El sistema no los protegió: los periodistas Carlos Gilberto Aguirre y Javier Hércules murieron violentamente en menos de 24 horas
Por Lissy Serén
Tegucigalpa. Honduras ha sido escenario en las últimas horas de dos crímenes que han conmocionado al gremio periodístico. En un solo día se registraron los asesinatos de dos reconocidos periodistas: Carlos Gilberto Aguirre y Javier Hércules.
En la ciudad de Juticalpa, Olancho, alrededor de las 11:30 de la noche del sábado murió violentamente el cronista deportivo Carlos Gilberto Aguirre. Datos preliminares señalaban que jóvenes que se conducían en un vehículo lo atropellaron y luego pasaron nuevamente el carro sobre su cuerpo.
¿Lo asesinaron con arma blanca?
Sin embargo, Diario El Heraldo confirmó con fuentes dentro de la morgue del Ministerio Público que al cronista deportivo Carlos Gilberto Aguirre le quitaron la vida con arma blanca.
Su cuerpo, según el diario capitalino, presentaba varías heridas cuando Medicina Forense realizó el levantamiento.
Aguirre, de 68 años, trabajó muchos años en diferentes radioemisoras. Su voz inconfundible y gusto por la buena música lo llevaron a tener un inmenso auditorio que disfrutó de su talento en Radio Oro Estéreo.
A balazos matan al periodista Javier Hércules
En la mañana de este domingo, en el barrio Flores Saavedra de la ciudad de Santa Rosa de Copán, asesinaron de varios balazos al periodista Javier Antonio Hércules Salinas mientras conducía el taxi con el que también se ganaba la vida.
El comunicador había recibido amenazas y en noviembre de 2023 lo secuestraron dos hombres armados que lo golpearon y abandonaron en un paraje solitario.
Hércules Salinas laboraba en medios locales y desde el año 2023 se hallaba bajo medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección a periodistas. Esta situación ha generado serias interrogantes sobre la efectividad de dicho sistema de resguardo.
No más odio contra los periodistas hondureños: CPH
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó enérgicamente el asesinato de Hércules Salinas.
La organización gremial exigió una investigación transparente, exhaustiva y creíble que permita identificar y procesar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
El CPH lamentó que, a pesar de estar bajo protección estatal, no se haya logrado evitar esta tragedia que enluta al gremio y a una familia hondureña.
El comunicado también señala que los constantes ataques desde sectores del poder contra la prensa contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de los comunicadores sociales en el país.
En ese sentido, el CPH reiteró su llamado a las autoridades para que cesen los discursos de odio y estigmatización contra periodistas, los cuales crean un clima propicio para la violencia.
El secretario de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, lamentó profundamente el asesinato de Javier Antonio Hércules Salinas, comunicador social del canal de televisión A Todo Noticias (ATN) de Santa Rosa de Copán.
Becerra hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que inicien una investigación inmediata que permita identificar y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Ya lo habían amenazado y el Estado no actuó
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) dio a conocer que el Estado había recibido alertas antes del asesinato de Hércules.
A pesar de las advertencias y de su estatus como beneficiario del mecanismo de protección, no se tomaron acciones efectivas para garantizar su seguridad.
Este hecho pone en evidencia las deficiencias en la implementación y seguimiento de las políticas de protección de periodistas en Honduras.
La impunidad reina en Honduras
Conforme a datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2001 y 2024 se han registrado 100 muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación en Honduras, de las cuales el 91% permanece en la impunidad.
La falta de investigaciones exhaustivas y la escasa judicialización de estos crímenes han generado un ambiente de inseguridad y desconfianza en el sistema de justicia.
Asopodehu emitió un enérgico pronunciamiento, exigiendo al Ministerio Público de Honduras una investigación rápida, seria y transparente del asesinato del periodista Javier Antonio Hércules Salinas, ocurrido el 1 de junio de 2025 en Santa Rosa de Copán.
Urge garantizar la vida de los periodistas
Asopodehu exigió al Estado hondureño acciones urgentes para garantizar la vida y seguridad de quienes ejercen el periodismo.
Además pidió justicia para Javier Antonio Hércules Salinas y para todos los periodistas que han sido silenciados en Honduras.
Mecanismo de Protección: una figura más
El abogado Hugo Maldonado se refirió a las medidas de protección que tenía Hércules. «Algunos somos alérgicos a andar policías detrás», expresó. Agregó que en el mecanismo no son intuitivos y no miran más allá de la nariz, ya que nunca proponen a la víctima otras posibles acciones.
