El gobernante de EE. UU. Donald Trump «amenazó a la ciudadanía alterando el libre ejercicio del sufragio», declararon los diputados
Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional de Honduras, a través de su Comisión Permanente, denunció este miércoles un «golpe electoral en curso». Este pronunciamiento, sin embargo, surge en un contexto de parálisis parcial legislativa, ya que la Comisión solo la integran 9 de los 128 diputados del pleno, el cual no ha sido convocado a sesiones por su presidente, Luis Redondo, desde finales de agosto.
Detalles de la denuncia y críticas al CNE
En un comunicado leído por el propio Redondo, la Comisión aseguró que el proceso electoral del 30 de noviembre fue alterado por «acciones coordinadas» de actores nacionales y extranjeros, afectando su transparencia y legitimidad.
Entre las irregularidades denunciadas se encuentran:
- Fallas graves en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), las cuales están siendo investigadas por el Ministerio Público.
- Una polémica resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que eliminó el requisito obligatorio de la verificación biométrica en las mesas de votación. La Comisión argumenta que esta medida «contaminó las actas» y abrió la puerta a manipulaciones, además de representar una «suplantación de funciones» del Poder Legislativo.
Condenan la «injerencia inadmisible» de Estados Unidos
El punto más contundente del comunicado es la condena a lo que califica como una «injerencia inadmisible» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La Comisión señaló específicamente dos acciones:
- El apoyo público expresado por Trump al candidato Nasry Asfura días antes de los comicios.
- El indulto concedido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Nueva York por narcotráfico.
El texto parlamentario afirma que estas acciones «constituyen una injerencia inadmisible, una amenaza directa al pueblo hondureño y una violación flagrante de los principios democráticos», al buscar influir en el voto «mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos».
Contexto de la disputa
Es fundamental contextualizar que esta denuncia proviene de la Comisión Permanente, un órgano cuya legitimidad y legalidad están en entredicho.
- La instalación de esta Comisión, integrada mayoritariamente por diputados oficialistas y algunos aliados, ha sido calificada como ilegal por las bancadas de oposición, que representan la mayoría del hemiciclo.
- La parálisis legislativa mencionada se debe a que el presidente del Congreso, Luis Redondo (del partido oficialista Libre), no ha convocado al pleno de los 128 diputados a sesiones ordinarias desde agosto, impidiendo el funcionamiento normal del poder legislativo.
Este pronunciamiento se suma a un tenso escenario postelectoral, donde el CNE continúa con el conteo final de votos entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, bajo la atenta mirada de misiones de observación internacional que han llamado a la calma y al apego a los canales legales.
Llamado internacional a la calma y la legalidad
Ante este escenario, las misiones internacionales de observación emitieron pronunciamientos pidiendo moderación y apego a la ley.
La Misión de la OEA rechazó «categóricamente cualquier llamado a alterar el orden público», advirtiendo que estas convocatorias intentan obstaculizar las fases finales del proceso electoral. Enfatizó que «los liderazgos políticos tienen el deber de ejercer responsablemente su posición» y llamó a esperar los resultados oficiales mientras se vigila el escrutinio.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea hizo un llamado «a la calma y al apego a la ley». La misión instó a los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral a desempeñar sus funciones «de manera imparcial y ejemplar», respetando su mandato y evitando «obstrucciones o retrasos políticamente motivados».
