Por Redacción RSM
Tegucigalpa, Honduras. Al menos 24 muertos confirmados dejan las dos masacres que sacuden al gobierno de Nasry Asfura este jueves. El Ministerio Público confirmó que al menos 19 campesinos fueron masacrados en Trujillo, Colón, en un ataque con armas de grueso calibre.
También en el norte de Honduras, en la frontera con Guatemala, cinco agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron ejecutados por narcotraficantes tras un operativo ilegal que salió mal. La Policía Nacional confirmó que el operativo se realizó “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondiente”.
Hasta ahora, el presidente Asfura, quien colocó la seguridad ciudadana como prioridad de campaña, no ha hablado sobre los asesinatos sucedidos en el día más sangriento de lo que lleva de mandato.
Violencia: entre el narco y los capitales privados
La madrugada de hoy, pobladores del sector de Rigores, en Trujillo, Colón, reportaron el ataque a una finca de palma. Un video de la masacre circuló en redes y medios donde se veía una incursión devastadora, realizada con armas largas, y nueve cuerpos ensangrentados regados en el suelo.
A pesar de la narrativa que busca retratar a las organizaciones campesinas que recuperan tierras como “organizaciones terroristas”, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, expresó que el ataque respondía a la acción de estructuras criminales y no a un asunto de disputas agrarias.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), expresó a través de redes sociales su rechazo al hecho violento. “Pueblo hondureño, tengamos mucho cuidado. No podemos normalizar esta violencia contra la gente más desposeída de nuestro país”, manifestó.
La indignación social ha escalado rápidamente. Diversos defensores de derechos humanos han denunciado que la falta de una política agraria integral y el repliegue del control estatal en la periferia rural ha permitido que bandas vinculadas al narcotráfico y capitales privados se apoderen de los territorios a base de fuego.
Estas masacres ocurren apenas tres días después de que el Congreso Nacional aprobara un agresivo paquete de reformas en materia de seguridad impulsado directamente por la administración de Nasry Asfura.
Dichas enmiendas, ratificadas el pasado lunes entre fuertes debates legislativos, otorgan facultades extendidas a los cuerpos de élite, extienden condenas por extorsión, militarizan la seguridad pública y abren la posibilidad de catalogar a maras, pandillas y carteles de la droga como organizaciones terroristas.
