Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. El proceso judicial que enfrenta a la organización ambientalista Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (Arcah) y a la empresa avícola Pollos El Cortijo sumó un nuevo capítulo de tensión. El conflicto se alarga después de que el dueño de empresa avícola El Cortijo, Joseph Walter Brenes, interpusiera una querella contra Christopher Castillo, coordinador general de Arcah.
La reciente audiencia de conciliación culminó en un rotundo fracaso al no alcanzarse ningún acuerdo legal entre las partes.
La comparecencia estuvo marcada por fuertes denuncias de los defensores territoriales, quienes acusaron al juez de turno de actuar de manera parcializada e intimidatoria.
El origen del litigio se remonta a una querella penal por el presunto delito de difamación interpuesta por Pollos El Cortijo en contra de Christopher Castillo, coordinador general de Arcah.
Ante esto, la compañía avícola procedió legalmente luego que el activista y su organización realizaran una serie de denuncias públicas señalando daños ambientales y contaminación en el río Choluteca.
Cuestionamientos al rol del juez
Tras salir de los juzgados, Christopher Castillo fue contundente al confirmar que rechazó conciliar y ratificó cada una de sus declaraciones en defensa de los recursos naturales.
El líder comunitario enfatizó las irregularidades ocurridas durante la sesión judicial, donde estuvo acompañado por el abogado Alejandro Canales, del Bufete de Justicia para los Pueblos.
«En la audiencia de conciliación yo no concilié. Se presentó la abogada de la empresa y yo. El juez comenzó a atacarme insinuando que yo sí había cometido el delito, cuando a él no le corresponde porque solamente es un juez de conciliación y él no va a llevar el caso», manifestó Castillo, quien calificó el acto como parte de una estrategia de criminalización estatal en contra de la labor ambiental.
Por su parte, Jeffry Suazo, miembro activo de Arcah, secundó las afirmaciones de Castillo y criticó la lentitud con la que se desarrolló un trámite que, por ley, debió ser expedito.
Según Suazo, el comportamiento del togado genera serias dudas sobre la transparencia que tendrá el resto del proceso judicial.
«Resulta que se presentaron ambas partes y el juez de turno estuvo prácticamente parcializado, para empezar un proceso que al final no debió ocurrir”, lamentó.
“Hubo algunos cuestionamientos e interpelaciones a Christopher desde el juez de turno, entonces desde ahí se empieza a sospechar los lazos o el camino por donde va este caso en sí», advirtió Suazo.
Asimismo, el integrante de Arcah añadió que, bajo el criterio de sus asesores legales, el funcionario judicial procedió a leer documentos y tomar posturas fuera de su competencia debido a que la causa será juzgada formalmente por otro tribunal.
Sin veeduría internacional y con la mirada en el juicio
La controversia en los tribunales también trascendió al plano de los derechos humanos. Así, durante la audiencia, las autoridades judiciales denegaron el acceso y la participación de los delegados de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) como veedores externos para hacer valer las garantías mínimas del debido proceso.
A pesar de las condiciones adversas descritas, la dirigencia de Arcah aseguró que mantendrán la resistencia legal y comunitaria.
El equipo técnico y legal de la organización se reunirá en los próximos días para trazar la estrategia que implementarán de ahora en adelante.
«Lo que estamos pensando ahora es depositar todos los esfuerzos en la audiencia de juicio oral y público«, concluyó Jeffry Suazo. Además anticipó que preparan una serie de planteamientos jurídicos y probatorios para demostrar la legitimidad de sus denuncias ambientales frente al tribunal definitivo.
Con el cierre de la etapa de conciliación, el caso avanza de forma inminente hacia un juicio oral que definirá el futuro jurídico del defensor del río Choluteca.
