El gobierno de la presidenta Xiomara Castro prometió defender a las poblaciones vulnerabilizadas de Honduras, pero ha roto su palabra varias veces
Volvió a olvidar su promesa el 7 de noviembre, cuando policías y militares expulsaron violentamente a las y los garífunas que reclaman tierras ancestrales en Punta Gorda, Islas de la Bahía
Las tácticas de terror, expansión y expropiación usadas en Punta Gorda contra los garífunas son parecidas a las empleadas por las ZEDE en otras zonas del departamento insular
Por Redacción de Reportar sin Miedo
Contribuyeron a este reportaje Dunia Orellana, Dennis Arita y Amelian Zerón
Fotos y videos de Ofraneh y Dashiell Allen
Islas de la Bahía, Honduras. Aunque ahora hay un gobierno progresista en Honduras, liderado por la presidenta de centroizquierda Xiomara Castro, siguen repitiéndose los ataques y expropiaciones contra los pueblos originarios que eran moneda común en los regímenes conservadores de los últimos 12 años.
Esto es lo que esta haciendo la Policia de este pais. Este 7 de noviembre le truncan el sueño a jovenes Garifunas, quienes quieren y tienen el deseo de quedarse y formar una familia en su pais. Esto acaba de suceder en la primera comunidad fundada Garifuna en el paus pic.twitter.com/2HVMgZeWIP
— Miriam Miranda (@baraudawaguchu) November 7, 2022
La violencia contra las y los ciudadanos originarios se repitió el 7 de noviembre de 2022 en Punta Gorda, Roatán, departamento de Islas de la Bahía, por órdenes de grupos de poder en el país.
Unos 60 policías y militares desataron ese día la agresión contra los garífunas al desalojar violentamente a más de 30 pobladores y pobladoras que se habían instalado en lo que consideran territorio ancestral con la intención de recuperarlo.
Una pregunta importante, ¿qué hacían los militares en el desalojo violento del pueblo garífuna? Un recordatorio de lo que dice el Plan de Gobierno en la página 20, punto 4.4 y numeral IV.
Abogado Joaquín Mejía en Twitter
Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución. Asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía.
La población asentada en esa zona de Islas de la Bahía asegura que los terrenos les pertenecen y por eso los reclaman.
De hecho, la comunidad de Punta Gorda, según la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), es la más antigua de Roatán, pero no ha sido reconocida aún por el Estado.
“Desde 1797 existe ocupación pacífica que se originó con [el] arribo de nuestro pueblo al territorio insular”, señaló la organización en redes sociales.
Sin embargo, las élites hondureñas pretenden quedarse con esas tierras a costa de lo que sea, aunque para lograrlo usen la violencia y manipulen las leyes y las instituciones a su antojo.
¿Por qué desalojan a los y las garífunas y, en general, a los pueblos ancestrales de Honduras? ¿Quiénes les disputan a lxs garífunas la propiedad de sus tierras en Punta Gorda?
Feroz desalojo en Punta Gorda
El 7 de noviembre de 2022 es un día normal en Punta Gorda, departamento de Islas de la Bahía, en el norte de Honduras. Soleado, con escasas probabilidades de lluvia.
Sin embargo, la normalidad se resquebraja a las 6:00 a. m., cuando docenas de elementos policiales y militares irrumpen en la zona.
Llegan con el único cometido de expulsar a lxs garífunas que se han instalado en el lugar para recuperarlo porque consideran que esos terrenos les pertenecen después de siglos de vivir en ellos.
Eso es lo que menos les importa a los uniformados, que llegan con el clásico equipo antimotines. Se tapan la cara y el cuerpo con escudos transparentes que tienen grabada la palabra POLICÍA en letras blancas sobre una franja oscura. Llevan botas altas y cascos negros. Al lugar también acude un destacamento de militares.
Los escudos chispean bajo el sol ardiente de la costa hondureña mientras, de espaldas al mar, los agentes se preparan para someter a porrazos a los y las garífunas.
