Las disidencias sexuales de Honduras se reunieron para hablar de los resultados del programa “¡Nuestros derechos!” desde 2021 a 2024
Por Daniel Fonseca
Fotos de Aecid
Tegucigalpa, Honduras. Incidir en la realidad política y social para garantizar los derechos de las disidencias sexuales es el propósito principal del programa ¡Nuestros derechos!: organizaciones de la diversidad sexual incidiendo para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Honduras. La iniciativa presentó sus logros 2021-2024 en un evento al que llegaron representantes de las organizaciones de la disidencia sexual de Honduras.
¡Nuestros derechos! es un programa ejecutado desde 2021 por Somos CDC, Asociación Arcoíris, la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris y la Asociación de Mujeres Lesbianas y Bisexuales Litos. El financiamiento del proyecto procede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
5,760 personas beneficiadas
Entre los logros de ¡Nuestros derechos! resalta la organización de colectivos y asociaciones para realizar acciones de incidencia en conjunto.
Además, el programa ha mejorado la opinión pública sobre los derechos de las personas LGTBI en Honduras. Asimismo, continúa consolidando herramientas de seguimiento de la situación de derechos humanos de la población LGTBIQ+ y ejerciendo el litigio estratégico para conseguir sentencias judiciales que protejan los derechos de esta población.
Por otra parte, la iniciativa ha beneficiado a 5,760 personas LGBTIQ+ y alcanzado a más de dos mil tomadores de decisiones.
Reconocimiento de identidad trans, cada vez más cerca
Grecia O’Hara, activista trans y oficial de comunicaciones de Somos CDC, habló sobre los mayores logros de ¡Nuestros derechos! Entre los resultados, mencionó el avance en el protocolo para el reconocimiento de la identidad de género a través del cambio de nombre en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
“Uno de nuestros logros ha sido el seguimiento a este protocolo que es casi una realidad, de acuerdo con los medios de comunicación y el Registro Nacional de las Personas en los últimos días. Eso va a significar un hecho histórico. Qué mejor que haber sido parte de este proceso”, dijo O’Hara a Reportar sin Miedo.
El protocolo para el cambio de nombre de las personas trans responde al cumplimiento de una sentencia internacional. La resolución encontró al Estado hondureño culpable del asesinato de Vicky Hernández, mujer trans asesinada por las fuerzas de seguridad del Estado el 28 de junio de 2009.
La sentencia obliga al Estado a una serie de reparaciones para la comunidad LGTBIQ+ de Honduras, específicamente para la población trans. Según manifestaron autoridades del RNP a medios nacionales, este protocolo lleva dos años en trabajo. De momento se encuentra en revisión por la Corte Suprema.
“La Procuraduría General de la República nos dijo que este protocolo es un hecho y que iba a estar listo en diciembre de este año para iniciar el próximo año”, dijo O’Hara. Explicó que la última versión de este protocolo que había sido socializado con las organizaciones seguía los parámetros y recomendaciones de la población LGTBIQ+ hondureña.
Litigios estratégicos para avanzar los derechos LGTBIQ+
En el evento se destacó la importancia de los litigios estratégicos en temas de interés para la población diversa en Honduras. El programa ¡Nuestros derechos! reportó haber realizado 47 acciones de litigio estratégico entre 2021 y lo que va del 2024. Estas acciones comprenden solicitudes ante el Registro Nacional de las Personas, recursos de inconstitucionalidad contra leyes que violenten sus derechos, recursos de amparo y peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la protección de los derechos LGTBIQ+ y el acceso a la justicia.
Entre estos casos se destaca una petición a la CIDH para que escale a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) un caso que señala al Estado de Honduras por violentar los derechos de las personas LGTBIQ+ de celebrar uniones civiles.
“Este litigio lo hacemos con el enfoque de que no solo es el derecho al matrimonio el que sea violentado, sino que también otros derechos. Por ejemplo a una vivienda, a fondos de pensiones. El objetivo del litigio es la restitución de derechos de todas estas personas”, explicó la abogada Daniela Mondragón, asesora legal de Somos CDC.
Según la abogada, el caso se encuentra en una etapa de elaboración del informe de admisibilidad. Este paso se da antes de llevar el caso ante la Corte-IDH. Si fuera admitido, una condena podría obligar a Honduras a reformar el artículo 112 de la Constitución que prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo.
