Con el pretexto de firmar documentos, agentes policiales arrestaron y acusaron de usurpación a cinco personas defensoras históricas del territorio lenca ancestral
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. En horas de la noche del 7 de noviembre de 2024, agentes policiales detuvieron a cinco defensores del territorio pertenecientes a los Consejos Indígenas Lencas de Potrerillos, Alianza y Unidos por el Trabajo, en Siguatepeque, mediante un operativo que supuestamente incluyó tácticas de engaño.
Según se detalla, las autoridades convocaron a las personas involucradas bajo el pretexto de firmar documentos para posteriormente arrestarlas y acusarlas de usurpación en perjuicio de Gladys Consuelo Sevilla Flores.
Los detenidos fueron identificados como Thelma Sánchez Vásquez, Saúl Núñez Avelar, Melvin Alberto Hernández Gonzales, Julián Cardona Enamorado y Mario García Gonzales.
Los acusan de usurpación
Las cinco personas capturadas han defendido históricamente el territorio indígena ancestral.
La acción legal en su contra está amparada en el expediente 540-2024, emitido por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque y firmado por la jueza Maryse Taina Pereira Orellana.
La mañana siguiente, los cinco detenidos comparecieron en la audiencia de imputación, acusados formalmente de usurpación.
Aunque la jueza otorgó libertad a los imputados mientras enfrentan el proceso penal, las organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos han denunciado que este caso forma parte de un patrón sistemático de criminalización.
Además señalan que estas acciones buscan desalojar a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales mediante procesos judiciales injustos.
Instituciones cómplices
Por otro lado, se ha señalado la complicidad entre sectores privados y el Estado, representado en este caso por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entre otras instituciones, estas estarían involucradas en el despojo de tierras pertenecientes a los pueblos indígenas.
En este contexto, mientras las personas detenidas enfrentan el proceso legal, las organizaciones defensoras exigen acciones urgentes para proteger los derechos de las comunidades indígenas y garantizar el respeto a su soberanía territorial.
Este caso se suma a una preocupante tendencia de criminalización y persecución hacia los pueblos indígenas en Honduras.