El feroz desalojo del 7 de noviembre es un espectáculo insólito para muchos y muchas.
Nadie esperaba volver a ver estas “hazañas” de violencia y despojo durante el gobierno supuestamente progresista de la presidenta Xiomara Castro, quien representó al partido de centroizquierda Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones de noviembre de 2021.
“Yo realmente creía que en este gobierno no veríamos esta escena”, escribió en redes sociales la líder garífuna Miriam Miranda.
Hace apenas unos meses, Xiomara Castro había prometido defender los intereses y derechos de los pueblos ancestrales, las mujeres y las poblaciones LGBTIQ+, entre otros grupos históricamente vulnerabilizados e invisibilizados.
Sin embargo, algo ha cambiado desde su toma de posesión en enero de 2022 porque el discurso de la presidenta no encaja con la realidad actual, hecha de violencia e irrespeto a las poblaciones ancestrales y otros grupos vulnerabilizados.
El contradictorio discurso en la ONU
Apenas dos meses atrás, Xiomara Castro se dirigió a la asamblea de la ONU durante el 77 período de sesiones en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con un discurso que contradice la violencia de la que fuimos testigos el 7 de noviembre en Roatán.
Nunca más cargaremos con el estereotipo de república bananera, terminaremos con los monopolios y los oligopolios que solo empobrecen nuestra economía.
Eso lo dijo hace apenas un par de meses. Pero Castro no terminó ahí su discurso contra los monopolios. De hecho, también mencionó la “desaparición forzada” de cinco defensores de las tierras ancestrales garífunas ocurrida durante el gobierno del presidente nacionalista Juan Orlando Hernández.
Un pueblo generoso que ha regado con sangre la defensa de bosques y ríos no va a olvidar que durante la dictadura se cometieron centenares de asesinatos de jóvenes y el de nuestra compañera Berta Cáceres; ni la desaparición forzada de hondureños y hondureñas por su forma de pensar, como cinco compañeros garífunas hace ya dos años.
Esas cinco personas desaparecidas pertenecen al mismo pueblo que los seis arrestados en Punta Gorda por defender su territorio.
Castro agregó en su discurso:
Cada milímetro de la patria que usurparon en nombre de la sacrosanta libertad de mercado, ZEDE y otros regímenes de privilegio fue irrigado con sangre de los pueblos originarios. Mi gobierno social y democrático va a retomar un Estado de justicia y de derecho para que esto no vuelva a suceder.
Sigue el feroz desalojo: “¡No somos invasores!”
Si la consigna de los policías y militares es sacar a la fuerza a los “invasores”, la de las y los garífunas es reclamar el territorio que, según afirman, les pertenece desde hace más de dos siglos.
El 7 de noviembre, los pobladores levantan de inmediato barricadas con llantas y troncos llameantes en un intento de retrasar el avance de los militares y policías. También cuelgan banderas de las alambradas tendidas sobre postes rudimentarios.
Los garífunas alzan las manos y gritan consignas contra los destacamentos de uniformados que continúan con el implacable desalojo.
La acción armada estaba anunciada desde días antes. El 6 de noviembre, la líder garífuna y activista Miriam Miranda había advertido en redes sociales sobre la inminente expulsión.
“Se pretende desalojar mediante fuerza policial a la comunidad de Punta Gorda, quien decidió reocupar parte de sus tierras. Punta Gorda es la primera comunidad garífuna fundada hace 225 años. ¡No somos invasores! Exigimos respeto”, había escrito Miranda.
El tuit de Miranda recibe respuesta de organismos como The Observatory, el cual publica que los y las garífunas de Punta Gorda “protegen sus tierras, derechos ancestrales y exigen la titulación comunitaria de su territorio”.
Los policías no vienen sólo a ejecutar la expulsión de los y las ocupantes. Los acompañan representantes de quienes aseguran ser los verdaderos dueños de las tierras reclamadas por el pueblo garífuna de Punta Gorda.
