En un país en el que hasta el asunto más nimio se convierte en un politicum, la polémica estaba servida con un tema tan sensible como la migración.
A contracorriente de lo que sucede en muchos países europeos, donde se endurecen estas políticas al calor del discurso antiinmigración, el Gobierno español aprobó el martes 27 de enero de 2026 una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular.
La medida se dirige a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia en España hasta finales de diciembre de 2025 y se cree que beneficiará a medio millón de personas. Entre ellas se encuentra Mamadou, un joven procedente de Malí que vive en El Ejido (Andalucía) y trabaja en el sector agrícola desde hace varios años. No tiene contrato de trabajo y carece de seguridad jurídica o de asistencia sanitaria.
«Con la regularización de su situación, Mamadou se levantará cada mañana para acudir a su trabajo, como hace todos los días, pero lo hará con el amparo de un contrato en vigor, con una nómina oficial con la que podrá abrir una cuenta bancaria. Lo hará sin el temor de poder ser expulsado por desarrollar su vida en este país, se sentirá, al fin y al cabo, más incluido en su sociedad de acogida, en el lugar que ahora es su hogar, donde tendrá derechos y obligaciones y donde podrá participar más activamente como vecino de El Ejido», relata a DW Juan Miralles Ortega, presidente del patronato de Convive Fundación Cepaim y Almería acoge.
Duras críticas del sector conservador
La medida fue aprobada por decreto, tras un acuerdo con el partido de izquierdas Unidas Podemos y tiene su lectura en clave de política interna, tal y como señalan medios conservadores como El Español, que apunta que las concesiones sobre migración a Podemos, el partido catalán Junts y el vasco PNV permiten al Gobierno de Pedro Sánchez rehacer pactos para seguir en el poder hasta 2027.
Las críticas van mucho más allá. El conservador Partido Popular señala que esta política migratoria va en contra de las recomendaciones de la UE. Precisamente, Magnus Brunner, comisario de Interior y Migraciones de la UE, ya ha salido al paso diciendo que estas iniciativas son «una responsabilidad de los Estados miembros».
Por su parte, el partido populista de derechas VOX considera que regularizar a medio millón de migrantes tendrá un efecto llamada que puede suponer el colapso del país en sectores como la vivienda, la seguridad, las ayudas sociales y la atención sanitaria.
El efecto llamada lo descarta Juan Miralles, de la Fundación Cepaim, que comenta a DW que la regularización «tiene una temporalidad muy clara, una fecha definida y un plazo acotado para las solicitudes. Debemos tener en cuenta que las personas a las que beneficia ya viven y trabajan en España», señala a DW.
Además, Miralles recuerda que en España ya ha habido antes varias regularizaciones extraordinarias de migrantes llevadas a cabo por Gobiernos con signos políticos diferentes al actual. «Lamentablemente, algunos partidos siguen intentando conseguir votos con agresivos discursos antiinmigración. Tratan de transmitir una imagen de caos que está muy alejada de los datos reales, ya que las llegadas por vías irregulares a costas se redujeron en un 40 por ciento a lo largo del 2025», acota.
Un paisaje con acento extranjero
En los últimos años, es cada vez más habitual en España oír por la calle a personas comunicándose en castellano con acentos de distintos lugares. Gente que cuida, reparte, transporta, sirve en cafeterías y restaurantes, atiende al teléfono, recoge cosechas, trabaja en obras o supermercados, enseña, investiga, ejerce la medicina…
Las cifras más recientes corroboran ese paisaje sonoro con acento extranjero: a 1 de enero de 2025, la población de países extracomunitarios en España alcanzó los 4.9 millones de personas, según datos del centro de pensamiento Funcas. Se estima que hay unos 840,000 cuya situación administrativa es irregular. De ellos, el 91 por ciento procede del continente americano.
«Somos un país en el que hay prácticamente 50 millones de habitantes. ¿Por medio millón de personas más va a colapsar la sanidad pública?«, alega Capitolina Díaz, catedrática y Premio Nacional de Sociología 2025.
«Es un número muy pequeño. Además, si esas personas están regularizadas, pasan con sus contribuciones a sostener el sistema sanitario público. Por otro lado, precisamente la gente de fuera suele ser joven, está en una edad en la que no se tienen tantas enfermedades. En lo que tiene que ver con las urgencias, ese posible medio millón de beneficiarios ya está siendo atendido, porque así funciona la sanidad española. Y en otras situaciones médicas, también se les atiende, con lo cual es falso que vaya a colapsar la sanidad», argumenta Díaz.
Afinidad cultural
Esa idea de impacto positivo en las arcas públicas la defienden dos estudios académicos, uno publicado por la Universidad Pompeu Fabra y otro por la Carlos III. Los trabajos llegan incluso a cuantificar la contribución de los migrantes regularizados entre 3,300 y 4,000 euros por persona, tomando en cuenta sus aportes y el uso estimado que hacen de los servicios públicos.
«Esta medida supone un reconocimiento que beneficia al conjunto de la sociedad y que contribuye a la prosperidad económica de todo el país, también mediante el refuerzo que suponen al sistema de pensiones», valora Juan Miralles.
«La regularización extraordinaria me parece acertada. Una de las razones es que algo más del 90 por ciento de estas personas son de nacionalidad latinoamericana, es decir, que tenemos una gran afinidad cultural con ellas«, comenta, por su parte, Capitolina Díaz. Sin embargo, la socióloga critica lo repentino de la medida, algo que, para ella, pone de manifiesto «la falta de una buena política de migración en España: en lugar de ser proactiva, es reactiva».
