Por: Héctor Silva Ávalos
Publicado originalmente en Radio Progreso
Islas de la Bahía, Honduras. El informante había asegurado que Angie Peña estaría en una fiesta en una casa de Roatán durante el último fin de semana de agosto de 2022, ocho meses después de que la joven fue secuestrada por una red de trata que opera en la isla, dirigida por ciudadanos estadounidenses y amparada por las autoridades locales. Las instrucciones y órdenes para allanar ese lugar y otros asociados a la red tenían varios días de estar a punto. Todo, se suponía, estaba listo para que varios agentes de la fuerza pública hondureña llegaran al lugar de la fiesta, detuvieran a los norteamericanos y rescataran a Angie. Pero algo falló: alguien filtró la información a los sospechosos.
La familia de Angie siempre ha estado convencida de que la joven sigue viva y no han parado en su afán por encontrarla. Han trabajado de cerca con el gobierno y la fiscalía hondureña, pero también las han increpado en público cada vez que sintieron que el caso languidecía o que alguien la desviaba.
Muy pronto, tras la desaparición de Angie, la familia se dio cuenta de que tras el secuestro y desaparición forzada de la joven hay una red de tratantes a la que un oficial hondureño definió como una de las más grandes e importantes de Centroamérica.
Investigaciones hechas por agentes privados y funcionarios públicos, a parte de las cuales el autor ha tenido acceso, indican, además, que dos de los policías que participaron en las pesquisas iniciales y una jueza trabajaron con la red al obstaculizar y desviar las investigaciones iniciales, y que un juzgado de Roatán vendió la información del expediente a la red de tratantes, a la que en la isla hondureña se conoce como Delta Team.
Durante casi dos años, el autor ha hablado con familiares de Angie Peña, con dos funcionarios de alto rango en el gobierno de Xiomara Castro, con abogados e investigadores que han tenido relación directa con la investigación y con los procesos judiciales abiertos a propósito de este caso, y ha revisado decenas de folios de informes elaborados por investigadores estatales y privados desde enero de 2022, cuando Angie desapareció.
Esas fuentes cuentan, sobre todo, una historia muy hondureña, muy centroamericana, la de una organización criminal que ha funcionado durante años protegida por jueces, policías y políticos. En este caso, una red de estadounidenses pedófilos que secuestraron a jóvenes y niñas hondureñas y las vendieron a través de catálogo o las convirtieron en esclavas de clientes VIP, hombres norteamericanos y europeos la mayoría, que viajaban a Roatán en busca de turismo sexual.
Eso fue lo que, según los indicios descubiertos, pasó con Angie Peña: un intermediario hondureño la entregó al estadounidense Gary Lee Johnston, uno de los líderes de la red, quien luego la vendió a otro norteamericano llamado William James Murdock, también conocido como el Señor Smith, Jean o el francés.
Johnston fue arrestado en agosto de 2022 y juzgado por trata y pornografía infantil en un caso que no tiene relación directa con el secuestro de Angie Peña y fue condenado en octubre del año pasado a 32 años de prisión. Su captura, no obstante, fue producto de la investigación abierta por el caso de Angie.
A la red de Johnston la protegieron durante años funcionarios judiciales y policías destacados en Roatán según confirma un auto de investigación elaborado por el Ministerio Público el 17 de enero de 2025. Aquel día, uno de los fiscales que retomó el caso ordenó ampliar la investigación por el secuestro de Angie Peña a un grupo de personas sospechosas de cometer delitos de “trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial, pornografía infantil, asociación para delinquir, tráficos de armas, tráfico de drogas”, entre ellos a los estadounidenses Harold Joseph Green, Anthony Frank Grayson, Señor Smith (William James Murdock) y a los hondureños Gustavo Trejo y Dorothy Gómez.
En su memo, el fiscal también pidió ampliar la investigación a funcionarios sospechosos de “tráfico de influencias” y “violación en los deberes”, entre ellos Jessica Montoya, jueza en Roatán, y dos policías, Jasson Quintanilla y otro identificado como “clase Carías”. Un funcionario de la secretaría de seguridad confirmó que los policías están bajo investigación y fueron separados de sus puestos en Roatán. En cuanto a la jueza Montoya, el autor intentó contactarse a su tribunal, pero no hubo respuesta.
“Qué puedo decir de las autoridades, que fueron descaradas y que cada uno de los que participó en el secuestro tiene que pagar, no importa que sean jueces o fiscales o policías. Tienen que pagar”, dice Yenely Díaz, tía de Angie Peña, al hablar de las sospechas que pesan sobre los funcionarios hondureños.
