Mientras siguen los asesinatos de defensores del territorio en Honduras, el gobierno no impone una estrategia para proteger sus vidas. Nueve de ellos han muerto violentamente en los últimos meses
Por Eva Galeas
Fotos de Plataforma Agraria
Tegucigalpa, Honduras. La lucha por la defensa de los bienes comunes, la tierra y el territorio se agudiza. En los últimos meses, la violencia ha cobrado la vida de al menos nueve campesinos y agricultores defensores de los derechos humanos en todo el territorio.
En el hecho violento más reciente murió uno de los defensores del Valle del Aguán, zona del país que lleva años en conflicto. Grupos empresariales y de poder pretenden despojar a los pobladores y campesinos de las pertenencias que les han costado mucho.
La víctima mortal más reciente de la lucha por el territorio fue el defensor de derechos humanos Oquelí Domínguez. El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, zona norte de Honduras, informó sobre el crimen el 15 de junio de 2023 a las diez de la mañana.
Según el comité, dos hombres desconocidos que se conducían en motocicleta atacaron a Domínguez. En el hecho, la madre del defensor sufrió heridas graves por las que tuvieron que remitirla a un centro asistencial.
Parece que la familia Domínguez se ha llevado la peor parte de esta lucha. El 7 de enero de 2023 también asesinaron al hermano mayor de Oquelí, el también defensor de los derechos humanos Alí Domínguez. Ambos son hermanos de Reynaldo Domínguez, defensor de derechos humanos del territorio, el agua y el ambiente.
En lo que va de este año, unos siete defensores de derechos humanos han sido asesinados de forma violenta sólo en aquella región, específicamente en el departamento de Colón.
Ante tanta violencia contra estos grupos vulnerabilizados, ACI Participa urgió a las autoridades hondureñas para que investiguen los hechos de manera pronta y eficaz.
Al mismo tiempo, la organización no gubernamental de derechos humanos que promueve el respeto, la protección y la investigación de violaciones de derechos humanos en Honduras exigió a las autoridades que hagan su trabajo desmantelando las estructuras criminales que están detrás de esta ola de violencia.
Hay un plan para asesinarlos
Han sido constantes las exigencias de organizaciones defensoras de derechos humanos de que se esclarezca cada una de estas muertes. Sin embargo, las autoridades nunca atienden los llamados nacionales e internacionales.
Reportar sin Miedo conversó con Yoni Rivas, uno de los líderes de la zona del Aguán, defensor del territorio y coordinador de la Plataforma Agraria. Rivas manifestó que en los últimos días han sentido un acercamiento con las autoridades hondureñas y eso les genera algo de tranquilidad y paz.
Es preciso señalar que el 14 de junio del año en curso, la Plataforma denunció sobre la creación de un plan que pretende asesinar a todas las personas pertenecientes a la dirigencia de dicha organización. Al tiempo aseguró que los propios empleados de la corporación Dinant les han manifestado a los pobladores de la zona y a defensores de la zona que hay un plan de asesinarlos.
Yoni Rivas manifestó a este medio que supieron sobre el plan creado por grupos agroindustriales, ya que uno de los sicarios contratados por los agroindustriales manifestó todas las estrategias que tenían para acabar con la vida de los campesinos.
“Supimos todo eso porque uno de los sicarios, mientras departía en un local y consumía bebidas alcohólicas, sacó un listado que contenía el nombre de líderes y lideresas que pertenecen a la Plataforma Agraria. Manifestó todo el plan que tenían para asesinarlos”, dijo el defensor, indignado por la displicencia y negligencia investigativa.
Rivas agregó que, de las nueve víctimas registradas este año, dos pertenecen a la lucha y defensa del agua en la zona de Guapinol. El resto han perdido la vida por la lucha de la defensa de la tierra.
La presidenta Xiomara Castro debe atacar a los grupos criminales que generan violencia en el Aguán y que se agilicen nuestras denuncias para profundizar las investigaciones y dar con los responsables de tanto asesinato de nuestra gente.
Yoni Rivas, Plataforma Agraria
El nuevo gobierno en Honduras apostó por la lucha y defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerabilizadas, entre ellas los defensores del ambiente, territorio y la tierra. Sin embargo, algunos de estos líderes aseguran que todo ha venido dando pasos de retroceso y no se reflejan avances en pro de los derechos de los campesinos que viven en constante persecución y amenazas.
Aunque el fin del Estado es proteger y defender los derechos humanos de la ciudadanía, en Honduras poco o nada se ha hecho para garantizar derechos inalienables de quienes forman parte de las luchas.
“Yo pienso que en primer lugar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro debe atacar a los grupos criminales que generan violencia en el Aguán y que se agilicen nuestras denuncias para profundizar las investigaciones y dar con los responsables de tanto asesinato de nuestra gente”, urgió Rivas.
El coordinador de la Plataforma Agraria es del criterio que mientras no se agilicen todas las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) por la Plataforma Agraria y demás víctimas, difícilmente van a atacar a los grupos que mantienen en zozobra a los pobladores de la zona.
Sellan acuerdos para cesar violencia
En los últimos días se dio a conocer sobre la instalación de la comisión tripartita del convenio entre el gobierno de Honduras y Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA). El fin de la comisión es buscar una solución duradera y definitiva a la disputa de las tierras de reforma agraria en el Bajo Aguán.
Según el líder de la Plataforma, Yoni Rivas, por medio de la comisión pretenden investigar de manera expedita las violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas. Además buscan crear un informe sobre los atentados que dieron origen al conflicto agrario. De igual forma, la comisión deberá investigar, reparar a las víctimas y crear un mecanismo que garantice que no se seguirán violando los derechos humanos.
Al preguntarle si sienten que por fin la violencia y atentados en su contra se van a detener, Rivas manifestó que la esperanza de ellos es encontrar justicia. “Nuestra lucha es pacífica. Vamos a seguir exigiendo y resistiendo. Mientras no haya una verdadera investigación y se ataque la impunidad, la corrupción y se desarticulen los grupos dedicados a generar violencia, vamos a seguir en lo mismo”, lamentó.
“Los últimos días sentimos que por lo menos hay comunicación con el gobierno vía llamadas telefónicas y hay apertura, pero hasta hoy no conocemos un plan que contenga información que nos garantice la protección de la vida”, manifestó.
