Por Michael K. Lavers
Nota publicada originalmente en: Washington Blade
Traducida al español por Reportar Sin Miedo
La mujer transgénero hondureña murió en el 2018 bajo custodia de ICE
Washington, Estados Unidos. La familia de una mujer transgénero con VIH que murió bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en 2018 ha demandado al gobierno federal.
El Transgender Law Center y dos abogados de inmigración -Daniel Yohalem y R. Andrew Free- presentaron en 2020 una demanda en el Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México contra cinco empresas privadas que eran responsables de la atención de Roxsana Hernández.
La demanda nombraba como demandados a Management and Training Corporation, LaSalle Corrections, Global Precision Systems, TransCor America y CoreCivic. El miércoles, el Transgender Law Center, Yohalem y Grant and Eisenhofer Law solicitaron al tribunal que añadiera al gobierno federal a la demanda.
“Esta demanda enmendada añade a Estados Unidos, incluyendo al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a la lista de entidades que tuvieron un papel directo en la muerte de Roxsana”, dijo el Transgender Law Center en un comunicado de prensa.
Hernández, que era de Honduras, entró en la custodia de la CBP el 9 de mayo de 2018, cuando pidió asilo en el puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego. Llegó una semana después al Centro Correccional del Condado de Cibola, una instalación en Milán N.M., que opera CoreCivic.
Hernández ingresó en el Hospital General de Cibola en Grants, N.M., poco después de llegar al centro de detención privado. Hernández murió en el Centro Médico Lovelace en Albuquerque, N.M., el 25 de mayo de 2018.
La demanda, entre otras cosas, alega que el personal de Management and Training Corporation “negó a Roxana y a sus compañeros detenidos la comida, el agua y el acceso al baño durante su traslado” desde California a un centro en San Luis, Arizona, que opera LaSalle Corporations. La demanda también afirma que Hernández no recibió la atención médica necesaria por parte del personal de LaSalle Corporations, Global Precision Systems y TransCor mientras la trasladaban al Centro Correccional del Condado de Cibola.
Los funcionarios de CoreCivic, según la demanda, retrasaron la atención médica de Hernández una vez que fue hospitalizada.
Una autopsia realizada por la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México concluyó que Hernández murió de la enfermedad de Castleman asociada al sida.
Una segunda autopsia que realizó el exjefe de médicos forenses de Georgia, Kris Sperry, a petición del Transgender Law Center, concluyó que la causa de la muerte fue “muy probablemente complicaciones graves de deshidratación superpuestas a la infección por VIH, con la probable presencia de una o más infecciones oportunistas”.
La segunda autopsia también encontró “evidencia de abuso físico” que incluía moretones en la caja torácica de Hernández y contusiones en su cuerpo.
“Los actos y omisiones discriminatorios, negligentes e imprudentes de los demandados (a) causaron que Roxsana sufriera una grave angustia emocional y física; (b) crearon un riesgo irrazonable de que la condición de Roxana se deteriorara, especialmente a la luz de su estado VIH positivo conocido; (c) causaron que la condición de Roxana se deteriorara; (d) disminuyeron la oportunidad de que la condición de Roxana mejorara; (e) causaron que perdiera su oportunidad de sobrevivir y participar en el proceso federal de inmigración; y (f) en última instancia, causaron su muerte”, se lee en la moción que el Transgender Law Center presentó el miércoles.
“Mi hermana vino a los EE.UU. en busca de seguridad y protección de la horrible violencia que experimentó como mujer trans en Honduras, y lo que encontró en su lugar fue el abuso, la discriminación y el abandono”, dijo la hermana de Hernández, Jenny Hernández Rodríguez, en el comunicado de prensa del Transgender Law Center. “El trágico hecho de que ya no esté con nosotros es un resultado directo de esa discriminación y abandono”.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional -que supervisa el ICE y el CBP- con el que el Washington Blade habló el jueves declinó hacer comentarios.
La muerte de Hernández provocó la indignación generalizada de los defensores de la inmigración. Su caso también intensificó los llamamientos para que el ICE ponga en libertad a todas las mujeres trans bajo su custodia.
El Transgender Law Center, la Rapid Defense Network y el bufete de abogados Ballard Spahr presentaron en abril de 2020 una demanda colectiva que exigía la liberación de todas las personas trans bajo custodia del ICE.
Más de 40 miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron en enero de 2020 que el ICE pusiera en libertad a todas las personas trans bajo su custodia. El congresista de Illinois Mike Quigley preguntó el jueves, durante una audiencia de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, al director en funciones del ICE, Tae Johnson, sobre el trato que reciben las personas trans bajo la custodia de su agencia.
“Hemos hecho algunos esfuerzos para mejorar nuestra formación e identificar instalaciones específicas que se centren en el alojamiento de estas personas en un entorno menos restrictivo, pero siempre hay más trabajo que podemos hacer”, dijo Johnson. “Estamos examinando todos los aspectos de nuestra población vulnerable para incluir a los transexuales, y esto va a seguir siendo una prioridad para nosotros a medida que avanzamos en la evaluación de nuestro marco de detención”.
Una unidad para mujeres trans bajo custodia del ICE abrió en el Centro Correccional del Condado de Cibola en 2017. Se cerró en 2020.