Investigación obstruida y encubrimiento
Un acta de investigación da cuenta de que, en febrero de 2022, un mes después de la desaparición, las autoridades hondureñas tenían información bastante precisa de lo que había pasado con Angie Peña desde el día en que la secuestraron, el 1 de enero cuando se subió, con un guía, en un jetski alquilado en las playas de West Bay, en el confín occidental de Roatán.
Esta sospecha quedó anotada en un informe interno de la Policía Nacional, elaborado en principio a espaldas de los agentes locales e incluso de fiscales del MP sobre quienes pesaban entonces sospechas de desidia y complicidad.
“Una fuente humana ha brindado información… Gary Lee Johnston ya hace algunos años había sido denunciado informalmente por pedofilia… Se recibió información de que él está (involucrado) en el caso de Angie y que ella se encontraba en la isla de Roatán”, dice ese informe, elaborado en febrero de 2022, cuando los agentes que investigaban la desaparición de la joven le insistían a la familia que ella se había perdido en el mar.
Un testigo que habló con investigadores hondureños aseguró que la joven había sido entregada a Johnston horas después de haber sido secuestrada en el mar, y que el estadounidense pidió ayuda a algunos de sus socios en la isla para llevarla hasta una casa de su propiedad en Turtle Beach, unos ocho kilómetros al norte de West Bay. De ahí, según ese testimonio, a Angie la llevaron a un hotel llamado The Dock, después a Colombia, y luego la devolvieron a Roatán, donde la entregaron a Murdock a cambio de entre 10,000 y 40,000 dólares.
Ya para marzo de 2022, las autoridades hondureñas tenían una idea aún más precisa de lo que había ocurrido. De entrada, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, descartó que, el planteamiento del Ministerio Público y los policías cuando el secuestro ocurrió: que la desaparición de Angie Peña hubiese sido un accidente o que la joven se haya perdido en altamar.
Villanueva, a quien la presidenta Castro en persona encargó la investigación tras escuchar las sospechas de la familia de que algo no iba bien, tomó el asunto en sus manos para enderezarlo. Muy pronto, tras entrevistas a testigos y a los agentes que hicieron las primeras diligencias, empezaron a llegar pistas sobre el encubrimiento del secuestro de Angie Peña a manos de los Delta Team, que es como se conoce en Roatán a la red de pedófilos estadounidenses, y de la complicidad de autoridades judiciales y policiales en todo el asunto.
Los policías destacados en Roatán sabían todo lo que había pasado desde el principio, pero, en complicidad con Johnston y los secuestradores, montaron una operación de encubrimiento para distraer a la familia. Esos policías y miembros de la Marina Mercante de Roatán, quienes participaron en las primeras operaciones de búsqueda, insistían a la familia de que a Angie se la había llevado una corriente marítima y que, lo más probable, es que se hubiese perdido en el Caribe o en las costas de Belice.
En febrero de 2022, poco de un mes después del secuestro, Michell Melgares, la madre de Angie, se comunicó con uno de los agentes de la Policía Nacional que investigaba el caso, a quien aquí solo nombraremos por sus iniciales, LFC, por razones legales. Melgares quería información sobre la búsqueda.
—¿Cómo va el caso? Estoy sumamente preocupada —pregunta la mujer.
El policía insiste en algo que él, miembros de la Marina Mercante, e incluso el jefe policial destacado en Roatán habían repetido sin parar cada vez que la familia preguntó o, incluso, en medios de comunicación hondureño: todo se trataba de un accidente.
—Pues todo sigue apuntando a algo accidental. Estoy esperando el dictamen de lo encontrado en Belice que aún no me lo han enviado —responde LFC.
La madre de Angie se impacienta. Ella sabe, tras días de invertir su dinero y energías en una búsqueda infructuosa tras otra, por lo que otros investigadores empiezan a averiguar y por la reconstrucción de hechos que la misma familia ha hecho, que la tesis del accidente no tiene sentido.
—No. Yo estoy en Belice. Las corrientes son diferentes. Ese guía está mintiendo —responde la mujer, y su respuesta encierra varias pistas sobre lo que está pasando en realidad.
Entender el encubrimiento pasa por conocer todos los detalles del secuestro a partir, primero, de los recuerdos de Lizzy Peña, la hermana de Angie y quien estaba con ella aquel día de Año Nuevo de 2022.
