“Próspera como ZEDE no existe. Nunca fue aprobada por el Congreso Nacional, el decreto de creación nunca fue publicado en La Gaceta”, afirmó Joaquín Mejía
Por Gabriela Mejía
Tegucigalpa, Honduras. El pasado 20 de septiembre, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sostuvo una sesión en la que se votó por mayoría para declarar inconstitucionales el Decreto 236-2012 y el Decreto 120-2013 que no solo regulaban la creación y funcionamiento de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), sino que también reformaban los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República. Esto ha generado una diversidad de opiniones y reacciones.
La resolución del pleno de la CSJ fue unánime al destacar que las ZEDE contravienen artículos pétreos y esenciales de la Constitución de la República, aunque con diferencias en cuanto a las implicaciones jurídicas; ocho votaron a favor del efecto ex tunc, es decir, anularlas desde su origen, mientras los siete restantes dieron su fallo a favor del efecto ex nunc, con carácter derogatorio desde la fecha de sentencia.
📢 COMUNICADO: #OACNUDH considera que la declaratoria de inconstitucionalidad de las ZEDE es acorde con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. pic.twitter.com/6XVhiS03xp
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) September 27, 2024
En la sesión plenaria participaron diez magistrados propietarios de manera presencial: la presidenta Rebeca Lizette Ráquel Obando, Mario Rolando Díaz, Gaudy Alejandra Bustillo, Walter Miranda Sabio, Milton Jiménez Puerto, Rubenia Esperanza Galeano; de manera virtual, las magistradas Anny Belinda Ochoa, Odalis Aleyda Nájera y los magistrados Roy Pineda Castro y Nelson Danilo Mairena.
La integración fue completada por los magistrados integrantes permanentes José Ricardo Pineda, Marvin Rigoberto Espinal, Felipe René Speer, Luis Alonso Discua y Aída Patricia Martínez. Estos últimos cinco sustituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que, por mandato de ley, no pueden conocer en Suprema Corte el mismo recurso de inconstitucionalidad discutido en la sala.
“El fallo correspondiente que emanará de esta decisión llevará implícito en su contenido un apartado que contiene tanto la fundamentación y argumentación del voto minoritario, como Ios alcances de la decisión a fin de responder a todos los sectores que tienen algún tipo de interés en la materia a fin de garantizar la seguridad jurídica para todos los sectores”, indica la nota de prensa publicada el 20 de septiembre de 2024 en el portal del Poder Judicial.
Hasta la fecha, son tres las ZEDE que se instalaron en el país: Próspera en Roatán, Islas de la Bahía, cuyos fundadores planificaron extenderse en tierra firme; Ciudad Morazán, ubicada en Choloma, Cortés, y Orquídea, que se encuentra en San Marcos de Colón, Choluteca.
¿Qué sigue?
Según el abogado Joaquín Mejía Rivera, experto en derecho constitucional, después de esta decisión, a las autoridades hondureñas les queda poner en claro a las ZEDE y que se resuelva jurídicamente y en la práctica lo que están haciendo las ZEDE en sus terrenos. Además solicitarán toda la documentación legal que han ido adquiriendo a lo largo de los años, desde licencias ambientales hasta permisos municipales, toda aquella documentación que una inversión tiene.
En el caso de Próspera, el abogado Rivera asegura que ”es una inversión que se debe proteger, pero no es una ZEDE. Hay que recordar que ellos no cumplieron con el requisito para ser una ZEDE porque nunca fue aprobada por el Congreso Nacional, como lo exige la Constitución de la República. Nunca fue aprobada por una mayoría calificada, es decir, 86 personas diputadas. El decreto de creación nunca fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Entonces, Próspera como ZEDE no existe, no está protegida ni siquiera por la antigua ley ZEDE”.
Es por ello que lo adecuado sería que el Gobierno de la República, junto a las autoridades competentes, revisen la constitución de este proyecto para cerciorarse de que está actuando de conformidad con las demás leyes nacionales y, obviamente, si es necesario, cerrar operaciones. Este es un trabajo de todas las autoridades vinculadas con este tema, agregó Mejía Rivera.
El experto en derecho constitucional expresó que el Gobierno, a través de la Procuraduría General de la República, ya ha tenido acercamientos con las ZEDE para darles una alternativa para que puedan formar parte o ser protegidas por otro régimen legal, por ejemplo, como a los que pertenecen las zonas libres. Pero los empresarios solo han dado negativas a las propuestas de esta administración.
En resumen, expresó el abogado, a nivel interno, lo que queda es regular las ZEDE, ver qué están cumpliendo y qué no están cumpliendo de acuerdo con las demás leyes nacionales. En segundo lugar, es necesario continuar con el proceso de defensa del Estado ante el Ciadi. En esto, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es de suma importancia, principalmente por los fundamentos contenidos en el documento.
Al consultarle acerca del delito de traición a la patria, tema que se ha mencionado en redes sociales por la población, asociándolo con una pena de cárcel, Mejía Rivera respondió que ”de acuerdo con el artículo 375, primero, es que el Congreso Nacional por mayoría absoluta puede incautar, en todo o en parte, los bienes de todas estas personas para hacerse cargo de los daños económicos provocados al Estado. Pero para ello se requiere mayoría absoluta y en ese sentido se requiere el voto de diputados de todos los partidos. Ahí veríamos quién es quién, y quién realmente está a favor de los intereses del pueblo hondureño”.
Por otro lado, el Ministerio Público tiene que iniciar las investigaciones del caso por el delito, que es grave y está mencionado en la Constitución de la República. También la PGR debe actuar, con las acciones de repetición, que es una figura constitucional para que pueda demandar a todas las personas vinculadas con este daño que le han hecho al país, con el objetivo de que con sus bienes y con sus salarios puedan pagar las consecuencias económicas que tiene para el Estado. “Pero con todo esto que está clara la ruta, lo que se requiere es voluntad política y eso es lo que vamos a ver ahora”, enfatizó Mejía.
