Tras un ataque contra la comunidad garífuna de Nueva Armenia, no han capturado a los responsables. En cambio, el Ministerio Público acusó de usurpación a líderes comunitarios
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público y las autoridades de seguridad de Honduras continúan criminalizando al pueblo garífuna y protegiendo los intereses de empresas privadas, como Palma de Atlántida S.A., en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas, denunció la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
En un comunicado, Ofraneh explicó que, tras un violento ataque contra la comunidad garífuna de Nueva Armenia el 6 de octubre, en el que resultaron gravemente heridos dos miembros de la comunidad, no se ha capturado a los responsables.
Por el contrario, el Ministerio Público emitió citatorios contra líderes comunitarios, entre ellos Ana Mabel Ávila Robledo, acusándolos de usurpación en perjuicio de Palma de Atlántida S.A.
Sin avance en los acuerdos
“La aplicación de la justicia en este país es racista y clasista. El Ministerio Público se empeña en criminalizar y judicializar al pueblo garífuna”, señaló Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh.
La líder garífuna agregó que el Estado ha mostrado negligencia en la investigación del ataque en Nueva Armenia.
Además, el comunicado destacó que el 18 de octubre se realizó una reunión con seis instituciones estatales, entre ellas el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, en la que se acordaron 12 compromisos.
Entre los acuerdos alcanzados sobresale el respeto del territorio ancestral de la comunidad de Nueva Armenia y el avance en las investigaciones por el ataque. Sin embargo, hasta ahora no hay avances ni se han cumplido dichos acuerdos.
“En territorio ancestral no hay propiedad privada”
Según Ofraneh, la empresa Palma de Atlántida S.A. ha recurrido al argumento de usurpación para justificar el despojo de tierras ancestrales que pertenecen al pueblo garífuna.
Además, indicó que esta situación viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual protege la propiedad colectiva de los territorios indígenas.
“La empresa no ha podido demostrar de manera legal la propiedad de las tierras. Es un intento claro de despojarnos de nuestro territorio para satisfacer intereses económicos privados”, señaló el comunicado.
Asimismo, Ofraneh recordó que las tierras de Nueva Armenia son parte de un territorio ancestral protegido por la jurisprudencia internacional, que reconoce que no se puede transferir la propiedad colectiva a terceros.
Las áreas en disputa, que incluyen ríos como el Corazón y el Sauzal, son fundamentales para la supervivencia de la comunidad.
La comunidad garífuna exige justicia para las víctimas del ataque del 6 de octubre, la captura inmediata de los responsables y el cese de la criminalización contra sus líderes.
“Esta es una lucha por nuestra tierra y por nuestra identidad como pueblo. En territorio ancestral no hay propiedad privada”, concluyó Ofraneh.