Si la víctima propone que una patrulla pase cerca cada 10 horas, ahí se queda y no le hacen saber qué otros tipos de medidas pueden ayudar a personas que viven en zonas vulnerables, señaló el defensor de derechos humanos.
Maldonado cuestionó que el mecanismo de protección dicen «estamos en defensa y tenemos bajo la protección a tantos». Sin embargo, lamentó que en Honduras los periodistas siguen haciendo su trabajo a la buena de Dios.
Periodistas, en vulnerabilidad extrema: ASJ
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), condenó enérgicamente la reciente escalada de violencia contra periodistas en el país. La organización expresó su repudio por los asesinatos del periodista Javier Antonio Hércules Salinas en Santa Rosa de Copán y del locutor radial Carlos Gilberto Aguirre en Juticalpa, Olancho.
Según la ASJ, la alarmante cifra de asesinatos impunes evidencia un abandono institucional sostenido y una crisis estructural en los mecanismos de protección para periodistas, lo que continúa deteriorando las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y el espacio cívico en el país.
La organización destacó asimismo que el caso de Javier Hércules, quien se encontraba adscrito al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, deja en evidencia no solo la extrema vulnerabilidad del gremio, sino también las deficiencias estructurales del mecanismo. La ASJ sostuvo que este ha fallado en su propósito central de salvaguardar la vida de quienes enfrentan riesgos por ejercer su labor informativa.
Además, rechazó de forma rotunda los ataques provenientes desde el poder o de sectores afines, que se manifiestan en señalamientos públicos, querellas, amenazas y discursos de odio contra periodistas.
Atacar a un periodista es atacar la verdad
La ASJ denunció el clima de hostigamiento que busca silenciar voces críticas e independientes, debilitando las bases de una sociedad democrática. Agregó que atacar a un periodista es atacar la verdad y que la libertad de expresión es un derecho fundamental que no debe ser silenciado con amenazas ni discursos de odio.
En su pronunciamiento, el organismo exigió a las autoridades competentes llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas y transparentes sobre los asesinatos de Javier Hércules y Carlos Aguirre y aplicar todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales.
Además, instó al fortalecimiento urgente del Mecanismo de Protección, dotándolo de recursos suficientes, protocolos efectivos y voluntad política para que cumpla su función de manera efectiva.
La Asociación para una Sociedad más Justa reiteró su firme compromiso con la defensa de la democracia, la transparencia y los derechos fundamentales. Asimismo, subrayó que no se puede permitir que el miedo ni el silencio prevalezcan sobre el derecho ciudadano a estar informado y a expresarse libremente.
C-Libre condena asesinato de periodista protegido
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) expresó profundo pesar y condenó enérgicamente la muerte violenta de Javier Hércules. El periodista asesinado tenía medidas otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección desde 2023, luego de haber sido víctima de un secuestro, según la Alerta 85-2023 emitida por la organización.
Este hecho representa el segundo asesinato de un periodista protegido en menos de un año y la muerte violenta número 110 de periodistas y comunicadores sociales en Honduras, según el conteo oficial de C-Libre.
Las organizaciones y gremios coinciden en que el asesinato se produce en un contexto alarmante de violencia sistemática y alta impunidad contra periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras.
C-Libre señaló que diversos organismos internacionales han alertado sobre el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de expresión en el país. Esta situación se ha agravado con la polarización política y la imposición de estados de excepción que limitan derechos fundamentales.
No cumplen recomendaciones internacionales
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, Honduras recibió en su tercer ciclo, realizado en 2020, múltiples recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Las sugerencias de Naciones Unidas incluyen la obligación de erradicar la violencia y garantizar investigaciones diligentes. No obstante, C-Libre advirtió que persiste la falta de avances concretos en el cumplimiento de estas recomendaciones.
C-Libre recalcó que la relatora especial de la ONU ante la libertad de expresión, Irene Khan, alertó en su informe de 2024 sobre la insuficiente implementación de medidas de protección y urgió a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección.
Khan destacó la necesidad de adaptar el mecanismo a las realidades de riesgo enfrentadas por periodistas, especialmente en zonas de alta conflictividad. Además, subrayó la importancia de crear condiciones legales y operativas adecuadas para medios comunitarios y de despenalizar delitos que criminalizan la protesta pacífica.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó adoptar medidas preventivas efectivas y garantizar investigaciones exhaustivas. Asimismo, pidió sancionar a los responsables, entre otros pasos necesarios para romper el ciclo de impunidad que rodea las agresiones contra periodistas.
