El caso de los cinco jóvenes asesinados en Tegucigalpa subraya los persistentes problemas de seguridad y derechos humanos en Honduras, donde la violencia y la impunidad son desafíos significativos
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Ser joven en Honduras y querer salir adelante no es fácil. Algo que debería ser el camino normal de la vida es, para un joven hondureño, un sueño casi imposible de alcanzar. La escasez de oportunidades de empleo y estudios, el incremento en la violencia y la falta de seguridad son sólo tres de los obstáculos que enfrentan día a día nuestros jóvenes.
El pasado domingo 23 de junio del 2024, Roger Alberto Coleman Dempster (24 años), Annie Rachel Villatoro (30 años), Elvin Josías Valladares Galindo (20 años), Alejandro Enrique Aceituno Antúnez (26 años) y Kenneth Gabriel Cruz Banegas (20 años), cinco jóvenes llenos de ilusiones, desaparecieron mientras realizaban una mudanza desde la residencial Honduras, en Tegucigalpa, a la colonia Mirador de Oriente, en la salida a Danlí.
Los familiares avisaron a las autoridades con la esperanza de que esclarecieran el caso. Pasaron los días y la lentitud y la falta de soluciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) provocaron la desesperación de las familias, quienes se presentaron a las oficinas de la DPI y exigieron respuestas.
El viernes 28 de junio, el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, reveló que, el lunes 24, tres hombres y dos mujeres, miembros de la Pandilla 18, identificados como Luis Alfredo Chirinos (34), Carlos Humberto Sánchez García (24), José Arturo Hernández Rodríguez (30), Elva Dolores Irías (23) y Digna Raquel Juárez Salgado (20), fueron capturados en la zona donde se produjo la desaparición de los jóvenes. A los arrestados se les encontró un celular propiedad de uno de los desaparecidos y las llaves del vehículo en que realizaban la mudanza, pero que esto se había mantenido en secreto para no dañar las investigaciones.
El “secreto” no sirvió para nada. La noche del viernes 28, las autoridades hondureñas confirmaron el hallazgo de los cadáveres de cuatro de los desaparecidos en una zona montañosa de difícil acceso en Tatumbla. La tarde del domingo 30 comunicaron que habían encontrado al quinto joven.
Secreto, ¿útil para quién?
El caso de los cinco jóvenes asesinados subraya los persistentes problemas de seguridad y derechos humanos en Honduras, donde la violencia y la impunidad continúan siendo desafíos significativos.
Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), denunció que desde el lunes la policía sabía del paradero de los cinco jóvenes asesinados, pero que decidió no divulgar la información para no opacar el Foro de Sao Paulo y la conmemoración de los 15 años del golpe de Estado. Sin embargo, estas declaraciones, según el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, buscan causar dolor y saña en las familias dolientes.
El número de raptos en Honduras es inquietante. La directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-UNAH), Migdonia Ayestas, informó que más de 200 hondureños han sido reportados como desaparecidos en lo que va del 2024. Durante el mes de junio se registró un récord de 30 personas desaparecidas en Honduras, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Honduras necesita que alguien se preocupe por la alarmante situación de los derechos humanos. Se deben tomar medidas efectivas para proteger a la población y garantizar la rendición de cuentas en casos de violencia y desapariciones, especialmente de jóvenes. Recordemos que el pasado 17 de junio desaparecieron 14 jóvenes en Tela, Atlántida, de los cuales la Policía aún no ha dado respuesta.
