La violencia en las zonas en disputa persigue a ambientalistas y sus familiares. Hoy murió de forma violenta Oquelí Domínguez, hermano mayor del reconocido ambientalista Aly Domínguez, también asesinado hace cinco meses
Por Eva Galeas
Tegucigalpa, Honduras. Cada día son más las y los hondureños que ponen en peligro su vida por la lucha de sus tierras ancestrales, territorio, bienes comunes y la defensa de la vida ante grupos de poder y élites empresariales que pretenden despojarlos de lo poco que les queda.
Las y los campesinos aseguran que integrarse a estas luchas es como si se tratase de una crónica de una muerte anunciada. Entre más defensores se unen a la lucha, más fuertes son los grupos que se oponen a garantizarles paz y tranquilidad.
Un vivo ejemplo de la violencia que viven las zonas en disputa es la que persigue a los ambientalistas y sus familiares. Esta mañana murió de forma violenta el hermano mayor del reconocido ambientalista Aly Domínguez, quien también fue asesinado el pasado 7 de enero del año en curso. De poco sirvió que Aly tuviera medidas del mecanismo de protección, ya que no se las garantizaron.
La víctima del violento hecho de hoy fue identificada como Oquelí Domínguez. El crimen se suscitó en uno de los sectores de Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe del país.
Según denunció el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (Cmdbcp) de Tocoa, Aly Domínguez fue una de las 32 personas criminalizadas por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante un proyecto minero en la zona.
Esta zona vive bajo la persecución y amenaza de los grupos de poder. Con este asesinato ya se suman dos las víctimas mortales dentro de la familia Domínguez. Además, con su asesinato ya se han reportado nueve muertes violentas de ambientalistas este año.
“Nuestra solidaridad para toda la familia de Óscar Oquelí Domínguez Ramos, que además era hermano de Aly Domínguez Ramos, asesinado el 7 de enero de 2023. El Estado debe de una vez por todas poner fin a las concesiones mineras. ¿Hasta cuándo debemos esperar?”, cuestionó el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, mediante un tuit esta mañana.
No aceptan la Comisión Agraria
En las últimas horas, la incansable feminista y defensora de la tierra y el territorio Miriam Miranda emitió mediante un tuit la alerta de que varios defensores se encontraban amenazados por el peligro de dejar sus tierras de manera forzada. Aunque la defensora hace llamados nacionales a organismos de derechos humanos, la respuesta muchas veces no llega a los más desprotegidos por el Estado. Esta opacidad se ha convertido muchas veces en muerte.
“Representantes del INA junto con policías y MP realizan inspecciones en ocho sitios del territorio garífuna de Trujillo, supuestamente a pedido de la familia Crespo y otros para desalojar a los garífunas que habitan esos sitios. Para eso quieren esa comisión agraria”, añadió la defensora.
Los cuestionamientos de las y los defensores de derechos humanos al gobierno de Xiomara Castro son duros. Aseguran que en el sector agrario y sus luchas nada ha cambiado en comparación con el gobierno anterior. Agregan que las muertes violentas de defensores se han disparado en el actual gobierno.
Las empresas asociativas campesinas, movimientos campesinos y cooperativas agropecuarias que integran la Plataforma Agraria Regional del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) también han mostrado su preocupación ante las constantes amenazas y persecución que sufren los y las campesinas de distintas zonas del país.
Ante tantos disturbios, amenazas y persecución de que son víctimas las y los defensores, la presidenta Castro anunció la creación de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Se trata de un instrumento que pretende atender la grave crisis agraria que ha sufrido el país durante décadas. La Plataforma valora que por fin se le ponga mirada a la problemática. Sin embargo, no acepta dicha comisión porque supone que esta se pliega al poder, afectando a los campesinos porque quienes la integrarían son los mayores violadores de derechos humanos.
“Consideramos que la reforma agraria es un imperativo constitucional que debe llevar justicia al campo, no para profundizar los privilegios de las élites terratenientes y la violencia que genera terror y luto en las familias campesinas”, manifiesta el comunicado.
En el oficio también se expone que llevar justicia al campo no es apegarse a los marcos jurídicos establecidos actualmente e impulsados por la clase económica y política corrupta. El documento considera a esta última responsable de la miseria y la pobreza en los territorios, del asesinato y criminalización de miles de defensores en el país y de la violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados de derechos humanos ratificados por Honduras.
Al campesinado le preocupa que dicha comisión nazca en el seno del Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS) por el carácter militar y policial que le otorga a la Comisión. De ese modo, asegura, no se incorpora la voz directa de los involucrados del sector campesino, pues son quienes han recibido el impacto directo de los abusos de los terratenientes, las empresas agroindustriales y todos los gobiernos, independientemente de su color político. “Nuestra participación, junto con los pueblos indígenas/originarios, queda prevista como una simple posibilidad o a solicitud de alguna de las partes”.
Desde la Plataforma y COPA llaman de manera enérgica a las organizaciones campesinas a nivel nacional de diferentes federaciones, confederaciones y bases campesinas a mantenerse en alerta y pendiente ante el anuncio. “Creemos bienintencionado de la presidenta Xiomara Castro, pero al parecer los agroindustriales están tratando de manipular y distorsionar el espíritu de la comisión”, aseguran.
Es preciso señalar que en el Valle del Aguán van al menos 160 defensores asesinados. Nueve de ellos han perecido en 2023. Estas muertes han sido ocasionadas por grupos paramilitares al servicio de élites de poder, la empresa privada y los gobiernos, denuncian los defensores. Los asesinatos cometidos hasta hoy dejan un vacío en sus hogares, sin ninguna investigación que dé datos y apunte a los culpables.
Con las muertes violentas registradas en zonas invisibilizadas que están en lucha constante y bajo la sombra de la persecución por la tenencia de sus tierras ancestrales solo se refleja el abandono que sufren por el Estado y el incumplimiento de las promesas de campaña política de los gobiernos.
