Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. Un contundente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha desentrañado la compleja red delictiva que planificó y ejecutó el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
El documento, presentado este mes, confirma lo que organizaciones sociales y la familia de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) han denunciado por casi una década: el crimen fue perpetrado por una estructura que involucró a sicarios, intermediarios con formación militar, directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) —promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca— y contó con la complicidad de instituciones del Estado.
Pronunciamiento-Informe-GIEI-Espacio-ACI_vfAnte estos hallazgos, la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), que agrupa a 30 ONG con trabajo en Honduras, emitió un pronunciamiento. En su comunicado exigen al Ministerio Público que enjuicie y condene a los autores intelectuales que permanecen en la impunidad. Asimismo urge al Estado a cumplir con un plan de reparación integral para las víctimas.
Fondos de bancos de desarrollo para financiar el crimen
Uno de los aspectos más graves revelados por el GIEI —instalado en febrero de 2025 mediante un acuerdo entre la CIDH, el Estado hondureño, Cejil y el Copinh— es la financiación de la operación delictiva.
El informe evidencia que fondos provenientes de bancos internacionales de desarrollo —el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el banco de desarrollo holandés FMO y el finlandés FinnFund— fueron desviados para financiar la estructura criminal que atacó sistemáticamente a quienes se oponían al proyecto Agua Zarca en Río Blanco, territorio ancestral lenca.
“Esta red de criminalidad empresarial y financiera operó con altos niveles de impunidad y con la complicidad de instituciones del Estado de Honduras”, señala el pronunciamiento del Espacio ACI.
Pese a la contundencia de las pruebas, solo han sido condenados los autores materiales y algunos intermediarios de la empresa DESA. Los altos directivos y funcionarios públicos involucrados no han sido investigados exhaustivamente, perpetuando un ciclo de injusticia.
A cancelar la concesión y reparar a las víctimas
Las organizaciones internacionales instan al Estado hondureño a cumplir, dentro del plazo establecido por el GIEI, con un plan de reparación integral. Subrayan que, a casi diez años del feminicidio político, persisten las causas estructurales que originaron la conflictividad: la falta de reconocimiento del territorio ancestral lenca y la vigencia de la concesión del proyecto hidroeléctrico.
“Hacemos un llamado explícito al Estado de Honduras a cancelar dicha concesión y garantizar el pleno reconocimiento y respeto de los derechos territoriales del pueblo indígena lenca”, exige el documento.
La reparación, según las organizaciones, no puede ser solo simbólica; debe incluir la restitución territorial y la garantía de no repetición, lo cual implica desmantelar el modelo extractivista que se impone sin consulta previa.
Criminalización empresarial y nuevos casos
El pronunciamiento advierte que las fallas en la investigación del caso Cáceres no deben repetirse en otros crímenes contra defensores ambientales. Cita expresamente el asesinato del defensor Juan López, entonces coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), ocurrido hace dieciséis meses.
Las organizaciones expresan “preocupación por la suspensión de la orden de captura y la alerta migratoria a favor del empresario Lenir Pérez”, identificado por la comunidad como uno de los presuntos autores intelectuales.
Este caso guarda un paralelismo alarmante con el de Berta Cáceres. El proyecto minero de Inversiones Los Pinares/Ecotek se instaló de manera irregular en el territorio, generando una escalada de violencia.
“Es primordial que el Ministerio Público investigue de manera exhaustiva la criminalidad empresarial, financiera y política en torno a estos asesinatos”, reclama el Espacio ACI.
La deuda histórica con los pueblos originarios
El informe del GIEI y el pronunciamiento internacional colocan nuevamente en el centro del debate la deuda histórica del Estado hondureño con los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación sobre sus territorios.
La lucha de Berta Cáceres no era solo contra un proyecto hidroeléctrico, sino por la vida, la soberanía de los pueblos y la defensa de los bienes comunes.
La presión de la comunidad internacional, articulada en este pronunciamiento firmado por organizaciones como Oxfam, Diakonia, Trocaire y Protection International Mesoamérica, busca que el Gobierno de Honduras no solo atienda las recomendaciones del GIEI. Además demanda transformar las estructuras que permiten la persecución y el asesinato de quienes defienden la tierra.
El caso Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo global de la lucha por la justicia ambiental. El mundo observa si Honduras logrará, una década después, romper las cadenas de la impunidad.
