Por José Manuel Serén
Fotos: José Manuel Serén y Unidad de Vigilancia KAI+
Tegucigalpa, Honduras. La discriminación por orientación sexual e identidad de género es el principal detonante de la violencia contra las poblaciones LGBTIQ+, afirma la Unidad de Vigilancia KAI+. Según un reciente estudio de este observatorio, la discriminación sexual representa más del 58% de las causas de violencia contra las poblaciones diversas en Honduras.
Informes como el de KAI+ revelan cómo la población LGBTIQ+ en Honduras ha estado bajo ataque y riesgo vital constante durante décadas. La discriminación, el odio y la homofobia alimentan día a día la violencia generalizada.
Por esta causa, las diversidades sexuales en Honduras enfrentan una vida difícil en un país que no garantiza una seguridad efectiva y mucho menos derechos humanos.
Con el gobierno conservador de Nasry Asfura, la situación se agrava y enciende las alarmas internacionales, ya que no se cumplen los tratados internacionales vigentes firmados por Honduras.
En esta situación de riesgo permanente, ser una persona LGBTIQ+ en Honduras significa aprender a cuidarse en silencio. Desde temprana edad, muchas personas asumen que expresar libremente su sexualidad genera rechazo, burlas e incluso violencia.
Una esperanza sin resultados
Con la primera mujer presidenta, Xiomara Castro Sarmiento en 2022, las esperanzas renacieron entre las diversidades sexuales en Honduras, ya que confiaban en su toma de decisiones y su capacidad de generar cambios.
De hecho, en su discurso inicial, la presidenta mencionó públicamente a la población LGBTIQ+. Este gesto, aunque simbólico, representó un momento de esperanza en medio de la incertidumbre, el miedo y la violencia que históricamente han enfrentado las personas LGBTIQ+.
Sin embargo, Castro no mostró un cumplimiento claro de sus promesas. Tras cuatro años de gobierno, dejó a la población en un estado de frustración y desprotección.
La falta de garantías constitucionales, como el derecho a la vida, a formar una familia, a la educación, el trabajo y la salud, arrojan a la comunidad LGBTIQ+ a un círculo de exclusión y violencia.
La negación de estos derechos no sólo limita la dignidad humana. También incrementa la migración, poniendo en riesgo la integridad física, emocional y económica de miles de personas.
2025: un año en cifras
El año pasado fue trágico para la comunidad sexualmente diversa en Honduras. Sólo en 2025 se registraron 45 muertes violentas de personas LGBTIQ+. Los hombres gay y las mujeres trans representan el 57.78% de esas muertes.
Esta cifra alarmante genera un impacto negativo para el país, señalándolo como violador de derechos humanos.
Las cifras rojas marcan un récord desde hace algunos años. Del 2003 a 2024, el Observatorio KAI+ registró 568 muertes de personas LGBTIQ+ en el país.
De hecho, la violencia orilló a estas poblaciones a exiliarse. Por eso, entre 2022 y 2024 se registraron 113 asistencias para personas LGBTQ+ refugiadas en el extranjero.
En el recuento de 2025 se reportaron 31 asistencias de personas refugiadas en Estados Unidos, Francia, España, Suiza, Costa Rica, Canadá e Inglaterra.
Desaparecidos: una situación grave
El Observatorio KAI+ reportó en Tegucigalpa una persona que lleva cinco meses desaparecida.
Por otro lado, del 2016 a noviembre del 2024 KAI+ registró siete casos de personas LGBTI+ desaparecidas.
Además, en el 2025, se registró un hombre gay desaparecido. Estas cifras revelan la vulnerabilidad de las personas LGBTI+ en Honduras, así como la falta de protocolos diferenciados por parte de las autoridades.
Estigma, discriminación y violencia anti-LGBTIQ+
Los discursos de odio se multiplicaron en 2025 y, con ellos, los actos de violencia y asesinatos contra las personas LGBTIQ+. En consecuencia, la situación se volvió más crítica y generó miedo y desesperanza.
El odio en estos casos arrastra consecuencias graves. Es así como vemos que sólo del 2002 al 2024 el Observatorio KAI+ registró 705 casos de violencia generalizada contra personas LGBTI+.
Por otra parte, de enero a noviembre de 2025 se registraron 224 casos de violencia generalizada hacia personas LGBTI+. En este apartado, los hombres gay concentran uno de cada tres casos.
Casi 80 asesinatos impunes
Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, señaló que el objetivo del informe de KAI+ es revelar la violencia contra las poblaciones LGTBIQ+. Como un ejemplo, Barrientos mencionó que entre el 2003 y el 2024 se produjeron 78 muertes que siguen impunes.
La activista de derechos humanos reconoció el avance en estos temas en el gobierno anterior, lejos de la política conservadora del presidente actual Nasry Asfura. Recalcó que el gobierno de Xiomara Castro incluyó estos temas, pero no hizo el trabajo necesario para disminuir la violencia, la discriminación y los estereotipos que marcan a las poblaciones LGBTIQ+. Más bien, estos factores se mantuvieron y aumentaron, afirmó la activista.
“El Estado va a seguir en deuda mientras no haya voluntad política para esto”, lamentó. “Tenemos protocolos de atención y leyes que se han engavetado. Somos las que vivimos la discriminación, las personas más afectadas”, lamentó.
Barrientos demandó que el Estado de Honduras valore la importancia de comunicarse con las poblaciones afectadas porque también pagan impuestos y sirven a la sociedad.
Violencia bajo la lupa
Dani Montesinos, de la Asociación Kukulcán, manifestó que la socialización política del informe del año 2025 delimita la situación de las personas LGTBIQ+ en medio de la violencia y violación de derechos humanos.
“El principal objeto es transmitir a medios de comunicación, tomadores de decisiones y organismos de las Naciones Unidas las alertas necesarias de violación de derechos humanos”, agregó.
Montesinos hizo un llamado a las nuevas autoridades para que le den importancia a esta población históricamente estigmatizada, invisibilizada y ridiculizada por expresar una orientación o una identidad diferente a la heterosexualidad socialmente aceptada.
Montesinos reconoció los ejercicios que otras organizaciones LGTBIQ+, como la Asociación Cattrachas, han hecho en el tema de litigio estratégico.
Montesinos recomendó a las instituciones públicas elaborar protocolos de investigación de muertes o violencia. También demandó crear sistemas homologados para brindar respuestas, así como mejorar las investigaciones para cubrir la mora judicial.
“Nunca han sido prioritarios”
El defensor de derechos humanos Ariel Díaz manifestó que históricamente las personas LGBTI no han sido una prioritarias para ningún gobierno.
Agregó que la información proporcionada por el Observatorio KAI+ coloca a Honduras en un escenario de emergencia nacional.
Según Díaz, la Secretaría de Seguridad tiene el mandato de dar protección. Sin embargo, añadió, cuando se convierte en el ente que violenta los derechos humanos, el Estado de derecho se enfrenta a graves conflictos.
