Tegucigalpa, Honduras. La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) emitió un pronunciamiento público este sábado para rechazar de manera categórica el nombramiento del comisionado Marlon Agustín Vásquez Palma como nuevo titular de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DNPSE). Esta unidad es clave para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y testigos bajo riesgo.
Lo que para el Gobierno es un ascenso técnico en la reestructuración policial, para las víctimas de violencia institucional es una «amenaza inminente». El polémico nombramiento fue oficializado el pasado 9 de febrero de 2026 por la Secretaría de Seguridad, en el marco de una reestructuración de la cúpula policial.
Sin embargo, la designación ha destapado viejas heridas y temores en el colectivo de activistas, quienes recuerdan a Vásquez Palma como uno de los protagonistas de una de las jornadas más violentas registradas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 2017.
El fantasma del 8 de septiembre de 2017
El fantasma del 8 de septiembre de 2017 es el eje central del rechazo. Aquel día, Vásquez Palma, junto a otros dos oficiales (Juan Manuel Aguilar Godoy y Félix Adrián Colindres), participó en el ataque contra cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes que se encontraban en un busito dentro del campus de la UNAH.
«Estamos seguras de que ningún oficial puede proteger a una persona a quien le ha violentado sus derechos humanos: agrediendo, torturando y encarcelando a personas indefensas», señala el comunicado de ACI Participa, firmado por las madres de los estudiantes agredidos y encarcelados en ese entonces.
El relato de los hechos, respaldado por un video, describe cómo los oficiales abrieron por la fuerza las ventanas del vehículo y rociaron gas pimienta directamente al rostro de los ocupantes a corta distancia, para luego someterlos y arrastrarlos. Una de las víctimas, Hedme Castro, quien padece asma, sufrió un colapso respiratorio. Como resultado, la llevaron a un hospital y, tras estabilizarla, la abandonaron en una calle oscura, donde otros estudiantes la rescataron.
Antecedentes de un perfil cuestionado
El 13 de marzo de 2018, Vásquez Palma enfrentó una audiencia inicial por los delitos de tortura, lesiones y violación a los deberes de los funcionarios públicos. Aunque los absolvió una jueza de letras —decisión formalmente denunciada por la Mesa de Derechos Humanos en junio de 2018 por falta de transparencia—, el historial del comisionado no se detiene ahí.
A pesar de estas graves faltas, Vásquez Palma no solo se mantuvo en la institución, sino que ahora ha sido ratificado con un puesto de mayor sensibilidad. La DNPSE, que ahora dirige, es la encargada de coordinar la seguridad de personas con niveles de riesgo comprobado, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.
Conflicto de interés y llamado internacional
Para ACI-Participa, la situación constituye un «conflicto de interés» y una «falta de confianza» absoluta. La asociación recusa al funcionario argumentando que «desconoce la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos». Además, señala que su presencia al frente de la unidad que debe garantizar su seguridad es una forma de revictimización.
Invocando el Artículo 45 del Reglamento de la Ley de Protección, que garantiza que las medidas de seguridad sean «idóneas y concertadas», las organizaciones exigen un cambio inmediato del enlace policial.
El grupo también ha elevado la voz a instancias internacionales. Hicieron un llamado urgente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para que investigue las quejas contra el servidor público. Asimismo, solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Oacnudh) y a los cuerpos diplomáticos acreditados en el país que activen mecanismos de monitoreo ante la situación de riesgo que enfrentan los defensores en Honduras.
LA-ASOCIACION-PARA-UNA-CIUDADANIA-PARTICIPATIVA-VASQUES-PALMAAmenaza de recurso de amparo
En un tono que evidencia la falta de confianza en las instituciones nacionales, ACI-Participa anunció que se reserva el derecho de interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
«El oficial mencionado representa una amenaza inminente contra la integridad de personas defensoras de derechos humanos. Necesitamos una protección que cumpla con los estándares internacionales de confianza y efectividad», concluye el pronunciamiento.
Desde la Secretaría de Seguridad no ha habido reacción oficial hasta el cierre de esta edición, aunque fuentes internas citadas por ACI-Participa aseguran que notificaron al Gobierno con el respeto debido. Esperan que de ese modo se aplique la ley y se garantice el derecho a la defensa de los derechos humanos para «implementar una real y sólida democracia en Honduras».
