Denuncian uso ilegítimo del derecho penal para favorecer intereses privados y criminalizar la defensa del territorio lenca
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Continúa el patrón de criminalización contra el Consejo Indígena Lenca de Siguatepeque. Esta vez, la acusación recae sobre 20 personas originarias por el supuesto delito de usurpación.
¿De qué acusan a 20 personas originarias?
Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, denunció que una vez más el Ministerio Público está utilizando de manera ilegal e ilegítima el derecho penal para defender intereses privados.
En este caso se trata de Gabriel Natanael Boiangín, de Siguatepeque, departamento de Comayagua, quien ha acusado a 20 personas lencas por el delito de usurpación. El señalamiento incluye a tres miembros del Consejo Indígena Lenca de La Tigra, representadas por el Bufete Justicia para los Pueblos.
Según Tábora, se acusa a las personas de un delito que no han cometido. Agregó que se está utilizando el Juzgado de Jurisdicción Nacional con competencia en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción para deslegitimar y estigmatizar la defensa del territorio que realizan los pueblos indígenas.
Patrón de criminalización contra pueblo originario
Este caso forma parte de un patrón de criminalización que se suma en los últimos cinco años a otros diez requerimientos fiscales presentados por los fiscales en Siguatepeque, declaró Edy Tábora.
De igual manera denunció al exfiscal Maximiliano Rubí y al actual fiscal Rudy Lambert Thomas. Tábora señaló que ambos han asumido esta causa para defender los intereses de los terratenientes de la zona.
El Bufete Justicia para los Pueblos exigió que el Poder Judicial cierre este proceso mediante un sobreseimiento definitivo y reconozca la legítima lucha de los pueblos indígenas, así como sus derechos territoriales y la propiedad colectiva.
También solicitó que se garantice la seguridad de la tenencia de la tierra para los miembros de los consejos indígenas de Siguatepeque.
La abogada Kenia Oliva, del mismo Bufete, manifestó que el 4 de noviembre empezó la audiencia en el Juzgado de Jurisdicción de Competencia Territorial.
Oliva indicó que se trata de un requerimiento presentado por el Ministerio Público por el delito de usurpación contra varios miembros del Consejo Indígena Lenca de La Tigra, en la comunidad de Siguatepeque.
Manifestó que el caso preocupa porque hay un patrón de la fiscalía de Siguatepeque de presentar acusaciones por usurpación contra los consejos indígenas que están en posesión de la tierra, amparados por un título ancestral.
¿Irregularidades en el proceso judicial?
Kenia Oliva señaló que el Ministerio Público ha presentado varias acusaciones en representación del señor Natanael Boiangín. Sin embargo, aseguró la abogada, el juzgado de Siguatepeque declinó conocer el proceso y lo remitió al juzgado de competencia territorial.
Según Oliva, la ley establece que estos juzgados deben conocer delitos de usurpación solo cuando se trata de grupos organizados para cometer delitos, es decir, vinculados a criminalidad organizada. “Ya hay antecedentes de que este juzgado ha declinado conocer expedientes de Siguatepeque por el mismo delito”, dijo.
Oliva expresó que la jueza número dos del juzgado no resolvió, como manda la ley, una excepción presentada por escrito desde el 23 de octubre por falta de acción e incompetencia del tribunal.
“El Código Procesal Penal, en su artículo 47, párrafo tercero, establece que las excepciones presentadas por escrito deben resolverse en un plazo de tres días. No lo hizo, faltando a las reglas del debido proceso”, expresó Oliva.
Asimismo, agregó que la jueza acumuló una audiencia inicial ya iniciada, aunque la ley lo prohíbe. “Es una audiencia con vicios de nulidad”, añadió. Aunque se le puso en conocimiento a la jueza, el proceso continuó, según Kenia Oliva.
MP no investiga, afirma Bufete
Durante la audiencia, los representantes legales mostraron pruebas de que el señor Natalio Boiangín ha firmado contratos de promesa de venta con varios de los imputados y ha recibido dinero por esas tierras. Según este contexto, la abogada Kenia Oliva añadió que “no es materia penal”.
La representante del Bufete Justicia para los Pueblos señaló que el Ministerio Público no realiza ninguna investigación cuando se trata del señor Boiangín y que junto con el jefe de Catastro de la municipalidad han realizado inspecciones irregulares.
De igual manera, Oliva expresó: “El jefe de Catastro Municipal abusa de su función, ya que establece en las constancias que hay personas usurpando la tierra, convirtiéndose como si fuera un juez”.
Por último, la jueza suspendió la audiencia tras los recursos interpuestos por la defensa y fijó nueva fecha para el próximo 25 de noviembre.
El Bufete Justicia para los Pueblos reiteró el llamado al Ministerio Público para que sancione a los fiscales responsables de estas acciones en contra de los miembros de los consejos indígenas.
