Por Lissy Serén
Tela, Atlántida. Miembros de la comunidad garífuna hondureña y organizaciones campesinas se plantaron ayer en la carretera CA-13, cerca de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida. Durante el plantón exigieron la inmediata liberación de sus «hermanos» detenidos y procesados acusados por la presunta usurpación de tierras.
La resistencia garífuna, liderada por la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), se atrincheró en la vía pública. La acompañaron otras instancias de sociedad civil defensoras de derechos humanos.
Ayer mismo, el Poder Judicial comenzó las audiencias a los imputados de la comunidad garífuna que fueron detenidos recientemente, después de un desalojo en la comunidad de San Juan.
El pueblo garífuna ha establecido dos campamentos o zonas de recuperación en San Juan y en Tornabé. Esta acción ha reavivado la disputa con empresarios y agricultores, quienes alegan tener títulos de esas tierras.
El pueblo garífuna cuestionó ayer la indiferencia de los diputados de Atlántida, especialmente los que dicen pertenecer a esta misma etnia. «Alfonso Ordóñez, David Manaiza, Remberto Zavala, Johana Bermúdez y otros diputados que dicen que son garífunas nos han dejado solos en nuestras luchas. Queremos que se hagan efectivas las sentencias a nuestro favor», dijo una manifestante.
Las dos caras de la moneda
Los conductores afectados por el plantón garífuna lamentaron que el Gobierno actual y la municipalidad de Tela no tuvieran la capacidad ni voluntad política para atender la demanda de los pueblos originarios.
«Ellos reclaman sus derechos, pero afectan los míos, yo soy hondureña también y vengo desde San Pedro Sula, de viaje para La Ceiba, pero no podemos transitar. Las autoridades y los líderes garífunas, también los empresarios y agricultores, ya habían instalado mesas de diálogo para cumplir con todos los asuntos legales pendientes«, dijo una conductora.
Miembros de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Tela (AGAT) pidieron al Gobierno «revisar las dos caras de la moneda», ya que este conflicto de tierras ha afectado la producción.
La población garífuna de Tornabé denunció además que la Fiscalía de las Etnias en Tela se mantiene indiferente a los recientes hechos en los que hombres armados llegaron al plantón en Tornabé.
El pueblo garífuna ampara sus reclamos y acciones de recuperación de tierras en dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a su favor y en contra del Estado de Honduras, por violentar el derecho a la propiedad colectiva en Triunfo de la Cruz y San Juan.
¿Qué pasa con el pueblo garífuna de Honduras?
Durante una conferencia de prensa convocada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el abogado Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó que la defensa presentó ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, en San Pedro Sula, una excepción por falta de acción para solicitar el cierre definitivo del proceso contra cinco personas defensoras garífunas.
La solicitud se fundamenta en dos argumentos principales. En primer lugar, la inaplicabilidad del Decreto No. 107-2026, conocido como Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Turismo y Ganadería. En segundo lugar, las pruebas registrales que, según la defensa, demuestran que el territorio en disputa forma parte del territorio ancestral reconocido a la comunidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un territorio reconocido por la Corte IDH
El abogado Edy Tábora explicó que la sentencia emitida por la Corte Interamericana incluye un mapa donde se reconoce un polígono de aproximadamente 700 hectáreas perteneciente a la comunidad garífuna de San Juan. Dentro de ese territorio se encuentran las nueve manzanas donde ocurrió el desalojo.
Según la investigación realizada por el equipo jurídico, la empresa Promotur sustentó su reclamación con una certificación del Instituto de la Propiedad. Sin embargo, al revisar el historial registral y los libros físicos, la defensa concluyó que el documento no acredita un derecho de propiedad, sino un dominio útil en arrendamiento, es decir, un derecho de uso temporal sobre el terreno.
«Cuando existe un arrendamiento, la titularidad nunca deja de pertenecer al propietario original. En este caso, el territorio sigue siendo de la comunidad garífuna», afirmó el abogado durante la conferencia.
Para la defensa, esta información pudo ser verificada fácilmente por las autoridades antes de ejecutar el desalojo, pero sostienen que fue omitida durante la investigación realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Otro de los argumentos presentados es que el requerimiento fiscal invocó el Decreto No. 107-2026 para justificar el desalojo preventivo y las acciones penales.
Sin embargo, Tábora señaló que la propia normativa establece que sus disposiciones no son aplicables a territorios indígenas y afrodescendientes, por lo que considera que el proceso judicial carece de sustento legal desde su origen.
«El Ministerio Público no tenía competencia para promover esta causa. Lo que corresponde es declarar la inaplicabilidad de la ley y ordenar el cierre definitivo del expediente», expresó.
Denuncian criminalización de la defensa territorial
La Ofraneh denunció además que el traslado del expediente a los juzgados con competencia en criminalidad organizada representa una nueva forma de criminalizar a quienes defienden el territorio ancestral.
En un comunicado difundido durante la conferencia, la organización señaló que el Estado hondureño continúa incumpliendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y utilizando el sistema de justicia para perseguir a las comunidades garífunas que reclaman sus derechos territoriales.
Asimismo, hicieron un llamado al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que designe un juez imparcial que conozca el caso y garantice el respeto al debido proceso.
La defensa del territorio continúa
Mientras esperan la resolución judicial, la comunidad de San Juan mantiene su organización y el acompañamiento de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, de derechos humanos y sectores solidarios.
Para las familias garífunas, la defensa del territorio no se limita a un litigio legal: representa la protección de un espacio ancestral donde se sostiene su historia, su cultura y su forma de vida.
Con la presentación de estas pruebas, esperan que el Poder Judicial reconozca la improcedencia del proceso penal, cierre definitivamente la causa contra las cinco personas defensoras y garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Honduras en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda, denunció que el Juzgado de San Pedro Sula no resolvió las acciones legales presentadas ayer al argumentar que no había jueces disponibles. La lideresa señaló que esta situación refleja el «racismo institucionalizado» en el sistema de justicia y exigió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, asumir su responsabilidad.
El Gobierno de la República se mantiene indiferente ante esta problemática. Ni el Instituto Nacional Agrario (INA) ni el Instituto de la Propiedad (IP) se han pronunciado sobre la legitimidad de los títulos.
De igual manera, la Municipalidad de Tela, Atlántida, tampoco se ha pronunciado sobre esta crisis territorial que tiene enfrentadas a varias familias hondureñas.
