“Es urgente proteger a los defensores en el Valle del Aguán”, dijo Andrea Pochak, de la CIDH
Por Nazareth Gómez
Fotos de Radio Progreso
Tegucigalpa, Honduras. Debido a los graves riesgos enfrentados por defensores de derechos humanos y ambientalistas en el Valle del Aguán, una comitiva supervisó la implementación de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así, la comisionada Andrea Pochak, representante de la CIDH, visitó Honduras, donde brindó una entrevista a Radio Progreso en la que detalló las acciones de la CIDH para monitorear la situación de derechos humanos en el Aguán, específicamente en el municipio de Tocoa, norte del país.
“El riesgo se mantiene”
La delegación de la CIDH tuvo reuniones con autoridades nacionales y locales, así como con miembros de las comunidades beneficiarias de estas medidas.
Uno de los principales temas tratados fue la situación de las medidas cautelares otorgadas a activistas del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y de la Plataforma Agraria.
Pochak enfatizó la importancia de estos mecanismos de protección, a pesar de las deficiencias en su implementación.
“El riesgo se mantiene y hemos advertido con mucha crudeza el impacto que sigue teniendo la reciente muerte de Juan López”, indicó Pochak.
En estos términos se refirió al asesinato de un líder ambientalista de la zona que evidenció los riesgos de los defensores a quienes supuestamente protegen estas medidas.
La CIDH señaló la preocupación por la presencia de grupos armados y paramilitares en la región que siguen generando temor en las comunidades locales.
Pochak destacó la “dicotomía entre los compromisos asumidos por las altas autoridades del gobierno y la situación que se vive en Tocoa”.
Además, la experta señaló que, aunque el Gobierno hondureño ha manifestado disposición para implementar medidas de protección, en la práctica estas no se aplican adecuadamente.
De hecho, según Pochak, las comunidades siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad, con temor constante de las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.
La seguridad depende del Estado
En el caso de la medida cautelar otorgada en 2023 al Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, la CIDH observa el asesinato del defensor Juan López como una señal de la falta de efectividad en la implementación de estos mecanismos.
La comisionada explicó que la CIDH puede instar al Estado hondureño a implementar medidas de protección, pero no cuenta con capacidad para ejecutarlas directamente. Por ello, resalta la dependencia de la voluntad estatal para garantizar la seguridad de estas personas.
Durante su estancia, Polchak también se reunió con grupos de mujeres defensoras de derechos humanos de Guapinol. Durante los encuentros resaltó el rol fundamental que estas desempeñan en esta lucha.
La comisionada destacó que la defensa de estas mujeres va más allá de la resistencia, ya que está motivada por el amor a sus comunidades, el medio ambiente y sus familias. «Es una lucha basada en el amor por el río y por la naturaleza», expresó con admiración.
Finalmente, la CIDH hizo un llamado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección de Honduras, responsable de implementar las medidas de seguridad para defensores y periodistas.
El Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, recientemente designó un nuevo titular, con quien la CIDH buscará trabajar de manera más cercana para asegurar una protección efectiva en el país.
“Es urgente que el Estado provea recursos y agilice los trámites para aplicar medidas en situaciones de riesgo inminente”, subrayó Pochak.
