«Derechos LGTBIQ+ como moneda de cambio”: Indyra Mendoza denuncia el juego político de los fundamentalistas religiosos
Por Dunia Orellana
Tegucigalpa, Honduras. Hoy, las calles de Honduras se convirtieron en el escenario de un pulso ideológico que refleja las tensiones de un país y el mundo partido en dos. Por un lado, miles de personas en decenas de ciudades del planeta salieron a marchar bajo consignas antifascistas, con banderas que ondeaban al ritmo de gritos por la igualdad y la justicia.
Por el otro, un grupo de pastores evangélicos y simpatizantes antiderechos en Honduras, aprovechando la efervescencia de la fiesta católica más importante del año —la conmemoración de la Virgen de Suyapa—, tomaron las calles de Tegucigalpa para exigir al gobierno de Xiomara Castro que abra las puertas del Congreso Nacional a su agenda fundamentalista.
Mientras en el mundo los manifestantes antifascistas pintaban murales con consignas de resistencia y coreaban canciones que hablaban de libertad, los grupos antiderechos hondureños, liderada por la Asociación de Pastores de Honduras, con biblias en mano y megáfonos que amplificaban sus sermones, intentaban convertir la devoción religiosa en presión política contra el gobierno de Castro.
La Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, parecía observar todo desde su pedestal, mientras su día se convertía en un campo de batalla simbólico entre dos visiones de una Honduras dividida. Por una parte, quienes quieren que las mujeres, personas LGBTIQ+, defensores del territorio, personas originarias y afrodescendientes no tengan derechos y otros que buscan la libertad.
Los pastores, con un discurso que mezclaba fe y política, exigían que el gobierno de Castro permitiera avanzar leyes que, según ellos, «defienden la familia tradicional». Sin embargo, para muchos observadores, esta movilización no era más que un intento de imponer una agenda conservadora bajo el manto de la religión.
Mientras tanto, en Buenos Aires, Ciudad de México,Nueva York, Madrid, París, Berlín y Sao Paulo miles en la marcha antifacista contra los presidentes Javier Milei (Argentina), Donald Trump (Estados Unidos), Nayib Bukele (El Salvador) y el partido AFD de Alemania, con pañuelos arcoíris y carteles que denunciaban la opresión, insistían en que el mundo no puede dar marcha atrás en la lucha por los derechos humanos.
De Argentina para el mundo
En el 2020 el papa argentino Francisco expresó: «La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello».
Esas palabras del líder de la Iglesia católica, en el filme titulado «Francesco», fueron una luz de esperanza para las poblaciones vulnerabilizadas del mundo.
La iglesia católica en Honduras y el mundo ha abrazado a las diferencias y sobre todo promovido una agenda más progresista a beneficio de las mujeres, personas LGBTIQ, personas orignarias y defensores del ambiente.
Uno de los promotores de la marcha en Honduras es el escritor argentino Agustín Laje, quien apareció en muchas historias de WhatsApp para invitar a los feligreses hondureños a sumarse a la marcha de los antiderechos.
A la misma hora, pero con diferencia de horarios en las principales capitales del mundo, el mensaje era diferente: por la paz, la justicia y la tolerancia. Laje criticó las marchas «antifascistas», tildándolas de fachada para promover intereses partidistas.
«Derechos LGTBI+ como moneda de cambio”
Indyra Mendoza, reconocida activista y defensora de los derechos humanos, en especial de las mujeres y personas de las disidencias sexuales en Honduras, alzó la voz para denunciar cómo, desde hace casi dos décadas, los grupos fundamentalistas religiosos han utilizado los derechos de la comunidad LGTBI como «moneda de cambio político» en cada ciclo electoral.
A través del Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación y el Observatorio de Género de Cattrachas, Mendoza y su equipo han documentado esta estrategia desde 2004, cuando Pepe Lobo aspiraba a la presidencia.
Según Mendoza, estos grupos buscan dos objetivos principales: posicionarse como una fuerza política que puede entregar «votos seguros» a los candidatos y, al mismo tiempo, colocar a figuras fundamentalistas dentro del Congreso Nacional. «Utilizan los medios de comunicación y las calles para presionar y repetir el mismo patrón una y otra vez», explicó.
La defensora criticó duramente que, después de 20 años, la política hondureña siga basándose en «mentiras, odio, desprecio y discriminación». Además, cuestionó el papel de las iglesias en este escenario, señalando que no deberían ser un «soporte moral» para los políticos ni tener influencia en el futuro del país. «Lo que buscan es un país sin educación sexual, sin acceso a la salud sexual y reproductiva, y sin libertad para tomar decisiones informadas», afirmó.
Mendoza hizo un llamado para que Honduras no retroceda en la lucha por los derechos humanos y la igualdad. «Espero que no quedemos en eso otra vez», concluyó, refiriéndose a la posibilidad de que los derechos de las minorías sigan siendo utilizados como herramientas de negociación política.
Esta denuncia llega en un contexto en el que organizaciones religiosas han intensificado su presencia en los medios y las calles, buscando influir en las decisiones del gobierno y del Congreso. Mientras tanto, la comunidad LGTBI y los defensores de derechos humanos continúan su lucha por un país más justo e inclusivo.
Antiderechos, despojo y control del cuerpo en la misma batalla
En el marco de las denuncias realizadas por Indyra Mendoza sobre el uso político de los derechos LGTBI+ en Honduras, Melissa Cardoza, reconocida defensora de los derechos humanos y el feminismo, amplió el análisis al señalar cómo los grupos antiderechos, tanto locales como internacionales, han exportado narrativas que buscan dividir al país. Estas narrativas, según Cardoza, no solo atacan a las disidencias sexuales, sino que también se extienden a los derechos de las mujeres, la tierra y el territorio.
«Todos estos sistemas de opresión están conectados», afirmó Cardoza. «Son mecanismos de poder, control, explotación y despojo. Despojar a la tierra de sus bienes es tan grave como despojar a las mujeres de sus derechos sobre sus cuerpos, sus decisiones y sus autonomías». La activista destacó cómo estos sistemas funcionan de manera simultánea, manteniendo a las personas en un estado de precariedad y violencia, alimentado por discursos de terror que paralizan a la sociedad.
Cardoza también criticó la falta de visión integral en algunos sectores del feminismo hondureño. «El feminismo en Honduras ha tenido cierta miopía para entender que todas estas luchas están interconectadas», señaló. «No podemos separar la defensa del territorio de la defensa del cuerpo, ni la lucha por los derechos LGTBI de la lucha contra la explotación económica».
Estas declaraciones resuenan en un contexto donde los grupos antiderechos, con apoyo internacional, han intensificado su presencia en el debate público, utilizando estrategias que buscan sembrar miedo y división. Mientras tanto, defensoras como Mendoza y Cardoza insisten en la necesidad de un enfoque integral que reconozca las múltiples formas en que los sistemas de opresión se entrelazan.
El contraste no podía ser más evidente: de un lado, la diversidad y la lucha por la inclusión; del otro, la tradición y el temor al cambio. Y en medio, un gobierno de Xiomara Castro que parece navegar entre dos aguas, tratando de mantener el equilibrio en un país donde la fe y la política están más entrelazadas que nunca.