La vocera de lxs supuestxs propietarios y oficiales del Ministerio Público hondureño aseguran que están autorizadxs a “proceder al desalojo”, ya que traen una “orden judicial”.
Asamblea comunitaria en #PuntaGorda, Roatán. A pesar que es la comunidad más antigua en la isla carece de protección jurídica. Por razón desconocida es única comunidad Garífuna que no fue incluida en la titulación de corte neoliberal. Exigimos titulación que se apegue OIT169 pic.twitter.com/c6tOnjsotR
— ofraneh (@ofraneh) November 11, 2022
Mientras las fuerzas policiales y militares continúan expulsando a las y los ocupantes, en el lugar hay personas registrando los hechos en video.
Durante el violento desalojo, algunxs pobladores y defensorxs se oponen férreamente al ataque policial y militar.
La policía echa abajo el cerco que rodea las tierras ocupadas y administra golpizas entre lxs defensores del territorio, según denuncias que constan en videos que las víctimas suben a las redes sociales.
Al chocar con la oposición popular, las fuerzas represivas estatales proceden a ejecutar el arresto de algunxs de los ocupantes de los predios.
Los uniformados lxs obligan a subirse a empujones en carros de paila y se lxs llevan a la posta policial en la comunidad de Coxen Hall, donde los encierran en primitivas celdas.
Defensores del territorio ancestral son detenidos por las Fuerzas de Seguridad las que demostraron ademas de su racismo la inclinación por la violencia. La comunidad Garífuna de Punta Gorda Roatán carece de título comunitario#LibertadDefensoresPuntaGorda pic.twitter.com/WoqYBekfln
— ofraneh (@ofraneh) November 7, 2022
Miriam Miranda denuncia el maltrato en redes y da el nombre de las personas capturadas y acusadas de “usurpación agravada”.
“Se llevan detenidxs [a] seis compañerxs, entre ellas Melisa Martínez, coordinadora de la Ofraneh en Punta Gorda. ¡Exigimos su inmediata liberación!”, tuiteó Miranda.
La policia corrupta, asesina y criminal de Honduras actuando como siempre al servicio de la clase oligarca de este pais. Ensañandose en contra de nuestro pueblo¡¡
Exigimos la liberación inmediata de nuestrxs compañerxs Garifunas de @ofraneh de Punta Gorda, Islas de la Bahia. pic.twitter.com/kBcb1XXrIz— Miriam Miranda (@baraudawaguchu) November 8, 2022
Lxs demás detenidxs, agrega Miranda, son Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efraín Sánchez, Keyden Tishany Gonzales y Augusto Moisés Dolmo.
No es la primera vez que grupos con intereses monetarios y políticos ordenan el desalojo de los pueblos originarios de las tierras que consideran ancestrales por haber vivido en ellas desde hace más de dos siglos.
Expulsiones como la de Punta Gorda están entre las tácticas empleadas hasta el hartazgo por los gobiernos liberales y nacionalistas en Honduras que antecedieron a la administración de Xiomara Castro. En 2017, el expresidente Juan Orlando Hernández ya había echado a andar la reforma que criminaliza las protestas, dando un paso firme en su intención de amorzadar a grupos y poblaciones como las garífunas que pretenden reclamar sus derechos.
El exmandatario Hernández, quien está en prisión en Nueva York y espera juicio por supuestos vínculos con el narcotráfico, no solo impulsó leyes neocolonialistas, según activistas de derechos humanos y defensores del territorio. Además, durante sus ocho años de mandato se convirtió junto con su ministro de Gobierno Ebal Díaz en el principal impulsor de zonas de empleo y desarrollo como la ZEDE Próspera en Roatán.
La pregunta en estos casos es la misma: ¿a qué grupos de poder defienden los gobiernos hondureños al sacar por la fuerza de sus tierras a pueblos que las han ocupado desde hace siglos?
Más de lo mismo
Quienes orquestaron el feroz desalojo del 7 de noviembre en Punta Gorda usan las mismas tácticas de engaño, violencia y expropiación que los grupos de poder detrás de las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE) y del extractivismo en Honduras.
