Las agresiones a las disidencias sexuales se intensificaron en 2024. Sólo en enero se registró más del 50% de asesinatos contra esta comunidad
Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. Las violaciones de derechos humanos en Honduras siguen en constante aumento en 2024, en especial contra grupos vulnerables como la población LGBTIQ+.
Para informar sobre este tipo de agresiones, la Unidad de Vigilancia KAI presentó el séptimo boletín sobre derechos humanos y discriminación hacia esta población vulnerable en Honduras de enero a abril de 2024.
El boletín parte de la sistematización de cuatro pilares del observatorio de violencia contra personas LGTBIQ+ de Honduras con el fin de visibilizar y denunciar ante la comunidad nacional e internacional el contexto de violencia, estigma y discriminación en el país.
La unidad está integrada por la Asociación Kukulcán, Grupo Generación Trans Awilix y la Asociación Lésbico Bisexual Transfeminista Ixchel.
Además está formada por la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI SOMOS CDC, Colectivo Unidad Color Rosa y la Organización Pro Unión Ceibeña (Oprouce).
Levantan cadáveres, pero no investigan
Según los datos, este año se han cometido siete asesinatos, principalmente de hombres gay. Entretanto, de 2004 al 2023 se produjeron 518 muertes violentas de personas LGBTIQ+.
Por otra parte, han muerto violentamente cinco hombres gay, una mujer bisexual y un hombre de quien no se pudo determinar su orientación sexual.
Estas siete muertes violentas se registraron en los siguientes rangos de edad: dos de 18 a 35 años, uno de 36 a 40, tres de 41 a 50 años y uno de edad indeterminada.
Según el informe, los departamentos que encabezan estas cifras violentas son Francisco Morazán y Cortés, ambos con dos, otros dos en Cortés, uno en Copán, otro en Choluteca y uno más en Olancho.
La mayoría de estas muertes violentas han ocurrido en la vía pública: una en negocio propio, otra en casa de habitación y una más en un lugar todavía indeterminado.
Asimismo, cuatro de los asesinatos tuvieron lugar en enero, dos en febrero y uno en marzo.
Las muertes violentas en su mayoría fueron perpetradas con armas de fuego y golpes. Además, en ningún caso se han llevado a cabo procesos investigativos, sino solamente levantamientos de cadáveres.
Por otro lado, en 2024 se han registrado 76 casos de violencia generalizada contra la comunidad LGBTI+ y ha habido 392 casos de 2022 al 2023.
La mayoría de estas acciones violentas se cometieron contra hombres gay, con 20 casos, seguidos por 14 mujeres, dos lesbianas, tres hombres bisexuales y 37 personas LGBTI+ de quienes no se logró determinar la orientación sexual o identidad de género.
La violencia generalizada es toda acción de violencia, estigma, discriminación y violación de derechos humanos que atente contra la vida e integridad psíquica, moral y física de las personas, ejercida desde la sociedad y del Estado, en el contexto de la protección de derechos humanos de las personas LGBTI+.
Muchos de estos casos ocurrieron en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán. Este último es el que registra más incidentes, con un total de 39 sólo este año. También se presentaron siete en Cortés, seis en Atlántida, seis en El Paraíso, cuatro en Valle, tres en Intibucá, dos en Ocotepeque, dos en Copán, uno en Colón, uno en Comayagua, uno en Santa Bárbara y cuatro casos donde no se determinó el departamento.
Según los rangos de edad, tres se encuentran entre los 10 y 17 años; 23 entre 18 y 30; 31 tienen de 31 a 40; 5 entre 41 y 50; 6 que van de 51 a 60 años; 1 de 60 años y más y siete de edad indeterminada.
Hombres gay, los más violentados
En lo que toca al trabajo de las organizaciones, de 2022 al 2023 asistieron a 75 personas LGTBI+ refugiadas en el extranjero y registradas del 10 de enero a marzo de 2024.
Las personas refugiadas son todas aquellas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y protección están definidas por el derecho internacional y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que las vidas y sus libertades corran riesgo.
De las 10 personas que solicitaron asistencia para legalizar su situación migratoria, seis son mujeres lesbianas y 4 son hombres gay en los siguientes rangos de edad: 7 de 18 a 30 años y 3 de 31 a 40 años.
En cuanto a los motivos por los cuales las personas LGBTI+ solicitaron asistencia, en su mayoría se trató de discriminación. La unidad reveló dos casos por amenazas, uno por agresión física y otro debido a la extorsión. Los países desde donde se solicitó la asistencia son México, con cinco, Estados Unidos, cuatro, y España con uno.
Asimismo, la Unidad KAI señaló que quienes sufren mayor grado de violencia son los hombres gay, ya que el boletín registra de enero a marzo los asesinatos de cinco, seguidos por una mujer bisexual y una persona indeterminada.
La Unidad aclaró que un caso indeterminado se presenta cuando el ministerio señala que la persona asesinada es de la población LGTBI, pero no menciona su orientación cuando no es posible determinarla.
En lo que se refiere a la migración impulsada por las violencias, el boletín señala que los hombres gay son quienes más migran porque sufren más violencia, pero también porque son una población más grande.
La religión aumenta la violencia
Lucía Barrientos, directora de la Asociación Lésbico Bisexual Transfeminista, manifestó que algunas personas han sido violentadas físicamente y psicológicamente, mientras que otras han padecido violencia intrafamiliar.
Agregó que esto se debe a muchos factores sociales e internos y al profundo efecto de la religión.
“Hay agresividad hacia nuestra población por los dogmas religiosos. Eso genera bastante repudio en un montón de aspectos y entonces se incrementa la violencia”, manifestó.
Barrientos recomendó tratar el tema desde el punto de vista judicial y que las penas sean tangibles para que los crímenes se reduzcan. Asimismo, aconsejó practicar protocolos de atención para reducir el estigma y la discriminación.
Alertó que las muertes violentas continúan siendo alarmantes porque no hay un avance durante este periodo. Por esa razón, se repiten las conclusiones y recomendaciones a las instancias que dan seguridad y garantizan los derechos.
Dany Montecinos, coordinador técnico del observatorio KAI, indicó que es urgente seguir las recomendaciones y crear políticas para prevenir la violencia contra la población LGBTIQ+.
Asimismo, manifestó que todo esto no significa que no se esté haciendo nada; sin embargo, la mayoría de los casos se quedan en investigación, lo cual alimenta la impunidad en procesos judiciales relacionados con personas pertenecientes a este sector vulnerable.