Priorizar casos es crucial
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) ha hecho reiterados llamados a fortalecer el Sistema Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Si bien la Oacnudh reconoció que Honduras cuenta con un mecanismo oficial, también señaló la necesidad de mejoras sustanciales para que este sea verdaderamente efectivo.
Ante este grave panorama, C-Libre exigió al Estado hondureño la implementación inmediata y efectiva de una serie de acciones. Entre ellas, agilizar los comités técnicos de evaluación para asignar medidas de protección adecuadas y oportunas, priorizando casos pendientes desde mediados de 2024. Estas iniciativas pretenden evitar demoras que pongan en riesgo la vida de periodistas.
También solicitó desarrollar e implementar un protocolo diferencial para periodistas, comunicadores sociales y defensores que trabajan en zonas de alta conflictividad vinculadas con el narcotráfico, extractivismo, crimen organizado y corrupción.
Este protocolo debe contemplar la interresponsabilidad de actores clave como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre otros.
No limitarse al WhatsApp: C-Libre
C-Libre recomendó incorporar el proceso de investigación y documentación periodística como elemento central en los análisis de riesgo y no limitarse exclusivamente a la etapa de publicación. Reconocer esta fase es fundamental para visibilizar riesgos invisibles y prevenir ataques.
La organización también urgió a mejorar los canales de comunicación directa y permanente entre el Mecanismo y las personas protegidas, superando la práctica actual de enviar mensajes mensuales por WhatsApp, lo que limita la eficacia de la respuesta ante cambios en el entorno de riesgo.
Asimismo pidió impulsar una reforma integral de la Ley de Protección para Personas Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Esta reforma debe garantizar la participación sustantiva de las personas beneficiarias y promover un modelo de protección integral, preventivo, territorializado y con enfoque diferencial, acorde con los estándares internacionales.
C-Libre exigió la adhesión plena y aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú, con el fin de fortalecer el acceso a la información, promover la participación ciudadana y proteger a los defensores de derechos humanos ambientales, incluyendo periodistas que cubren estos temas.
Federación de Periodistas exige pronta investigación
La Federación Internacional de Periodistas repudió el asesinato de Salinas y exigió a las autoridades una pronta investigación para determinar si tiene relación con su trabajo periodístico y evitar que este caso quede impune.
Según la FIP, Salinas se había instalado en Honduras luego de haber sufrido un intento de secuestro y contaba con medidas de protección implementadas por las autoridades hondureñas, otorgadas a raíz de amenazas previas.
Asesinatos de periodistas: una larga lista
La Red Centroamericana de Periodistas expresó su repudio ante el asesinato del periodista hondureño Javier Antonio Salinas, quien laboraba en el canal local A Todo Noticias (ATN). El crimen ocurrió la mañana del 1 de junio, cuando Salinas salía de su vivienda en Santa Rosa de Copán, Honduras.
Este asesinato se suma a una larga lista de muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales en Honduras, que ya superan el centenar entre 2001 y 2025. La mayoría de estos casos continúan sin resolverse, lo que refleja un preocupante nivel de impunidad.
Crece violencia contra la prensa en Honduras
El crimen ocurre en un contexto de creciente hostigamiento y persecución contra medios y periodistas en Honduras. El 18 de mayo, en Tegucigalpa, el director del medio Comando Maya, Frank W. Mejía, sufrió agresión de policías que irrumpieron en su vivienda. A Mejía lo esposaron, le vendaron el rostro, lo golpearon y ataron a un árbol. Los hechos quedaron grabados en video y fueron difundidos por redes sociales.
Asimismo, el 26 de mayo, el medio oficial de las Fuerzas Armadas, FF. AA. Digital, publicó en su portada las fotografías de los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces; y Rodrigo Wong Arévalo, director de Abriendo Brecha y propietario de Canal 10, bajo el titular «Sicarios de la verdad».
La publicación se produjo luego de que Sierra y Rodríguez criticaran en un evento público las denuncias penales presentadas por el jefe del Ejército ante el Ministerio Público contra 12 medios que se negaron a revelar sus fuentes en reportajes sobre corrupción militar.
El 31 de mayo, el medio ICN Digital también denunció que su equipo de periodistas ha sido presuntamente amenazado por funcionarios del Gobierno y del Congreso señalados en investigaciones del propio medio sobre casos de corrupción.
Frente a esta situación, la Red Centroamericana de Periodistas exigió una investigación pronta y exhaustiva que permita llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Javier Antonio Salinas.
Además, expresó su solidaridad con las y los periodistas de Honduras y demanda el cese inmediato del hostigamiento y la persecución.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y brinde apoyo a los medios y periodistas independientes del país.
