Por Alex Izán Hernández
En enero de 2026 se produjo un nuevo cambio de gobierno en Honduras, un hecho que volvió a marcar el rumbo político del país y que, como ha ocurrido en distintos momentos de la historia reciente, trajo consigo la reaparición de debates sensibles en el ámbito social, moral y educativo. Con el retorno del Partido Nacional a los principales espacios de poder, diversas iniciativas que tradicionalmente han acompañado sus administraciones regresaron a la agenda pública. Entre ellas destacó nuevamente la moción orientada a promover la lectura de la Biblia en los centros educativos públicos, una propuesta que históricamente ha generado posiciones encontradas entre quienes la consideran un refuerzo de valores éticos y culturales y quienes subrayan la importancia de mantener el carácter laico del sistema educativo y el respeto a la libertad religiosa.
La discusión cobró mayor visibilidad tras la instalación de la nueva legislatura del Congreso Nacional el 25 de enero de 2026, cuando Tomás Zambrano asumió la presidencia del Poder Legislativo y comenzó a delinear las prioridades parlamentarias del periodo. Durante las primeras semanas de febrero, además de impulsar el debate sobre la lectura de la Biblia en las escuelas, Zambrano colocó la bandera “pro vida” en las instalaciones del Congreso Nacional, un gesto simbólico que reforzó el posicionamiento conservador de la nueva dirigencia legislativa y que generó reacciones diversas en distintos sectores de la sociedad hondureña.
En este contexto, distintas voces de la sociedad civil también han comenzado a pronunciarse. El 9 de febrero de 2026, organizaciones como Ecuménicas por el Derecho a Decidir, la Plataforma 25 de Noviembre y otras organizaciones de derechos humanos expresaron públicamente su consternación y preocupación ante el rumbo que están tomando estas iniciativas, señalando los riesgos que, a su juicio, podrían representar para la laicidad del Estado, la pluralidad religiosa y la garantía de derechos en el sistema educativo.
De esta manera, el inicio del nuevo ciclo gubernamental no solo representa un relevo de autoridades, sino también la reactivación de discusiones históricas sobre la relación entre Estado, religión, derechos y educación en el país, debates que vuelven a colocar en el centro la pregunta sobre el equilibrio entre convicciones mayoritarias, marcos constitucionales y el respeto a la diversidad en la sociedad hondureña.
En Honduras, el debate sobre la lectura de la Biblia en las escuelas públicas reaparece con una persistencia que no es casual. Sectores políticos de derecha, particularmente vinculados al Partido Nacional, lo colocan una y otra vez en la agenda como si se tratara de una urgencia moral. Sin embargo, desde la sociedad civil la pregunta es otra, más incómoda y más profunda: ¿qué significa insistir en símbolos religiosos dentro de un sistema educativo que pertenece, por ley y por principio democrático, a un Estado laico?
No se trata de oponer fe y educación. La espiritualidad forma parte de la vida de millones de personas hondureñas y merece respeto. El problema comienza cuando la fe deja de ser una experiencia íntima y comunitaria para convertirse en instrumento de poder. Cuando eso ocurre, la religión ya no acompaña: delimita. Ya no consuela: clasifica. Y el Estado, que debería abrazar la diversidad, empieza a trazar fronteras invisibles entre quienes encajan en una moral dominante y quienes quedan fuera de ella.
La escuela pública es uno de los pocos espacios donde todavía es posible encontrarnos en igualdad. Niños, niñas y adolescentes de distintas creencias, historias y cuerpos comparten el mismo pupitre. Introducir la lectura obligatoria de un texto “sagrado” no es un gesto pedagógico neutral; es una señal política sobre quién pertenece plenamente y quién debe aprender a callar para no incomodar.
Para las personas LGBTTI, esta discusión no es teórica. Cada vez que el discurso religioso se instala en la política educativa, suele venir acompañado de narrativas que niegan el matrimonio igualitario, cuestionan la autonomía sobre el propio cuerpo y presentan la diversidad como amenaza. En ese clima, la Biblia deja de ser solo un libro espiritual y se convierte en argumento de exclusión. No porque la fe en sí misma excluya, sino porque el poder decide usarla para hacerlo.
Desde la sociedad civil preocupa que el lenguaje de lo sagrado esté siendo utilizado para restringir derechos en lugar de ampliarlos. Los debates sobre familia, vida o moral pública deben darse en el terreno común de los derechos humanos, donde todas las personas valen lo mismo ante la ley. Cuando el Estado adopta una narrativa religiosa, rompe ese terreno compartido y convierte la ciudadanía en una jerarquía moral.
También hay una dimensión política imposible de ignorar. En medio de crisis estructurales —pobreza, violencia, desigualdad educativa—, apelar a la religión produce cohesión emocional inmediata. Pero esa cohesión es frágil si sustituye las respuestas reales que la población necesita. Ninguna cita bíblica repara una escuela sin techo. Ningún discurso provida sustituye políticas públicas que garanticen vidas dignas. La fe, utilizada como atajo político, termina siendo una distracción costosa.
Defender la laicidad, entonces, no es un gesto contra la religión. Es un acto a favor de la convivencia democrática. Significa asegurar que nadie sea obligado a creer, pero también que nadie sea castigado por existir. Significa recordar que el Estado no tiene alma religiosa, porque su única vocación debe ser la justicia.
Porque, al final, insistir en la Biblia dentro de las aulas públicas no habla únicamente de fe ni de tradición, sino del tipo de país que estamos dispuestos a construir. Un país donde el Estado garantice igualdad real para todas las creencias, identidades y formas de vivir, o uno donde lo sagrado sea utilizado para marcar límites silenciosos entre quienes pertenecen plenamente y quienes deben justificar su existencia. La pregunta inicial deja entonces de ser solo educativa y se vuelve profundamente democrática: ¿queremos una escuela que abrace la diversidad como riqueza común o una que reproduzca jerarquías morales disfrazadas de valores? En esa respuesta se define mucho más que un programa escolar; se define la posibilidad de convivir sin miedo, de creer sin imponer y de vivir con dignidad sin pedir permiso. Porque allí, en esa decisión aparentemente simbólica, se juega el horizonte del país: que la fe siga siendo refugio y no frontera, que la diversidad sea reconocida con dignidad y que la laicidad se afirme, por fin, como la promesa mínima de que todas las vidas importan por igual.
