efectiva del sistema penitenciario y garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad en Honduras.
