Sigue el régimen de excepción en El Salvador. Organizaciones denuncian que el “modelo Bukele” de seguridad deja detenciones arbitrarias y abusos contra los derechos humanos
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. La preocupante situación de abusos y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales en El Salvador desde marzo de 2022 reveló Cristosal. La organización analizó el régimen de excepción en el país centroamericano el 23 de julio en su informe La realidad detrás del “modelo Bukele” de seguridad.
En El Salvador se han documentado casos de tortura, muertes y fallas en la justicia, exponiendo prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta investigación enfatiza la necesidad urgente de justicia y rendición de cuentas. Se suma de ese modo a los llamados internacionales para una revisión inmediata de las políticas de seguridad que afectan de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables y resultan en detenciones masivas y condiciones inhumanas en las cárceles.
Van 265 muertes
El informe destaca el impacto desproporcionado del régimen de excepción en poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres, niños y personas con discapacidades. Se documentaron casos de violencia sexual, falta de acceso a atención médica adecuada y condiciones insalubres en las cárceles. Mujeres embarazadas detenidas han tenido un acceso limitado a la atención prenatal, lo que ha resultado en la muerte de recién nacidos en algunos casos.
Hasta abril de 2024, Cristosal verificó la muerte de cuatro niños/niñas, 244 hombres y 17 mujeres, para un total de 265 víctimas. Asimismo, investigó el uso abusivo de la fuerza, así como torturas y tratos inhumanos que han provocado la muerte de muchas de estas personas.
El gobierno de Nayib Bukele promueve el archivo de las investigaciones penales y no informa a los familiares sobre las circunstancias y causas de estas muertes. Se estima que al menos 62,022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años podrían haber sufrido una modalidad de abandono. Por otra parte, 176 hijos e hijas de personas detenidas quedaron en orfandad por la muerte de su madre o padre.
El informe revela que al 97.2% de las personas detenidas se les relacionó con agrupaciones ilícitas mientras que a 34 (2.8%) se les imputaron otros delitos. Sin embargo, a ninguna de ellas se le imputó homicidio, lesiones agravadas o violación sexual. Solamente 150 fueron señaladas por poseer tatuajes (12.7%). Únicamente a 54 personas detenidas (4.5%) se les atribuyó de forma preliminar que sus tatuajes eran alusivos a pandillas.
Favorecen la represión
El análisis de Cristosal también expone que hasta ahora no ha habido condenas para adultos detenidos bajo el régimen de excepción. Esa situación pone en entredicho la eficacia de estas medidas en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas. A pesar de las detenciones masivas, las estructuras criminales no han sido desmanteladas y los principales responsables siguen sin ser procesados.
Además, el informe señala que las reformas legales implementadas durante el régimen de excepción han debilitado significativamente el control judicial y las garantías constitucionales. Las autoridades judiciales y legislativas han sido acusadas de complicidad con el Ejecutivo. Esa acción crea un sistema judicial que favorece la represión en lugar de la justicia y la protección de los derechos humanos.
El Gobierno salvadoreño ha defendido el régimen de excepción como una medida necesaria para combatir el crimen y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos instan a una revisión urgente de estas políticas. Destacan además la necesidad de respetar los derechos humanos y garantizar procesos judiciales justos y transparentes.
En un contexto donde la población busca seguridad, las cifras y testimonios presentados en el informe ponen en duda la narrativa oficial. Además, llaman a una reflexión profunda sobre las verdaderas implicaciones de este régimen en la vida de miles de salvadoreños. En resumen, El Salvador enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
