Mientras arde el debate sobre las antenas Starlink para garantizar la conectividad en las elecciones, el TJE se enfrenta a una fractura interna por la inscripción de Jorge Cálix y Cristian Villalobos
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras A menos de un mes de las elecciones generales, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrenta una grave crisis interna por la polémica decisión de dos de sus magistrados de ordenar la inscripción de Jorge Cálix, del Partido Liberal, y Cristian Villalobos, del Partido Nacional.
La resolución fue firmada por Mario Flores Urrutia, presidente del TJE, y la magistrada Miriam Barahona sin la participación del magistrado Mario Morazán Aguilera, quien denunció que el acto fue ilegal. “El único que puede ordenar al Consejo Nacional Electoral es el pleno, y el pleno somos tres. Ellos dos no pueden hacerlo en reunión de dúo”, advirtió Morazán, asegurando que la sesión se realizó al margen de la ley.
Según el presidente del tribunal, la decisión se sustentó en la normativa electoral. “Las actuaciones que hicimos con la magistrada Barahona están conforme a ley. El artículo 5 de la Ley Orgánica Electoral y Procesal me obliga a garantizar la continuidad del tribunal”, afirmó Flores Urrutia, justificando que la ausencia de Morazán lo obligó a mantener el funcionamiento de la institución.
Audios filtrados y denuncias de persecución
La tensión se incrementó cuando se filtró un audio en el que Flores Urrutia supuestamente le decía a Morazán que lo que está en juego “no es jurídico, sino político. El contenido reavivó sospechas sobre pactos entre partidos tradicionales.
El magistrado Morazán, del Partido Libre, sostuvo que las decisiones del tribunal buscan “legalizar un acto ilegal”, ya que tanto Cálix como Villalobos “ya compitieron en comicios internos y están inhabilitados para las elecciones del 30 de noviembre”.
En medio del escándalo, los magistrados Barahona y Flores denunciaron públicamente que temen ser capturados por sus resoluciones. “Se nos va a presentar requerimiento fiscal para capturarnos a la brevedad posible por tomar decisiones legales en garantía de la democracia del país”, alertó Barahona.
Flores, por su parte, aseguró estar bajo amenaza. “Estoy solicitando el sistema de protección porque me siento completamente en riesgo y responsabilizo al fiscal general y al magistrado Morazán”.
Ambos señalaron que incluso sus oficinas estaban sitiadas por agentes del Estado. “Estoy atrincherado en mi hogar, no voy a salir. Cualquier cosa puede pasar en este Estado represor que tenemos ahorita”, manifestó el presidente del TJE.
Flores Urrutia también informó que ha denunciado la situación ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y misiones internacionales.
Surgen dudas sobre la conectividad electoral
Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no logra consenso sobre cómo garantizar la transmisión de resultados. Las autoridades evalúan el uso de antenas Starlink, propiedad de Elon Musk, para asegurar la conectividad de los centros de votación en zonas rurales.
Sin embargo, la falta de acuerdos técnicos y políticos mantiene el tema en discusión, aumentando las preocupaciones sobre la transparencia del proceso. Mientras el CNE busca asegurar la comunicación el día de los comicios, el TJE continúa envuelto en una disputa que podría influir directamente en la validación de resultados.
