Por Redacción de RSM
Fotos de Reporteros de Investigación y Kevin Contreras
Tegucigalpa, Honduras. Quince asesinatos de defensores durante el año pasado, en los departamentos de Colón, Comayagua, Copán y Olancho, registra el informe anual 2025 que la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) presentó el 19 de agosto. Once de las víctimas defendían la tierra y el territorio, dos el medio ambiente y dos la libertad de expresión. Una de las víctimas era mujer y catorce eran hombres.
Este informe sobre la situación de las personas defensoras en Honduras, titulado Honduras: deuda de sangre y justicia, el informe que ya no deberíamos escribir, estuvo a cargo de la Unidad de Protección a Personas Defensoras en Riesgo.
Los hallazgos del informe evidencian patrones persistentes de violencia armada contra personas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, en contextos de alta conflictividad agraria, disputas por la propiedad de la tierra, presencia de estructuras criminales y economías ilegales.
Uno de los elementos más alarmantes, señala el documento, es que la violencia no se limita a individuos, sino que ha alcanzado a núcleos familiares completos ligados a procesos organizativos y de defensa territorial.
Aguán: once asesinatos en 2025
El Valle del Bajo Aguán concentra la mayor parte de las agresiones. Entre enero y diciembre de 2025, once personas campesinas vinculadas a la defensa de la tierra fueron asesinadas en esa región, considerada un enclave geopolítico crítico por la expansión del monocultivo de palma africana, las disputas por la titularidad de los territorios y la presencia de actores empresariales, políticos y estructuras vinculadas al crimen organizado.
Según datos de ACI Participa, entre 2015 y 2025 han sido asesinadas 35 personas campesinas en ese contexto. Todas pertenecían a organizaciones beneficiarias de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Congreso aprueba medidas dictatoriales: Johnny Rivas
En entrevista con Reportar Sin Miedo, Johnny Rivas, miembro de la Plataforma Agraria, coincidió con el diagnóstico del informe. Agregó que la situación actual es aún más grave por la aprobación de medidas jurídicas que, a su juicio, profundizan la vulnerabilidad del sector campesino.
«En este momento la mayor preocupación es que en el Congreso Nacional se están aprobando marcos jurídicos como el decreto 107-2026, que tiene una estructura dictatorial y busca llevar a cabo desalojos masivos contra campesinos, indígenas, garífunas y la población en general«, afirmó Rivas. «Este decreto, que es inconstitucional, no puede aplicarse porque profundizaría los niveles de pobreza en el país», añadió.
Serna: un conflicto de interés
El informe de ACI Participa también aborda la reforma que incorpora a las personas defensoras ambientalistas al marco de protección. Sin embargo, la organización advierte que aprobaron la reforma en un solo debate y sin socialización con la sociedad civil. Además cuestiona la incorporación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) al sistema de protección, por el potencial conflicto de interés que representa, dado su rol en la evaluación y aprobación de licencias para actividades extractivas como minería, represas y monocultivos.
Asimismo, el documento señala que Honduras sigue sin apegarse al Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a información, participación y justicia ambientales. También alerta sobre la continuidad de las ZEDE Próspera, Ciudad Morazán y Orquídea, que han operado sin control en 2025, aunque las derogaron en 2022 y las declararon inconstitucionales en 2024.
«Gobierno viene en contra de toda la población»
En el ámbito laboral, ACI Participa representó a 1,011 trabajadores en 38 casos contra 25 empresas nacionales y transnacionales. De esos procesos, 29 se resolvieron por vía administrativa y nueve llegaron a los tribunales. El 92% de las personas acompañadas pertenecía al sector agroindustrial.
El informe incorpora también una perspectiva interseccional de género, visibilizando las agresiones, amenazas, discriminación y barreras de acceso a la justicia que enfrentan defensores de pueblos originarios, periodistas y activistas LGBTIQA+.
Johnny Rivas, en su mensaje final, hizo un llamado a la organización popular. «Este gobierno no solo viene en contra de los campesinos, indígenas y garífunas, sino en contra de los derechos de toda la población”, señaló. “Está en contra del derecho a la salud, de la educación, y quiere arrebatarnos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Eso debe ser un llamado de alerta para organizarnos y defender nuestros derechos».
