El consejero de Libertad y Refundación denunció que la declaratoria busca «consumar un fraude electoral»
Por Dunia Orellana
Tegucigalpa, Honduras. Veintitrés días después de los comicios, Honduras sigue sumida en la incertidumbre. La sombra de las denuncias de fraude aún cubre las elecciones de 2025. Mientras tanto el país aguarda, sin una resolución clara, para conocer al ganador legítimo de una contienda que los números oficiales definen como extremadamente cerrada.
Los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con un 99.92% de actas escrutadas, confirman el ajustado pulso: Nasry Asfura mantiene una mínima ventaja del 40.28% (1,475,913 votos) sobre Salvador Nasralla, quien alcanza el 39.51% (1,447,750 votos). La diferencia es de apenas 28,163 votos, equivalente a 0.77 puntos porcentuales.
Un proceso en medio de la confrontación
La tensión escaló la noche del martes 23 de diciembre cuando las consejeras electorales Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Cossette López (Partido Nacional) anunciaron, durante una audiencia pública por Zoom, que procederían con la declaratoria oficial. Ambas aparecieron compartiendo pantalla, en medio de cuestionamientos sobre su paradero.
Dos días antes, el 21 de diciembre, la Procuraduría General había interpuesto un habeas corpus ante la Corte Suprema para exigir la exhibición personal de las magistradas.
Entretanto diputados como el liberal, Mauricio Rivera sostienen que las funcionarias están bajo protección de la Embajada de Estados Unidos para evitar su detención. Ni la legación diplomática ni el Ministerio Público han confirmado esta afirmación.
Las voces que rechazan la declaratoria
La decisión de las consejeras fue recibida con un rechazo categórico por varios sectores. Por ejemplo, el consejero de Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, denunció que el acto busca «consumar un fraude electoral» y anunció su separación del proceso. “Me retiro y me separo de cualquier actuación destinada a consumar un delito. Voy a presentar una denuncia ante el Ministerio Público».
Ochoa argumentó que es imposible declarar un ganador mientras no se resuelvan 288 recursos (impugnaciones, nulidades y reclamos) pendientes y se revise un paquete de 19,167 actas. «Hacerlo violaría el debido proceso, la Constitución y la voluntad popular real», afirmó.
Por su parte, el candidato Salvador Nasralla se dirigió a las consejeras con tono desafiante. «Ustedes pueden hacer lo que quieran… Hagan lo que quieran, pueden hacer la declaratoria. Pero sí les digo que el 70% de la población de Honduras no está de acuerdo», advirtió el presidenciable liberal.
Esta advertencia se suma a sus anteriores acusaciones de fraude y exigencias de un recuento voto por voto. Nasralla enfrenta una división interna en su partido, evidenciada en debates públicos con Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal.
Mientras tanto, la candidata de Libre, Rixi Moncada, fue más lejos, calificando el acto como un «golpe de Estado electoral en vivo». Además acusó a las consejeras de cometer «un acto criminal» al eliminar revisiones e impugnaciones. «¡Es la imposición de un presidente sin justicia y sin derecho!», sentenció.
Incidentes violentos y posiciones internacionales
El ambiente de tensión se vio empañado por incidentes violentos. Las consejeras Hall y López denunciaron que, el lunes, supuestos colectivos afines a Libre atacaron con bombas molotov un autobús que transportaba a trabajadores del escrutinio.
Contradictoriamente, la noche del martes, simpatizantes del Partido Nacional celebraban dentro del centro de conteo del Infop.
En este contexto, el presidente del Congreso, Luis Redondo, criticó el «silencio» de las misiones observadoras internacionales, acusándolo de ser «sumisión política frente a la presión ejercida por Donald Trump». Su crítica se dirigió explícitamente a la OEA y la Unión Europea.
Frente a estas acusaciones, los organismos emitieron posturas distintas:
- La OEA instó (22 de diciembre) a concluir el escrutinio «lo antes posible» y a certificar el proceso antes del 30 de diciembre.
- La Unión Europea, a través de su Misión de Observación (MOE UE), reconoció una «parálisis continua e intencionada» en la administración electoral, pero consideró que el escrutinio se ha llevado a cabo «de forma transparente».
- La ONU en Honduras, por su parte, celebró la calma inicial e hizo un llamado a la «máxima moderación» y a resolver las controversias por las vías legales.
