El «Estado profundo» y Joe Biden condenaron a su esposo, aseguró Ana García tras lanzar amenazas veladas contra la prensa independiente
Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. En una declaración cargada de advertencias y teorías conspirativas, Ana García de Hernández, esposa del expresidente condenado por narcotráfico Juan Orlando Hernández, lanzó un mensaje dirigido a medios y periodistas que han cubierto el caso, sugiriendo que maneja una “lista” de comunicadores que, a su juicio, han sido “pagados para desacreditarlos”.
En un extenso alegato, García intentó reescribir la condena internacional contra su esposo, afirmando que su extradición y sentencia fueron resultado de una “conspiración” tejida por el “estado profundo” de Estados Unidos, que habría ignorado, según ella, las supuestas pruebas de su lucha contra el crimen organizado.
“Así que se inventaron una serie de cosas que desafortunadamente fueron respaldadas por el estado profundo en Estados Unidos… Todo se trató de una conspiración que fue desarrollada cuando ya el gobierno de Biden comenzó a atacar a alguien que había sido aliado del presidente Trump”, declaró.
Con tono desafiante, cuestionó la credibilidad de las instituciones estadounidenses que colaboraron con Hernández durante su mandato:
“¿Estados Unidos, el país más informado del mundo, iba a permitir que alguien ligado al narcotráfico fuera a la CIA, a la DEA… se reuniera en la Casa Blanca? No, por supuesto que no”.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad judicial: Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado en 2024 por narcotráfico y posesión de armas, tras un proceso con múltiples testigos y evidencias materiales presentadas por fiscales y agentes federales.
La advertencia velada a la prensa
El segmento más inquietante de su intervención fue dirigido a los medios de comunicación, a los que acusó de manipulación y recibir financiación para afectar su imagen.
“No me causa sorpresa porque sé que viene de medios que probablemente manipulan, tergiversan información, medios que por años han sido pagados para desacreditarnos. Yo tengo ya una lista y la he identificado a lo largo de los años quiénes son”.
Estas palabras han sido interpretadas por organizaciones de libertad de prensa como una amenaza implícita hacia periodistas y medios independientes, en un país donde el ejercicio del periodismo ha sido históricamente riesgoso.
Contexto de crisis electoral y polémico indulto
Sus declaraciones se producen en medio de la tensa espera por los resultados de las elecciones generales y semanas después de que el expresidente Donald Trump indultara a Hernández, medida que ha sido leída en clave geopolítica como un respaldo a los sectores tradicionales del poder hondureño.
Ana García aseguró que su esposo tendrá la oportunidad de dar “su verdad ante el pueblo hondureño y el mundo entero”, sugiriendo una posible ofensiva comunicacional o legal para revisar su condena.
La libertad de prensa en Honduras enfrenta una de sus etapas más críticas en vísperas y posteriores a las elecciones generales. Organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) han documentado un patrón sistemático de hostigamiento, estigmatización y amenazas provenientes de altos mandos militares y funcionarios públicos. Estas acciones, que incluyen acusaciones públicas, vigilancia digital y presiones judiciales, buscan silenciar a medios independientes que investigan corrupción, narcotráfico y abusos de poder, creando un entorno hostil que socava la democracia.
La Misión Internacional de Libertad de Expresión en Honduras, integrada por múltiples organizaciones globales, ha alertado sobre la falta de garantías para el ejercicio periodístico y el clima de riesgo que viven los comunicadores. Ante esto, se han emitido recomendaciones concretas al Estado hondureño, como garantizar el acceso a la información, abstenerse de estigmatizar a la prensa, investigar las amenazas y fortalecer los mecanismos de protección. La comunidad internacional, incluyendo la OEA y la UE, ha sido llamada a monitorear de cerca esta situación, pues la libertad de expresión es fundamental para la transparencia electoral y la salud democrática de Honduras.
En las últimas semanas, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras ha emitido declaraciones públicas de extrema gravedad, en las que acusa a medios de comunicación y periodistas de encabezar supuestas “campañas mediáticas disfrazadas de cobertura periodística” contra la institución militar. Estas afirmaciones, acompañadas de insinuaciones sobre un presunto “entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras del crimen organizado” en el contexto electoral, constituyen actos de estigmatización que buscan desacreditar el ejercicio profesional de la prensa.