La historia de Guapinol, en Colón, se repite en las Islas de la Bahía. Solo cambian algunos nombres y situaciones.
La historia de los defensores de Guapinol se parece a la de muchos hondureños perseguidos por protestar contra las acciones de las grandes corporaciones. La guerra del agua que ha cambiado la vida de estos defensores de territorio empieza mucho antes del 1 de septiembre de 2019, fecha en que la jueza Liseth Vallecillo impone en audiencia inicial la prisión preventiva contra ocho afectados.
Los problemas de los defensores se remontan a mucho antes de septiembre de 2019. Comienzan en realidad cuando la minera Los Pinares recibe la concesión para explotar tierras pertenecientes al Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, el cual es área protegida según decreto legislativo. Al extraer óxido de zinc, la minera contamina el río Guapinol, principal fuente de agua para unas 10 comunidades.
―Dunia Orellana, “Guapinol, la guerra por agua en Honduras”
Tanto en Guapinol como en Punta Gorda hay un pueblo originario y defensores del territorio que luchan por proteger las tierras o los recursos que les pertenecen por derecho natural.
Si bien los ocho defensores de Guapinol recobraron la libertad, los daños siguen impactando en sus vidas y en las de lxs pobladores de esa zona del norte de Honduras.
A más de ocho meses de que la Sala de lo Constitucional anuló el proceso judicial contra los ocho defensores de Guapinol, quienes permanecieron detenidos de forma arbitraria por 914 días, aún falta se les entreguen las cartas definitivas de libertad y se les reparen los daños ocasionados.
―Marcia Perdomo, “Reparaciones, revisión de concesiones y licencias ambientales exigen en caso Guapinol”
En Islas de la Bahía, lxs seis defensores arrestados el 7 de noviembre fueron a dar con sus huesos en la oscura bartolina de Coxen Hole, repitiendo la historia de los defensores capturados en Guapinol.
Tres días después, el 10 de noviembre en Tegucigalpa, la presidenta Xiomara Castro ordenó que liberaran de inmediato a lxs seis arrestados que guardaban prisión en Coxen Hole. Además, pidió respetar los derechos humanos.
El esposo de Xiomara, el exmandatario hondureño Mel Zelaya, escribió poco después en redes sociales:
Esas tierras pertenecen a los pueblos negros (garífunas) de Punta GORDA.
Son derechos ancestrales y la jueza de Roatán debió instar un proceso y no ordenar un desalojo ni criminalizar [a] los garífunas.
Por otra parte, la Secretaría de Derechos Humanos también exigió en un comunicado la libertad de Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efraín Sánchez, Keyden Tishany Gonzales y Augusto Moisés Dolmo.
Aunque las autoridades pusieron en libertad, con medidas sustitutivas, a lxs seis defensorxs garífunas, estxs han quedado criminalizadxs.
¿Qué tienen que ver las ZEDE con Punta Gorda?
Tienen mucho que ver, según parece.
Aunque no hay todavía una respuesta definitiva sobre quién o quiénes están realmente detrás del desalojo en Punta Gorda y de las acciones violentas contra las y los defensores del territorio isleño, la palabra ZEDE “sale al baile” cuando se menciona el violento desalojo.
No se han revelado los nombres de los supuestos propietarios de las tierras en disputa en Punta Gorda, pero su vocera aseguró que los grupos poderosos a los que representa están autorizados a expulsar a las y los defensores garífunas porque poseen una “orden judicial”.
Nadie relacionado con los grupos de poder ha mencionado todavía la palabra ZEDE en conexión con el desalojo, pero es una sigla que usan organizaciones como Ofraneh al comentar los sucesos del 7 de noviembre en Punta Gorda.
Ofraneh cuestionó la inexplicable actitud asumida por el gobierno por llamarse al silencio ante los desalojos violentos, mientras proyectos como la zona de empleo y desarrollo (ZEDE) Próspera siguen con el desarrollo de sus obras neocoloniales.