Ese 1 de enero, después de haber celebrado la noche anterior el fin de año, Lizzy y Angie alquilaron dos jetski cerca de un hotel, se sabría luego, vinculado a Gary Lee Johnston. Minutos después, Lizzy perdió de vista a su hermana, quien se había ido acompañada de un guía. Cuando Angie no regresó, Lizzy avisó a la familia, que de inmediato exigió a los dueños del negocio de alquiler que salieran a buscar a la joven, pero ellos se negaron. Al poco tiempo, cuando la policía entrevistó al guía con el que Angie se había ido, este insistió en que a ella y al jetski se los había llevado la corriente.
Pero no. Todos los testigos que llegaron después, así como las investigaciones, cuyos detalles permanecieron ocultos durante meses, reforzaron que la tesis del accidente fue una mentira.
Yenely Díaz, tía de Angie y quien se involucró desde el principio en la búsqueda de la joven, lo resume así:
“Mi hermana hacía la búsqueda en un avión, en un helicóptero, en una avioneta, en una lancha, en un barco, y cuando el policía las divisaba que ya venían a tierra, el policía ya estaba parado con su palabra en la boca: fue un accidente lo de su hija señora, es un accidente, lo estamos manejando como un accidente. Le decía mi hermana, y si es un accidente por qué no encuentro el cuerpo. Pero de ese hombre no salía otra palabra que accidente: lo quería meter en lo más profundo de nuestra mente y que nosotros lo aceptáramos sin ninguna clase de investigación, sin ninguna clase de pericia. Todos los que estuvieron alrededor de lo que pasó ese día casi le decían descaradamente (a la madre de Angie), cállese, usted no hable”.
La negligencia se extendió al Ministerio Público. Las dos primeras fiscales que se hicieron cargo del caso también insistían en que la tesis del accidente era válida y, de acuerdo con investigadores que estuvieron cerca de las diligencias en aquellos días, presionaban a la familia de Angie para que no hablaran del caso con periodistas. “Cada vez que ustedes hablen con los medios yo les voy a parar la búsqueda”, decía una de las agentes del MP a la familia, según confirmaron por separado dos parientes de Angie que prefirieron guardar el anonimato por seguridad.
La amenaza se hizo real en una ocasión en que los dos padres de Angie hablaron con los medios para pedir celeridad en las investigaciones. Después de eso, una de las fiscales les aseguró que había detenido un operativo de búsqueda que ya estaba programado. Otra de las fiscales, la segunda que se tomó el expediente -han sido cinco agentes del MP los que han llevado la investigación hasta ahora-, de nombre Karla Zavalah, incluso bloqueó de su mensajería electrónica a la madre de Angie según denunció Joaquín Mejía, un defensor de derechos humanos que ha acompañado a la familia de la joven.
La fiscal Zavalah, confirmaron los familiares de Angie, dejó de comunicarse con ellos durante semanas, por haber perdido “la sensibilidad y responsabilidad” y porque “desconoce o no rinde respuestas a las pericias del caso”. El autor intentó comunicarse con el Ministerio Público para obtener una reacción a este señalamiento, pero no hubo respuesta.
La familia envió el 9 de junio de 2022 una carta a las máximas autoridades de seguridad en el gobierno de Xiomara Castro en la que se quejan por la negligencia del Ministerio Público y de irregularidades que atribuyen a los agentes policiales que primero se hicieron cargo de la investigación. Denuncian, por ejemplo, que los policías perdieron o escondieron el celular de Angie Peña, una pieza importante de evidencia. El teléfono apareció luego, pero alguien ya había utilizado la mensajería de WhatsApp y había eliminado fotografías.
Una de las primeras irregularidades documentadas en el caso de desaparición de Angie Peña fue, de hecho, el trato forense que se dio a ese celular de la joven que la familia entregó a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional.
Cuando los policías aún insistían en que a Angie se la había llevado una corriente marina hasta Belice, al menos uno de esos agentes tenía pistas de que la joven podía haber estado en peligro antes de llegar a Roatán. En su teléfono encontraron conversaciones en que un hombre la amenazaba con hacerle daño a ella y a su familia por venganzas personales.
Los policías también decomisaron el teléfono a Lizzy Peña, la hermana de Angie y quien fue la primera en denunciar la desaparición, y lo hicieron “sin tener ningún proceso ni papel firmado”.
Después de marzo, cuando la oficina de la viceministra Villanueva se hizo cargo, la investigación avanzó más rápido, pero a los meses volvió a languidecer en otros despachos de la autoridad hondureña. En aquellos días, sin embargo, ocurrió algo que echó al traste definitivamente la teoría del accidente. Un funcionario judicial destacado en Roatán, quien luego aceptó haber hecho tratos y encubierto a los Delta Team, decidió colaborar con los investigadores. Este testigo, al que aquí llamaremos Chivo, destapó parte de la corrupción institucional que rodeaba la desaparición de Angie Peña.
