El Copinh exige que se ratifiquen sentencias contra condenados por el asesinato de Berta Cáceres y denuncia el saqueo contra los pueblos indígenas
Por José Manuel Serén
Fotos de José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. Miembros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se movilizaron hacia la Corte Suprema de Justicia para pedir que se ratifiquen las sentencias contra los condenados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
Al menos 200 personas de las indómitas tierras lencas de Intibucá vinieron a Tegucigalpa a exigir sentencias firmes contra los siete autores materiales y el coautor David Castillo, condenados en 2019 y 2022, respectivamente, por el asesinato de la lideresa indígena.
Bertha Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico, manifestó que frente a la Corte Suprema de Justicia demandan que se emita el fallo respecto a las casaciones de los dos juicios que han logrado desarrollar en estos siete años arduos de lucha con el fin de cerrar este ciclo.
“Ha sido muy tormentoso, muy tortuoso, que hace más de cuatro años se conocen estas casaciones. Aunque han pasado más de siete años desde el primer juicio, la Corte Suprema sigue sin pronunciarse; para nosotras, esa es una preocupación. Demandamos que se pronuncie el respeto al fallo condenatorio de los ocho asesinos materiales de mi compañera Berta Cáceres”, lamentó.
“Un juicio no es fácil”
La activista Berta Zúñiga agregó que las personas lencas están exigiendo que el Ministerio Público tome en cuenta sus derechos como víctimas, que rompa la secretividad sobre las informaciones y los expedientes de investigación en esta causa y haga un proceso a la altura de lo que se merece.
“Sabemos que un juicio contra Daniel Atala y miembros de las familias más poderosas en este país no es cosa fácil. Por tanto deben prepararse técnica y profesionalmente para litigar”.
En cuanto al aspecto judicial, Zúñiga señaló que la persecución penal depende directamente del Ministerio Público, al que le tocan las investigaciones, reforzar las acciones penales para perseguir no sólo a Daniel Atala, sino además al resto de los miembros de esta familia, ya que han demandado durante siete años que se haga la persecución penal y la condena.
Asimismo, la activista amplió que en este caso hay una esperanza en la elección de los nuevos fiscales, ya que ellos ven como partes de un mismo lado en esta causa y no muchas veces como antagónicos que luchan trabajando desde lugares distintos.
Denunció que estas familias poderosas del país han maniobrado en la impunidad desde hace muchos años. Los calificó como criminales que no duermen y no descansan. Por eso, los manifestantes lencas tuvieron que hacerse presentes, no quedarse inactivas y seguir defendiendo su derecho a la justicia y honrando la memoria de Cáceres.
Zúñiga agregó que estas circunstancias van a seguir siendo un obstáculo, ya que algunas cosas en el país han cambiado, pero los grupos de poder siguen beneficiándose del saqueo de los pueblos indígenas.
Lamentablemente, los pueblos originarios no tienen el lugar que les corresponde en el país, afirmó Berta. En su mensaje final invitó a la población a seguir abrazando la memoria de Berta Cáceres y acompañando la búsqueda de justicia que no ha acabado.
Exigen confirmar sentencia de Castillo
Cristian Méndez, del Copinh, indicó que el pueblo lenca organizado se movilizó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir que la Sala de lo Penal confirme la sentencia de los siete hombres condenados como autores materiales del asesinato.
También piden la confirmación de la sentencia de David Castillo, a quien acusan como coautor intelectual del asesinato de la ambientalista. Sin embargo, desde hace cuatro años la Corte no da las confirmaciones.
Con los nuevos fiscales interinos electos por el Congreso Nacional, el pueblo lenca espera que el Ministerio Público capture a Daniel Atala y los demás autores intelectuales del asesinato, dijo Méndez. “Lo sabe el pueblo, lo sabe Honduras”, añadió.
El paso primordial para garantizar justicia para Berta es que la CSJ ratifique las sentencias porque los autores materiales han actuado en función de los autores intelectuales, señaló Méndez. En primer lugar, dijo, es necesario confirmar las sentencias de los siete condenados y de David Castillo para luego capturar a Daniel Atala.
Méndez señaló que en 2022, en el caso del fraude de Gualcarque se presentó un testimonio que menciona el involucramiento de un grupo de seguridad de WhatsApp que coordinó ataques contra Berta Cáceres. El activista del Copinh mencionó que los otros cómplices son los bancos financistas, a los que trató como una estructura criminal.
Según Méndez, la lucha por la justicia ha continuado desde que murió Berta Cáceres. Sin embargo, si algo tiene el pueblo lenca, es que es firme y determinado en su lucha y no va a descansar a pesar de las represalias de la élite empresarial.
El activista denunció que las élites gozan de impunidad, pero el Copinh espera que con los nuevos fiscales, el pueblo hondureño tome un camino de justicia y los reclamos no se queden en meras exposiciones.
Méndez pidió que pueblo se una a la lucha por la justicia, ya que no es sólo del Copinh y la familia de Berta Cáceres.
Por otra parte, Selvin Milla, también del Copinh, manifestó que hablarán con el Ministerio Público, que lleva muchos casos de violaciones de derechos humanos y crímenes.
“No vamos a tolerar las violaciones contra nuestro pueblo”, dijo Milla sobre el requerimiento fiscal contra uno de los actores intelectuales, quien es culpable, afirmó.
«Lo hemos sabido los pueblos desde hace mucho tiempo y lo replican las consignas en las calles las y los estudiantes, los compañeros campesinos y el pueblo en general se dio cuenta de que son los Atala”, manifestó.
Milla agregó que esperan que se tramite la captura de Daniel Atala. Lo acusó de haber financiado directamente el asesinato de la ambientalista debido a sus palabras de odio hacia los pueblos originarios.
En relación con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, Milla dijo que está inhabilitado, pero quedó abierto, ya que el Estado todavía lo tiene asignado y lo puede reactivar en cualquier momento.
Según el activista del Copinh, la justicia en Honduras funciona según los intereses y casi siempre tiene que ser sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por asesinatos emblemáticos, por muertes que no deberían suceder porque el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos, en especial los más vulnerables.
