Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Combatir la violencia digital, especialmente la que afecta a mujeres, es la propuesta de la Ley Olimpia que diversas organizaciones presentaron esta semana.
Sociedad civil, activistas y mujeres representantes del Congreso Nacional lanzaron esta nueva iniciativa de lucha contra la violencia en redes sociales y plataformas digitales.
Iris Alas, promotora de esta iniciativa en Honduras, explicó que esta surgió en México luego de que una mujer llamada Olimpia fuera víctima de la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.
A partir de ese caso se impulsó una reforma legal para sancionar este tipo de conductas y reconocer la violencia digital como una forma de agresión.
Contra el acoso en línea
La iniciativa busca enfrentar uno de los problemas sociales que han surgido con el avance tecnológico: el uso de internet y redes sociales para agredir, acosar o difundir contenido íntimo sin autorización, señaló Alas.
Entre las formas de violencia digital mencionó el ciberbullying, el grooming y el doxing, que generan daños emocionales y psicológicos a las víctimas.
Según la promotora, uno de los principales problemas en el marco legal actual es que las sanciones contempladas son de seis meses a cuatro años de prisión.
Sin embargo, esto permite que muchas de estas penas sean conmutables. Esto significa que los agresores pueden evitar la cárcel mediante acuerdos judiciales o servicio social, situación que las organizaciones consideran injusta para las víctimas.
La clave: no ser parte del problema
Iris Alas hizo un llamado a la ciudadanía a reconocer que compartir, comentar o difundir discursos de odio contra víctimas de este tipo de violencia los convierte en parte del problema, al ampliar el alcance del contenido que causa daño.
La activista relató su propia experiencia como sobreviviente de violencia digital al medio Reportar Sin Miedo, En el año 2021, imágenes íntimas suyas fueron publicadas en un grupo de Telegram que contaba con más de 200,000 miembros. Según explicó, hackearon su correo electrónico y difundieron fotografías tomadas cuando era adolescente. Posteriormente recibió amenazas, intentos de extorsión y presiones para enviar más imágenes.
Tras hacer pública su situación en redes sociales, varias mujeres la contactaron con experiencias similares. En ese momento se documentaron más de 540 casos de mujeres que habían sido engañadas mediante falsas ofertas de trabajo a través de formularios en redes sociales para obtener sus credenciales de acceso y posteriormente difundir o vender su contenido en grupos digitales.
Cómo protegerse de la violencia digital
Según la promotora Iris Alas, hay herramientas digitales que pueden ayudar a las víctimas de violencia digital a protegerse cuando las extorsionan con la difusión de imágenes íntimas.
Señaló que una de estas herramientas es StopNCII. Esta plataforma permite generar una huella digital de las imágenes para impedir que se sigan difundiendo en internet y facilitar su eliminación en redes sociales participantes.
Asimismo, indicó que las personas que necesiten apoyo o información pueden comunicarse con su organización a través del correo hola@laciudadanohn.site. También pueden hacerlo mediante las redes sociales del movimiento Ley Olimpia Honduras, donde aparecen como Ley Olimpia HN o Ley Olimpia Honduras en Facebook.
Ataques contra la participación política
Jessica Sánchez, integrante del Observatorio Político de las Mujeres para la sociedad civil, explicó que la propuesta busca cubrir distintas expresiones de violencia digital contra las mujeres.
Desde el observatorio han identificado que parejas sentimentales o personas cercanas perpetran más del 75% de estos ataques, aunque también ocurren en contextos políticos.
Por otro lado, Sánchez señaló que la violencia digital se manifiesta mediante la manipulación de imágenes, creación de memes ofensivos o cuentas falsas que ridiculizan a mujeres en espacios públicos.
Según explicó, estos ataques buscan limitar la participación femenina en política o en otros ámbitos profesionales.
Desde el observatorio también se han identificado patrones de escalamiento de la violencia, que en algunos casos pasan de ataques digitales a violencia física.
Además, muchas mujeres que sufren este tipo de agresiones optan por abandonar la política o los espacios públicos debido al impacto psicológico.
Agresores no dan la cara
Durante el lanzamiento también participó la diputada del Partido Nacional Merari Díaz, quien expresó que el Congreso Nacional debe analizar y apoyar iniciativas que regulen las conductas de violencia digital.
La legisladora indicó que ya existe en el Congreso una iniciativa relacionada con la ciberseguridad que podría incorporar elementos similares a la Ley Olimpia.
Asimismo, señaló que es necesario establecer un marco legal que proteja la integridad, la imagen y la dignidad de las mujeres frente a ataques en redes sociales.
Díaz reconoció que las mujeres en la política enfrentan agresiones y amenazas constantes en plataformas digitales, muchas veces provenientes de perfiles anónimos. En su caso, afirmó haber presentado querellas ante la Corte Suprema por este tipo de ataques.
La diputada consideró que regular la violencia digital es importante para garantizar que más mujeres puedan participar en la vida política y pública sin temor a ataques o campañas de desprestigio.
Qué incluye la Ley Olimpia
Entre las medidas planteadas en la propuesta se incluye establecer una definición clara de violencia digital basada en género. Esta acción tiene el fin de reconocer y sancionar conductas promovidas mediante tecnologías que afectan la dignidad, la intimidad o la reputación de las mujeres en entornos digitales.
Asimismo, la ley propone crear mecanismos de denuncia rápidos y accesibles para las víctimas. Además desarrolla protocolos para la investigación y preservación de evidencia digital, a la vez que establece obligaciones de cooperación para las plataformas digitales.
Por último, la iniciativa plantea impulsar programas de alfabetización digital con enfoque de género. Además pretende fortalecer la capacitación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad en la atención de casos de violencia de género, así como reformar la legislación para proteger a las mujeres.