―Viena Hernández, “Garífunas son violentamente desalojados y capturados por policías en Punta Gorda, Roatán”
Ofraneh también ha denunciado la relación de los sucesos en Punta Gorda y de las ZEDE en Honduras con multimillonarios como el alemán Peter Thiel.
Peter Thiel viene [a] atomizar el estado-nación y a diluir la democracia. Las #ZEDES son proyecto un político disfrazado de económico. Uno de los objetivos es balcanizar a Honduras.
Peter Thiel, el libertario reaccionario, es uno de los inversionistas en proyectos experimentos de gobernanza a través de la #ZEDE @Prosperahn en Roatán y Ceiba, #Honduras, [a las] que han demostrado oposición las comunidades locales ante su visión neocolonialista.
―Ofraneh en Twitter
Y eso no tiene nada de raro. Las zonas de empleo y desarrollo, llamadas también ZEDE, se han convertido en un modelo de expropiación más que en ciudades modelos.
Las ZEDE son un proyecto largamente acariciado por inversionistas extranjeros, quienes, con apoyo de funcionarios hondureños como el recluso expresidente Juan Orlando Hernández y su ministro de gobierno Ebal Díaz, lograron establecerlas por fin en toda regla en Honduras a mediados de 2021.
El corresponsal de Reportar sin Miedo, Dashiell Allen, visitó la ZEDE Próspera en Roatán en julio de ese año para averiguar si las ciudades modelos fomentan el desarrollo sustentable o son la apropiación y privatización de tierras por extranjeros.
Las zonas de empleo y desarrollo económico de Honduras, o ZEDE, son áreas del país exentas de la mayor parte de la regulación gubernamental: pagan un código fiscal separado, tienen su propio sistema de tribunales civiles, así como fuerzas de seguridad privadas.
Las ZEDE también pueden, con la aprobación del Congreso, utilizar el dominio eminente para confiscar y expropiar terrenos de propiedad privada para su propia expansión.
―Dashiell Allen, “Entre Próspera y Pandora: abrimos la caja de las ZEDE”
Según testigos entrevistados por Allen, la ZEDE Próspera causa entre lxs habitantes de Roatán el temor constante de ser desplazados del territorio donde residen.
Para los residentes de Crawfish Rock, el desarrollo de la ZEDE podría significar la vida o la muerte. «Vamos a ser los primeros en ser desplazados», dice Luisa Connor, presidenta del patronato local. «Estoy totalmente en contra de las ZEDE». Teme que cuando Próspera se amplíe más allá de sus 58 hectáreas, ellos serán los primeros en ser expulsados de sus tierras.
La falta de transparencia y la malicia fueron parte de las primeras tácticas de los empleados de Próspera en su intento de quedarse con las tierras de las y los roatenses.
Las fuentes con las que hablé en Crawfish Rock han desconfiado de Próspera desde el principio: dicen que los que dirigen la ciudad modelo lo han hecho todo con «la menor transparencia posible» y con «muy mala intención».
Dashiell Allen agrega:
[Luisa Connor, presidenta del patronato de Crawfish Rock, Roatán] dice que el director general de Próspera, Erick Birman, y el secretario técnico, Tristán Monterosso, dieron una descripción tergiversada de la ZEDE en una reunión celebrada en julio de 2019. Dijeron que era un «complejo turístico» que traería puestos de trabajo a su comunidad. «No hubo ninguna explicación de Próspera ni de las ZEDE», dicen.
Pero mis fuentes que estuvieron presentes en esa reunión alegan que se manipuló a la gente para que firmara, pues creyeron que estaban reservando un futuro empleo.
Si bien ningún grupo poderoso ha mencionado abiertamente la posible relación de las ZEDE con el desalojo del 7 de noviembre, en Punta Gorda se cumplieron las tácticas de expansión y expropiación que, según Dashiell Allen, aterrorizaban a las y los pobladores de Crawfish Rock en 2021.
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