Minneapolis, Estados Unidos. Renee Good tenía dos balazos en el pecho y uno en el antebrazo cuando los socorristas la encontraron inconsciente en su SUV el 7 de enero. Para cuando la sacaron, ya no tenía pulso. Su muerte a manos de un agente de ICE —durante las protestas contra las redadas migratorias— ha desatado una escalada represiva que el gobierno de Trump llama «insurgencia» y las familias atrapadas denuncian como terror de Estado.
Lo que pasó: Una semana violenta
7 de enero: Agente de ICE mata a Renee Good durante protestas. Informes policiales detallan heridas de bala en pecho y brazo.
Una semana después: Otro agente federal dispara e hiere a un hombre venezolano en «parada dirigida».
Familias atrapadas: Agentes lanzan gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra un auto con seis niños (el menor de 6 meses), según Shawn y Destiny Jackson.
Las voces: De «terroristas» a perfiles raciales
Stephen Miller, asesor de Trump: «Esto es una insurgencia contra el gobierno federal».
ACLU de Minnesota (en demanda federal): Agentes realizan «perfil racial» contra somalíes y latinos.
Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional: El agente que disparó al hombre venezolano «fue golpeado y magullado. Está recibiendo tratamiento».
La gran contradicción: Retórica vs. Realidad
El gobierno Trump justifica su escalada citando «ataques contra agentes». Pero una revisión judicial federal reveló el jueves:CERO cargos federales por agresión a oficiales relacionados con las protestas de la semana.
Mientras tanto:
- Los distritos escolares de Minneapolis y St. Paul ofrecen clases remotas por el miedo generalizado.
- Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas.
¿Por qué importa?
- Patrón de impunidad: Muertes y violencia sin rendición de cuentas judicial.
- Militarización de agencias civiles: ICE actuando como fuerza de choque con gases y granadas.
- Efecto colateral en familias: Niños gaseados, comunidades traumatizadas, educación interrumpida.
- Discurso inflamatorio: Etiquetar manifestantes como «terroristas» normaliza la violencia estatal.
Lo que comenzó como una muerte bajo investigación se ha convertido en una crisis de derechos civiles, donde la retórica gubernamental excede ampliamente la evidencia jurídica, y las familias atrapadas en el medio pagan el precio más alto.
