Por Redacción de RSM
Nueva York, Estados Unidos. El vuelo 457 a San Pedro Sula estaba listo para despegar desde Texas cuando la orden judicial llegó. Era 21 de noviembre, Día de Acción de Gracias, y el juez federal Richard Stearns acababa de firmar una medida de emergencia: Any Lucía López Belloza no podía ser deportada. Tenía que permanecer en Estados Unidos al menos 72 horas más.
Pero el avión ya estaba en movimiento. Y la orden, impresa en papel urgente, nunca llegaría a tiempo.
La estudiante que quería sorprender a su familia
Any Lucía, de 19 años y estudiante de primer año en el prestigioso Babson College de Massachusetts, había comprado el boleto como regalo secreto. Sus padres, aún en Austin, Texas, no sabían que volaría para celebrar Acción de Gracias juntos por primera vez en años.
En el aeropuerto Logan de Boston, su pase de abordar falló. Cuando se acercó al mostrador de ayuda, agentes de Inmigración la rodearon. Tenían una orden de deportación de 2015 con su nombre.
«¿Una orden de 2015?», preguntaría después su padre, Francis López, aún incrédulo. «Nunca nos notificaron. Vivimos aquí 12 años pensando que nuestro caso seguía abierto».
El agente que no activó la alerta
Mientras Any era trasladada a un centro de detención en Texas, sus abogados corrían contra el reloj. Lograron la orden judicial a las 10:32 a.m. del 21 de noviembre. La enviaron por fax, correo, mensajería.
En algún lugar del sistema de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un agente recibió la notificación. Vio que Any ya no estaba en Massachusetts. «Creí que la orden ya no aplicaba», declararía después en documentos judiciales. No activó el sistema de alertas. No notificó a la oficina en Port Isabel, Texas, donde Any esperaba su vuelo final.
A las 3:15 p.m. del 22 de noviembre, Any abordó el avión. La orden judicial llevaba casi 29 horas circulando por oficinas gubernamentales.
«En nombre del gobierno, queremos disculparnos sinceramente»
En la audiencia del martes en Boston, el fiscal federal Mark Sauter se puso de pie frente al juez Stearns. «Fue un error involuntario de un individuo, no un acto deliberado», dijo, las palabras medidas, protocolarias.
Sauter describió el error como técnico, burocrático. Un formulario no marcado. Un protocolo omitido. «El empleado comprende que cometió un error», agregó.
Pero Todd Pomerleau, abogado de Any, escuchaba con los puños apretados bajo la mesa. «Violaron una orden judicial. Punto», diría después a la prensa. «Esperaba que el gobierno mostrara cierta indulgencia y la trajera de regreso».
El patrón: deportaciones a pesar de las cortes
El caso de Any no es único. Kilmar Ábrego García fue deportado a El Salvador pese a una orden judicial. La Corte Suprema tuvo que intervenir para que el gobierno accediera a traerlo de vuelta. En junio, un hombre guatemalteco identificado como O.C.G. fue devuelto desde México después de que un juez determinara que su expulsión «carecía de cualquier apariencia de debido proceso».
En el estrado, el juez Stearns balanceaba su silla. «Aprecio que reconozcan el error», dijo. Luego, casi para sí mismo: «Lo llamaría trágico».
Pero cuando los abogados de Any pidieron que se declarara al gobierno en desacato, Stearns negó con la cabeza. «No parece intencional», dijo. Y luego la pregunta técnica, la que definiría todo: ¿Tenía él aún jurisdicción si la orden se presentó horas después de que Any saliera de Massachusetts?
El patio trasero y los agentes sin distintivos
El domingo por la tarde, Francis López lavaba su coche frente a su casa en Austin cuando vio una camioneta blanca sin distintivos. Su hija menor, de cinco años, corrió hacia la calle. Francis la alcanzó justo antes de que la camioneta pasara.
Minutos después, dos vehículos más aparecieron. Un hombre con chaleco verde de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) salió corriendo hacia él. Francis, sin entender, corrió hacia el patio trasero y cerró la verja con pestillo.
El agente abrió la verja a la fuerza, según el relato de Francis. Entró al patio. Francis corrió dentro de su casa y cerró la puerta. Desde la ventana, vio a los agentes parados allí, mirando la casa. Se quedaron dos horas. Nunca llamaron a la puerta. Nunca mostraron una orden.
«Para que quede claro», diría después el congresista Greg Casar, «el gobierno de Trump está atacando a la familia de una estudiante universitaria porque ella denunció la forma injusta en que fue tratada».
La víctima sin culpable
En la corte, el juez Stearns resumió la paradoja. «Puede que no sea culpa de nadie, pero ella fue la víctima».
Any ahora vive con sus abuelos en Honduras, estudiando a distancia. Visitó recientemente a una tía en El Salvador. Tiene 19 años y una orden de deportación de cuando tenía 11.
El juez sugirió una visa de estudiante. El gobierno insiste en que la deportación fue legal. Su abogado trabaja para reabrir el caso.
Mientras tanto, en Austin, Francis López revisa las cerraduras de su casa cada noche. «Estamos un poco asustados», confiesa. «Más que todo por nuestras hijas».
En algún archivo gubernamental, la orden judicial del 21 de noviembre yace archivada. Llegó tarde al aeropuerto. Pero llegó. Y esa llegada tardía, ese «error trágico», revela algo más profundo: cómo un sistema diseñado para hacer cumplir la ley puede, en un descuido burocrático, violar la ley misma.
