Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras, encabezado por Nasry Asfura, designó como «terroristas» a tres organizaciones criminales con presencia en Centroamérica. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, hizo el anuncio el sábado 19 de septiembre de 2026. Zambrano forma parte de una comisión integrada por el Ejército, la Policía, fiscales y funcionarios del Gobierno.
El presidente del Legislativo no quiso decir cuáles son los tres grupos porque se van «a emprender diferentes acciones» de manera sorpresiva contra ellos. En Honduras operan pandillas como la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, a las que se relaciona con el narcotráfico y con la alta tasa de homicidios del país: 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces más que el promedio mundial.
Estos grupos también operan en Guatemala y en menor medida en El Salvador, y ya son considerados «terroristas» por Estados Unidos.
¿Qué significa esta medida?
Según Zambrano, la declaratoria va a ampliar las facultades de las autoridades para actuar «de inmediato» contra estos grupos. El Congreso espera aprobar una reforma legal para recluir a los pandilleros en prisiones de alta seguridad, aunque no estén condenados. Asimismo, busca restringir al máximo la comunicación en las cárceles y crear un grupo de fiscales y jueces especiales.
«Van a ser perseguidos de lunes a domingo, todos los días del año y a cualquier hora», afirmó Zambrano.
Al respecto, Omar Menjívar advirtió a Radio Progreso: «Es derecho penal del enemigo». En entrevista con Radio Progreso, el abogado penalista Omar Menjívar explicó de manera sencilla por qué estas medidas son peligrosas.
Medidas simbólicas no resuelven el problema
Menjívar señala que este tipo de reformas «no van a la esencia o a la sustancia del problema». Son más bien de carácter simbólico: pretenden enviar un mensaje de «aparente determinación y contundencia» del Estado contra el crimen, pero en la práctica no logran resultados concretos.
«En la práctica, mientras tengamos una organización policial deficiente, un desempeño en la investigación criminal en precario, deficiencias técnico-profesionales en el Ministerio Público, pero sobre todo mientras mantengamos la corrupción de las instituciones encargadas de investigar y perseguir el delito, muy pocos avances tendremos», advirtió.
Lo que sí habrá, dice, es «despliegue publicitario» y «show mediático», pero no resultados que vayan al corazón del problema.
Se abre la puerta a la arbitrariedad y al abuso
Menjívar fue claro: «Esa reforma lo que hace es abrir una puerta a la arbitrariedad, al abuso, a la violación de derechos, porque se está pretendiendo simplemente ampliar las facultades discrecionales de la policía y reducir la esfera de derechos de todos».
Es «derecho penal del enemigo»
El abogado explica que estas medidas son características de lo que en la doctrina se llama «derecho penal del enemigo». En esta lógica, a la persona considerada enemiga «no se le reconocen derechos».
Menjívar cita al autor alemán Günther Jakobs, padre de esta doctrina, para quien a un delincuente considerado enemigo de la sociedad «no se le pueden reconocer más derechos que los que podrían reconocérsele a una res».
Nadie está a salvo de que lo declaren terrorista
La pregunta clave que plantea Menjívar es: «¿Quién le va a impedir a la autoridad administrativa decir que alguien que sea disidente de las políticas de Estado, alguien que defienda derechos, alguien que defienda el territorio, sea declarado terrorista?»
Si eso pasa, esa persona «pasa a ser tratada entonces como una res, con los derechos que se le puedan reconocer a una res».
Un contexto preocupante
Menjívar señala que esta determinación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se toma justamente en un momento en el que diferentes organizaciones, la ciudadanía y la comunidad garífuna se están organizando para rechazar las actuaciones del actual gobierno.
«Ya estamos viendo manifestaciones que están ocurriendo cada fin de semana en las ciudades principales del país», dice. Y advierte: «Estas determinaciones lo que hacen es ponernos en riesgo a todos los que de cierto modo expresemos disidencia con el gobierno».
Reformas antidemocráticas no resuelven nada
«Son determinaciones, son reformas antidemocráticas, son determinaciones que atentan contra la esencia del Estado de derecho y, sobre todo, lo más grave, es que no resuelven el problema de fondo. El problema que supuestamente van a atacar permanece intacto», concluye Menjívar.
